SOBRE BAGUA:CIQANTU - MARTIN TANAKA

Bagua: un año después

Martín Tanaka

Hace un año, el 9 de abril, se reinició la movilización de las organizaciones indígenas amazónicas, de agosto de 2008, en contra de varios de los 99 decretos legislativos expedidos para adecuarse al TLC con los EE.UU. Como recordamos, sus demandas no fueron atendidas oportunamente, y se llegó a los luctuosos sucesos del 5 de junio, después de los cuales se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 y se instalaron cuatro mesas de trabajo, de las cuales salió el cuestionado informe sobre los sucesos de Bagua, y están en una suerte de limbo la revisión de los otros DL cuestionados, reglamentar los mecanismos de consulta establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la implementación de iniciativas para el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. No parecemos haber aprendido las lecciones de estos trágicos sucesos.

Un año después, y mirando la actual conflictividad social, ¿qué podemos sacar en claro? Un primer tema que me parece importante resaltar es que, al analizar el proceso de redacción y negociación de los decretos, surge la imagen de un manejo gubernamental signado por el desorden, el apresuramiento, la improvisación, ahondado por el hecho de que quienes tuvieron que defender los decretos en abril y mayo de 2009 no eran los mismos ministros que los redactaron y aprobaron en junio de 2008. Es muy importante señalar que, en medio de esto, intereses particularistas logran hacer aprobar decisiones que no pasarían en un debate público abierto.

Mayor transparencia y debate público, involucramiento de los actores concernidos por las decisiones que se toman sigue siendo parte de la agenda pendiente, pertinente para varios otros casos (Inambari, p.e.).

Un segundo tema es el de la debilidad de nuestras instancias representativas, políticas y sociales. Es claro que en los sucesos de Bagua ni las autoridades municipales y regionales ni los congresistas de la región Amazonas cumplieron funciones de mediación o representación, por lo que la población percibió que solo tomando medidas de fuerza podrían hacer valer sus derechos, lo que es aprovechado por liderazgos irresponsables (contrastar con el papel del gobierno regional de Junín en las protestas de La Oroya, p.e.).

Al mismo tiempo, es claro que la posibilidad de tener procesos de diálogo y negociación institucionales y no violentos pasa por el fortalecimiento de organizaciones sociales representativas, no por jugar a la división y la satanización de las mismas. Solo organizaciones fuertes y responsables pueden evitar “desbordes” como los ocurridos en la ciudad de Bagua y los asesinatos de policías.

Finalmente, parece quedar claro que nuestra policía se halla atrapada entre quedar en la indefensión y ser víctima de operativos mal preparados, y la comisión de excesos en el reestablecimiento del orden, que dejan un terrible alto número de muertos y heridos, cuyas responsabilidades deben esclarecerse.

NUESTRA APRECIACIÓN SOBRE LOS SUCESOS DE BAGUA: A UN AÑO DEL MOVIMIENTO AMAZÓNICO

CIQANTU - UNFV

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivaran, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar ……Existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de “mano muerta”, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el estado les lleve toda la ayuda en vez de poder en valor sus cerros  y tierras, alquilándolas, transándolas por que si son improductivas para ellos, si serian productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador”.

(Alan García Pérez, “El Perro del Hortelano”, 28 de octubre del 2007).

Y finalmente, ¿quien es el responsable de la muerte de tantos peruanos en el conflicto de Bagua el año pasado?, ¿fueron acaso los policías, quienes intentaron reprimir la manifestación y desbloquear  las carreteras tomadas por la población ante la orden de la ministra del interior?, la respuesta es negativa, muy por el contrario, desamparados  por parte de un gobierno, que lejos de responder a sus justas demandas salariales (incluso luego de sus protestas este año muchos de sus principales lideres se encuentran encarcelados),o quizá fue el mando policial por haber llevado incluso jóvenes sin la experiencia requerida a una zona en alto conflicto como era la amazonia; el gobierno vuelve a mostrar su rostro negligente e indolente a la comunidad policial y al pueblo peruano, y en el más vil de los casos pudimos todos observar como la ministra del Interior, en un acto propio de alguien que no admite y reconoce errores, intentó evadir su responsabilidad echando prácticamente la culpa a los altos mandos policiales; ello quedó  en evidencia cuando en una entrevista al diario la República dijo que la operación la decidió la Policía por iniciativa propia y que le pregunten al director, José Sánchez Farfán (La República 14/06/09: pag.8). Será quizá ella una de las causas por las cuales a un año de estos hechos lamentables aún la comisión  de congresistas y el gobierno no señalan responsables.

Ahora que se van conociendo mayores detalles del llamado Baguazo ¿fueron acaso los responsables, los nativos amazónicos, a quiénes en un primer momento unilateralmente quiso responsabilizar el gobierno por todo lo ocurrido, acusándolos de violentistas y luego de estar manipulados por fuerza externas? Y en el colmo de un agudo análisis, el Sr. Presidente llamándolos, ciudadanos de segunda clase, no sólo pretendiendo desconocerlos del escenario político como sujetos a derechos, sino subestimando su capacidad política y dirigencial (1),  pretendiendo que la población nacional los viera como gente desinformada y manipulable por dirigentes violentistas o países extranjeros.

