Por Mirko Lauer
El diario Correo ha empezado una encomiable campaña contra un aspirante al Tribunal Constitucional, individuo de dudosa reputación. El centro de estudios IDL ha iniciado una contra otra figura similar. Que centros de opinión tan distantes uno del otro coincidan en este propósito nos está diciendo algo sobre lo peligroso de la situación.
El Perú se encuentra en medio de una guerra por avanzar en el saneamiento del sistema de justicia, y las batallas son persona por persona. Pues por algún motivo gente desacreditada viene sintiendo que esta es su hora para asumir puestos de poder, tanto por la vía electoral como por la de los nombramientos poco fiscalizados.
Un intento de descalificar dolosamente a un magistrado de reconocida probidad acaba de fracasar, y los destapes de inconductas de jueces y fiscales por el país se han vuelto casi cotidianos. Algunos asuntos se resuelven con las sanciones que corresponden, otros simplemente quedan en un limbo, esperando que los medios los olviden.
Mientras tanto la ciudadanía se ve obligada a confiar en este sistema de justicia, porque no cuenta con otro. Las empresas pueden ir a Indecopi, o pagarse los servicios de árbitros privados. Pero el común de los mortales tiene que pasar por el Poder Judicial, que funciona como una suerte de ruleta rusa de la justicia.
Los jueces probos viven en una permanente cruzada por defender su conducta, pero el balance que van arrojando los medios va en su contra. Este es uno de los factores que están animando a individuos avezados, politizados o incluso sancionados a tentar suerte para ocupar cargos de primera importancia en la justicia.
El fujimontesinismo empezó a entrar realmente en crisis cuando en el año 2000 el Banco Mundial canceló un importante préstamo para la reforma judicial, al constatar que eso no estaba llevando a ninguna parte. El país ya alojaba demasiada inversión extranjera y local como para arriesgarla en los manejos de una justicia deshonesta.
Todavía no hemos vuelto a esa situación, pero los intentos de copar el sistema de justicia están a la vista. Cosa serísima en un país bajo acoso del narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Los jueces que han soltado a narcos sin explicación alguna ya son numerosos. Uno más ha sido sancionado hace pocos días.
El proceso de designación de vocales del TC debe ser mucho más transparente, cuidadoso, demorado y exigente de lo que es ahora. De allí tiene que salir el ejemplo que se extienda a todo el sistema judicial. Los dos personajes denunciados por Correo y el IDL deben ser claramente puestos de lado por los encargados de la selección.
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