Cifras de una crisis

Manuel Burga

Hace dos semanas el proyecto de nueva ley universitaria fue técnicamente archivado en el Congreso, como otra muestra del desinterés por la educación nacional, sin embargo Mercedes Cabanillas, sin sonrojo, ni mueca alguna,  argumentó lo contrario, para su caso personal. ¿Cuán profunda en realidad es la crisis de la educación pública peruana? CAD, Ciudadanos al Día, acaba de publicar su Boletín electrónico 62, donde analiza a las universidades públicas.  Las cifras y gráficos que se exhiben desnudan una crisis que ya parece grave.  El total de universidades ha subido a 98: 35 públicas y 63 privadas. Las privadas representan el 64.3 del total de universidades, un récord en AL, quizá también en el mundo occidental.

Podríamos ahora decir que un alto porcentaje de los 22 mil docentes de las públicas trabajan en las privadas, como hacen los policías cuando fuera de sus horarios de trabajo prestan servicios de seguridad a bancos y empresas privadas.  Nadie podrá calcular esta dimensión del deterioro de la enseñanza universitaria, pero podemos suponer que es notable y degradante.  Aunque no podemos negar que los docentes también se benefician de esta anomalía, ya que así completan sus magros salarios, aunque sin duda alguna las privadas ganan más con muchos profesores baratos por horas.

El presupuesto de las universidades públicas, entre 2006 y 2010, ha pasado de 1665 a 2346 millones: un apreciable incremento del 41% en menos de cinco años, que se diluye cuando examinamos, por ejemplo, el presupuesto de San Marcos que ha pasado de 232 a 294 millones, reduciéndose el incremento al 20%, porcentaje que más bien refleja el cumplimiento parcial de la homologación. El otro 20% del incremento parece estar destinado a las universidades públicas nuevas.  Entonces, si descontamos la inflación de estos cuatro años, el incremento para la mayoría de las públicas simplemente desaparece.

Esta situación se vuelve preocupante cuando analizamos las partidas genéricas de cada presupuesto y constatamos que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para Gasto de Capital, incluyendo inversiones en infraestructura.  Esto convierte, indudablemente, a las universidades públicas en una suerte de cajeros automáticos de gente mal pagada.  El presupuesto de las universidades públicas, por otro lado, tiene dos fuentes de financiamiento: un 60% viene del Tesoro Público, un 30% son recursos propios y un 10% son donaciones, transferencias y canon.  Las oficinas de Economía y Tesorería de estas universidades en realidad manejan solo ese magro 20% del Tesoro Público, más sus recursos propios, el 80% el MEF lo deposita mensualmente en las tarjetas multirred de docentes y trabajadores. 

Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que las públicas no ejecutan  completamente sus presupuestos. Para el año 2009 hay solo cuatro universidades que gastaron todo.  Las 31 universidades restantes no lo pudieron hacer.  San Marcos, de nuevo, ejecutó el 92% de su presupuesto asignado; lo que podría parecer bien.  Pero si este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas tenemos que dejó de gastar 24 millones: con lo que hubiera podido construir dos facultades. 

Esta situación se vuelve dramática cuando constatamos que la UNSAAC de Cusco y la U. de Cajamarca, ricas en canon, han ejecutado solamente el 48 y 43%, respectivamente, de sus presupuestos 2009. Entonces, la crisis de la universidad pública ya grave cuando miramos la calidad académica, las gestiones erráticas, la ausencia de planes estratégicos y de investigaciones trascendentes, palidece cuando nos encontramos con burocracias universitarias ineficientes, lentas y probablemente corruptas. 

¿Le interesa acaso esta realidad a la anodina Comisión de Educación integrada por tontos útiles y por cómplices de los comerciantes de la educación superior universitaria en el país?