Por Mirko Lauer
Lo mejor que le ha sucedido a Abimael Guzmán en mucho tiempo son los argumentos que se vienen esgrimiendo para defender el activismo político que hace Alberto Fujimori desde la cárcel, convertida en local partidario. En resumen esa defensa consiste en que un preso puede recibir las visitas que quiera y comunicarles a estas lo que desee.
El ministro Rafael Rey lo dice claro: “Si los terroristas pueden recibir visitas, no me parece lógico que un ex presidente de la República, por más preso que esté, no pueda recibirlas también”. Debemos entender que Guzmán puede gozar de iguales beneficios. Por ejemplo dar la bienvenida y charlas a delegaciones de simpatizantes del extranjero.
El argumento parece igualitario, pero no lo es. La frase “por más preso que esté” muestra que algunos seguidores de Fujimori no se resignan a esa realidad, y reclaman para él una condición especial. Como si sus años de condena tuvieran otra calidad que los de los demás encarcelados, y por tanto sus derechos fueran a la vez los mismos y mayores.
Un parte del gobierno ha acompañado en parte esta forma de pensar, otorgándole algunas ventajas, a las cuales casi nadie se ha opuesto. Lo que Caretas ha puesto de relieve es el abuso de esas ventajas, al permitírsele un margen de acción ubicado más allá de las normas carcelarias del país. Como si el derecho a recibir visitas no tuviera límite.
La cárcel siempre es dura, y que un preso busque ventajas es normal. Lo que debe sorprender un poco aquí es ese desfile de visitantes. ¿Son acarreados o peregrinos carcelarios? ¿No perciben alguna relación entre sus propios derechos humanos y la condena de su anfitrión y, según dicen, conferencista? ¿Qué piensan de las leyes del país?
Quizás la respuesta es más simple que estas preguntas. Hay personajes prominentes de todo tipo, algunos incluso en cargos públicos, que proclaman sus simpatías por el preso, y políticos que hacen campaña en nombre de sus ideas y sus valores, y declaran que su carcelería es parte de una conspiración. Son los alentadores de las visitas.
De otra parte, el desfile de fans más parece una movida para levantarle la moral al preso, pues como recurso de campaña resulta más bien estrambótico. Fujimori no es el candidato, y sus seguidores se cuidan mucho de entrar en detalles acerca de su conducta. Llevarle fruta política al preso no pinta al fujimorismo bajo su mejor luz.
Nos sorprende, por último, que el preso cada tanto presente problemas en la garganta y descompensaciones varias. Con jornadas de hasta 180 visitantes no hay cuerpo que resista. En lugar de supervisar a sus colegas del INPE, el médico Alejandro Aguinaga podría ir recetándole a Fujimori una dieta estricta de visitantes.
¿ESTA PROBADO QUE…? SÍ, LO ESTA
Sinesio López Jiménez
La solución judicial del caso Fujimori es incompleta si no va acompañada de una solución política y de una reconstrucción histórica. Pese a que tienen vasos comunicantes, esas diversas soluciones tienen sus propios escenarios, actores específicos y una lógica peculiar. Y cada una tiene también sus propios tiempos. Año y medio (si no más) ha durado el debate jurídico y la sentencia judicial. El proceso ha sido ejemplar y transparente, iluminado por los reflectores de todos los medios. Los fiscales y los jueces han mostrado una profunda formación jurídica, capacidad analítica, objetividad e imparcialidad en un tema difícil que despierta todas las pasiones. Los abogados de las partes en conflicto han tenido también un comportamiento responsable y respetable. La solidez de la sentencia se expresa en la pregunta precisa “¿está probado que…?” y en la respuesta lapidaria “sí, lo está”. El documento condenatorio consta de 247 preguntas con sus respectivas respuestas sobre la masacre de Barrios Altos, el asesinato de los estudiantes y un profesor de la Cantuta, los secuestros de Gorriti y Dyer Ampudia y otros delitos posteriores.
