Por Federico Salazar
Las instituciones no defienden el orden institucional.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ha pedido la renuncia en pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Uno de los consejeros del CNM, Aníbal Torres, ha respondido que el que debe renunciar es Villa Stein.
Todo empezó con la descalificación del examen del fiscal Avelino Guillén. La desaprobación y el malestar mostrado por el propio Guillén motivaron que muchos se preguntaran por los procesos de evaluación.
A eso siguió la denuncia sobre un pedido de soborno de parte de Efraín Anaya, consejero del CNM, al fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez. Las responsabilidades son personales. Un soborno es un ilícito que debe ser sancionado. En eso no debe pedirse renuncia, sino expulsión. Los exámenes son un tema distinto. Se desarrollan a través de una concesión. Eso levanta suspicacias.
Se ha descubierto que hubo dos notas en la prueba de Guillén, una en lápiz y otra en lapicero. El de Guillén, sin embargo, no fue el único caso. No hay, pues, prueba de arbitrariedad en contra del fiscal.
Más allá de lo que se pueda decir de los procesos de evaluación, llama la atención la facilidad con la que se pide renuncias.
Los encargados de resguardar nuestro orden institucional demuestran un desapego extremo en relación con el orden institucional.
El presidente del Poder Judicial debería pedir investigación, establecimiento de responsabilidades y sanciones. En cambio, ha exigido que los consejeros evalúen una renuncia en pleno “por una cuestión de conciencia”.
El consejero Aníbal Torres, por otro lado, tampoco puede pedir la renuncia de Villa Stein porque, según dice, el Poder Judicial no sanciona a los jueces corruptos. Si Torres tiene conocimiento de un caso concreto, debe exigir un proceso de acusación constitucional.
Las irregularidades y los ilícitos hay que encausarlos en las instancias señaladas. No hay que crear procedimientos nuevos ni apoyarnos en el escándalo para promover soluciones de cataclismo.
Hay que recurrir a la vía institucional por modesta y poco grandilocuente que parezca. Los casos personales deben someterse a la ley de todos. No podemos resolver ni por simpatías ni por antipatías personales.
Es paradójico que jueces, magistrados y congresistas tengan más disposición para reclamar renuncias que procesos formales. Llama la atención que recurran a la acusación de palabra antes que al planteamiento de una causa. Se trata de quienes con mayor razón deberían anteponer las instituciones a la alharaca.
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