La respuesta nuevamente es un rotundo, no, el único gran responsable de todos estos hechos a sido y es aún, el gobierno, un gobierno pro imperialista que superpone los intereses de las transnacionales por encima de los intereses nacionales. Ello quedó en evidencia en el artículo titulado, “el Perro del Hortelano” de nuestro “intelectual” presidente, quien en un sinceramiento claro y expreso, intentaba justificar  la venta y puesta en valor de la selva amazónica,  como una modalidad para promover inversión extranjera y traer desarrollo a la región amazónica. ¿Y ha que se debe esta inspiración intelectual presidencial?. La respuesta va por la necesidad del gobierno aplicar a rajatabla las imposiciones del imperialismo norteamericano a cualquier precio. Los decretos legislativos que fueron promulgados por el ejecutivo, formaban parte de un conjunto de leyes que pretenden articularse con el TLC firmando con EEUU, y que buscan principalmente beneficiar a transnacionales para la explotación de enormes áreas en nuestra amazonia ricas en recursos naturales (maderas, agua, petróleo, gas, etc.). El gobierno y algunos lideres de opinión pública, (ponemos el caso de la conocida entrevistadora y periodista, Rosa María Palacios), refieren que no se trata de decretos leyes que pretendan vender o privatizar la selva amazónica; intentaron e intentan vanamente cambiar el lenguaje, hacer ver que los líderes indígenas estaban  mal informados manipulados, que todo el problema se debió a que no hubieron correctos canales de comunicación entre ejecutivo y lideres indígenas; subestimación desmedida sobre los lideres amazónicos, pues estos “ciudadanos de segunda clase”, como diría el Sr. García defienden con su lucha y sus banderas reivindicativas, derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la tierra donde viven y subsisten, y que el actual modelo económico al parecer pretende desconocer. Y merece resaltar que  en una lucha claramente política entre pueblo e  indígenas amazónicos por un lado  y el gobierno, con todo un partido organizado, no tuvo la altura de enfrentar en el plano político y  fue derrotado.

El camino que va enseñando el pueblo en estos años es el camino de la lucha y la defensa por sus derechos fundamentales, ha aprendido en todos estos años de repliegue que el modelo neoliberal y el gobierno pro imperialista no representa ni defiende sus intereses y surge en el seno del pueblo la necesidad de una dirección que  canalice sus demandas y encause su defensa  frente a la agresión de un gobierno que en las ultimas décadas a demostrado que la aplicación del modelo neoliberal a traído el mayor abismo social entre ricos (una minoría) y una gran cantidad de pobres que no gozan de las ”riquezas” que este sistema brinda.

Y el aprendizaje tiene que ver con que los departamentos más ricos en minerales y en explotación transnacional son paradójicamente los más pobres y donde los altos índices de contaminación son elevadísimos con ejemplos claros de niños con plomo o cadmio en la sangre. O sino pensemos en nuestro litoral y terrenos adyacentes prácticamente privatizados muchos de ellos, y que en estos meses de verano cuando los hijos del pueblo fueron a disfrutar a las playas se encontraron con tranqueras y cercos que impiden su libre acceso bajo  el criterio de playa privada o propiedad privada. Si esto sucede en la capital de la república, a vista y paciencia de autoridades que nada pueden hacer frente a ello, imaginemos lo que sucedería con los capitales imperialistas en la amazonia, que ya gozan de algunos lugares  de explotación y donde ya hubo denuncias de contaminación incluso a nivel internacional. Pero el gobierno no pretende ni quiere chocar contra el gran capital imperialista y utiliza a la mediana y pequeña minería como instrumento para lavarse la cara en una aparente lucha contra la contaminación, si bien es cierto que existe una contaminación evidente por parte de estos mineros informales, es solo una señal de la contaminación que produce la gran minería.

Si bien se han derogado el DL 1090 y1064, la convulsión social aún no culmina, los pueblos  de Andahuaylas, Sicuani en Cuzco, la Oroya despliegan nuevas plataformas reivindicativas y demandas frente a un estado pro imperialista que ha entrado a una vorágine de demandas arrastrado por su propia política de oídos sordo a las grandes mayorías. Sólo esperamos que el gobierno haya aprendido la lección que pudo darle el pueblo en defensa de la Amazonía y no continúe empecinado en aplicar la represión como ley característica de su gobierno, aunque es necesario remarcar que vislumbrando la política implementada por el gobierno y sus últimas  acciones, en el No 11 de Vórtice (2008) habíamos mencionado “La ley del gobierno pro imperialista es no escatimar sangre del pueblo con tal de cumplir sus designios antinacionales. Y la ley del pueblo es aplicar cada vez mejor, y con nuevas formas, banderas de lucha sectoriales, regionales, nacionales, sin soslayar las de clase, en contra de la creciente desigualdad, como única forma de impedir que se consumen los delirantes afanes del gobierno”. En ese mismo sentido  manifestamos que seguiremos junto al pueblo en su justa lucha por sus derechos fundamentales que el régimen de turno pretende desconocer.

 Notas

(1)    Huertas Beatriz (2002), en su estudio “Los Pueblos Indígenas en Aislamiento”, revela que en la creación de Reservas del estado y las Reservas existentes han jugado un papel protagónico las organizaciones indígenas de la amazonia. Así tenemos que El Consejo Matsigenga gestionó la creación de la Reserva del Estado Nahua Kugapakori, AIDESEP, las reservas territoriales a favor de  los grupos étnicos Mashco Piro, Murunahua, Isconahua y del grupo étnico Cacataibo, entre otros ( Huertas 2002: 109 – 122).

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