El argumento central de la sentencia se puede resumir del siguiente modo: Fujimori avaló, apoyó y autorizó el financiamiento estatal de una estructura organizada (el grupo Colina) por Montesinos y otros mandos militares destinada a eliminar (extrajudicialmente) a supuestos subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA. De acuerdo al fallo judicial, ninguno de los 25 asesinados de Barrios Altos y La Cantuta era, sin embargo, senderista. Una vez producidos los asesinatos, Fujimori felicitó a los integrantes del grupo Colina y recomendó su ascenso por acciones distinguidas. Más aún: Conocidos los asesinatos por la opinión pública gracias a algunos medios y a la oposición política, el general Hermoza, (subordinado de Fujimori, quien, como presidente de la república, era el Comandante en jefe de las FF:AA.), sacó los tanques a la calle para amedrentar a la oposición, Fujimori mismo obstaculizó la aplicación de la justicia y la mayoría parlamentaria fujimorista trató de ocultar la responsabilidad del gobierno y de los mandos militares. Producida la condena de los responsables del asesinato de La Cantuta por un tribunal militar, Fujimori promulgó una ley de amnistía a los condenados por esos crímenes. Si todo eso está probado, la condena era inevitable. Los jueces no deciden sobre la base de indicios sino de pruebas. El fallo judicial contra Fujimori puede ser el punto de partida de un proceso de reestructuración del poder judicial y de recuperación de su dañada imagen.
La solución política es quizás la más difícil y de más larga duración. La política no se reduce a la coyuntura y no sólo es el corto plazo. Se hace política en las coyunturas, pero los actores políticos buscan permanecer en el tiempo. Hay coyunturas que no se cierran y que, cuando se cierran, se reabren por algún nuevo acontecimiento. La larga coyuntura de la violencia terrorista, por ejemplo, pareció cerrarse con la captura de Abimael Guzmán, pero la supervivencia del terrorismo en algunas zonas y los juicios a los terroristas y a los violadores de los derechos humanos la reabren. Hay varios temas en este campo que es necesario discutir. He aquí un breve listado: La emergencia de las fuerzas terroristas y la responsabilidad de la izquierda; la evaluación de las estrategias más eficaces para combatir el terrorismo; la responsabilidad de los partidos y gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo; la tesis schmittiana según la cual sólo un estado de excepción (producido a través de un golpe) puede restaurar el orden, el monopolio de la violencia y la soberanía; la evaluación objetiva del fujimorismo y de su régimen autoritario en la lucha antiterrorista; el papel de los servicios de inteligencia y de algunas organizaciones policiales en la derrota del terrorismo, la participación activa de las rondas campesinas en la lucha contra el terrorismo y en el proceso de pacificación, el rol jugado por los medios en esa desdichada coyuntura.
¿Qué impacto tiene el fallo en la coyuntura política actual? Las encuestas muestran que la opinión pública sigue relativamente polarizada y que sus alineamientos se mantienen. La encuesta de CPI post-fallo confirma la de INFOPUC pre-fallo judicial en Lima. Según la encuesta de la CPI el 69 % de los limeños está de acuerdo con la condena a Fujimori (36.2% con los 25 años, el 4.3% hubiera preferido una condena mayor y el 28.5%, una menor). Sólo el 26.2% hubiera preferido la absolución. Este un dato macizo que no se puede manipular con sumas y lecturas tontas. Y eso que Lima, sobre todo los en los sectores D y E, es uno de los baluartes del fujimorismo. Mi hipótesis es que el fallo judicial va a producir estragos en el fujimorismo por el simple hecho de ser condenatoria y de revelar una serie de informaciones que no se conocían o habían sido olvidadas. Esa incidencia será mayor si las fuerzas políticas antifujimoristas y los medios alientan un debate político serio sobre los temas arriba señalados.
Publicado el 09/04/09
EL NEGOCIO DEL TERRORISMO
Sinesio López Jiménez
Necesitamos ir más allá de los insultos, los vituperios y las descalificaciones; controlar nuestra subjetivad y recuperar la razón para entender el bolondrón que García y el Congreso han armado en torno al MRTA y a APRODEH. Esta exigencia metodológica es necesaria para poner un poco de racionalidad en medio de las pasiones desatadas. Cuando se trata del terrorismo, a los peruanos nos sucede lo mismo que a los franceses cuando hablan de su revolución. Tocqueville, cuyo abuelo fue guillotinado por ser abogado de Luis XVI, afirmaba que no se puede pedir a los franceses que dejen de ser apasionados cuando hablan de la revolución francesa. Y, sin embargo, Tocqueville logró manejarse con objetividad escribiendo uno de los mejores libros sobre la revolución francesa: El antiguo régimen y la revolución. Más allá de la hojarasca necesitamos ir al fondo del debate actual. ¿Qué se discute?. ¿Se discuten acaso las ambigüedades de percepción y de comportamiento frente al terrorismo?. Esas ambigüedades fueron compartidas por todos los políticos en un primer momento. Son abigeos y no terroristas, dijo un presidente de la República. En la izquierda, las ambigüedades fueron peores: ¿Es insurgencia revolucionaria o es terrorismo? Pero todo eso fue superado (a veces con dificultades) cuando todos los políticos (derecha, centro e izquierda) reconocieron que Sendero y el MRTA (que comenzó siendo insurgente) eran fuerzas terroristas, las condenaron y las combatieron. Lo que se discutió luego fue la forma de combatirlas: con el terror o con una lucha política y militar que respetara los derechos humanos. Y en eso ni los políticos ni los militares se pusieron de acuerdo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Con el terror, sin embargo, la izquierda (y la gente de buena fe) aprendimos que no hay muertes buenas ni muertes malas sino que todas las muertes producidas por el terror eran y son repudiables y debían ser sancionadas con todo el peso de la ley. Aprendimos la ética universal de defensa de la vida. ¿Se discute acaso la apología del terrorismo? En ese campo hubo de todo. Un presidente de la República llegó a elogiar la entrega, la mística y la heroicidad de los jóvenes senderistas en un célebre discurso en Ayacucho. ¿Recuerda García?. Pero todo eso acabó hace rato con la penalización de la apología del terrorismo, lo que ponía en riesgo con frecuencia la libertad de expresión. ¿Se discute acaso la calificación de Sendero y del MRTA como fuerzas terroristas?. Tampoco. Todos (derecha, centro e izquierda y todas las ONGs desde luego) sostienen que esas fuerzas son terroristas. Eso está escrito en blanco y negro en la carta de APRODEH que ha originado la histeria de la derecha.
¿Qué se discute entonces? ¿Qué irrita tanto al gobierno, a la derecha y sobre todo a los violadores de DD.HH.?. Hay, por lo menos dos cuestiones que asoman solapadamente en este debate. La primera es si los terroristas o acusados de terrorismo, una vez cumplidas sus condenas, recuperan o no todos sus derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho de participar activamente en la política (siempre y cuando no reincidan en el terrorismo). A diferencia de la izquierda y del centro, la derecha parece haber decretado su muerte civil y política. La segunda es si el pensamiento disidente (incluido el marxismo) del catecismo neoliberal y de lo que piensa (si piensa) la derecha es un delito. Para la derecha recalcitrante (incluido García), los disidentes, los opositores, los críticos y los movimientos sociales contestarios ponen en peligro el desarrollo económico y la estabilidad política del país y tienen que ser perseguidos, silenciados, insultados, excluidos, penalizados y amenazados con la cárcel. Una de las formas de hacerlo legalmente es vincularlos al terrorismo (de Sendero y del MRTA) que ha sido totalmente derrotado y que sólo opera en una zona limitada en el caso de Sendero (el VRAE). Pero la venganza de los denunciados violadores de los DD.HH., la histeria de la caverna política, la voluntad de reprimir a los movimientos de protesta, el deseo de neutralizar a los opositores, siendo factores importantes, sólo explican parcialmente el intento de García de resucitar el terrorismo. Mi hipótesis es que estamos asistiendo a una operación perversa mayor: el reequilibramiento del resquebrajado gobierno de García apelando al autoritarismo y la recuperación de su legitimidad perdida convocando al terrorismo. Es evidente que García ha fracasado para las clases populares y pobres. Su falta de eficacia y de efectividad para resolver los graves problemas del empleo, la desigualdad, la pobreza y la corrupción le han hecho perder legitimidad y eso lo expone fácilmente a la crisis política y a la inestabilidad. García busca oxigenarse, recomponer su gobierno y recuperar la legitimidad, aglutinando a toda la derecha, convocando a todos los miedos, afiatando a las fuerzas represivas, buscando la unidad nacional y aislando a los opositores. La resurrección y la utilización política del terrorismo constituyen la estrategia para lograrlo. Fujimori es el ejemplo. El terrorismo mataba mucha gente, pero a Fujimori le daba vida (política). El terrorismo para su gobierno fue un buen negocio (económico y político) y la justificación del autogolpe de Estado.
Toda la memoria
Vie, 20/03/2009 - 00:50
Por Sinesio López Jiménez
Lo que estaba en el orden del día de la política peruana de esos días (agosto de 1983) era la forma de combatir con eficacia el terrorismo de Sendero Luminoso. Se abrían dos caminos: el de la política y el de la guerra sin cuartel. El gobierno y la mayoría parlamentaria habían abdicado de la política y habían optado por la guerra; las oposiciones de entonces (el Apra y la IU) insistían en el camino de la política. La propuesta de reemplazar las armas por el impulso al desarrollo de Ayacucho del general Huamán había sido derrotada. Se impuso entonces la barbarie de la tierra arrasada del general Noel. En esos días se discutía también con cierto apasionamiento la propuesta del diálogo con Sendero Luminoso formulada por el Fiscal de la Nación, el doctor Cavero Egúsquiza. Para echar más leña al fuego, el Dr. Cavero afirmó, además, que los senderistas eran también patriotas a su modo.
La mayoría parlamentaria buscaba destituirlo, la oposición (con algunas discrepancias internas en el Apra) lo defendía y el premier Schwalb expresaba su discrepancia, pero pedía respetar la opinión del Fiscal. Esa era la coyuntura política en la que escribí (en El Diario de Marka) la columna política que sigue. La señorita Martha Meier M. Q. ha citado en El Comercio del 14 de marzo del 2009 una parte de la columna, sacándola de contexto. Su intención es presentarme como filo-senderista que ahora pasa piola sin haber hecho la mínima autocrítica. Lo que hoy escribo y sostengo no es evaluado por la calidad del argumento sino por lo que supuestamente dije en el pasado. La típica falacia del argumento ad-hominen. Como en el pasado no existe lo que afirma, su falacia se cae. Patina la señorita Meier M.Q. porque sólo tiene “un poco de memoria” como lo reconoce en el mismo título de su artículo. Por eso reproduzco aquí toda la memoria para que el lector juzgue. Mi posición contra Sendero ha sido neta y clara desde sus inicios. Eso consta en artículos, polémicas políticas y debates en todos los escenarios en donde me ha tocado actuar: el periodismo, la política y la academia.
“Una vergüenza
Lo que sucedió el lunes por la noche en Diputados es una vergüenza nacional y pasará a los anales de la historia parlamentaria como la fecha trágica en la que la Cámara Joven renunció a su dignidad cívica para vestir la casaquilla militarista. Al negar el diálogo con Sendero Luminoso propuesto por el Fiscal de la Nación y avalar la acción represiva del general Noel, sancionando a Hugo Blanco con cuatro meses de suspensión, la mayoría parlamentaria no sólo ha actuado en forma torpe sino también suicida, porque ha bendecido la misma espada que mañana la abatirá. No deja de ser paradójico que sea Blanco, el menos parlamentarista de los representantes de la izquierda, el que defienda con su actitud intransigentemente antimilitarista al Parlamento y uno de sus principales métodos democráticos, el diálogo, y que sean los parlamentarios gobiernistas, autoproclamados defensores de la democracia, los que respalden los métodos genocidas del general Noel. Tal paradoja se explica, sin embargo, por la abdicación que ha hecho la derecha peruana hasta de sus propias instituciones representativas para devenir autoritaria y antidemocrática.
Lo peor de todo esto es que la vergüenza del lunes es la respuesta parlamentaria a la honrosa actitud del Fiscal de la Nación que, el domingo, había expresado la necesidad de defender la libertad de expresión a toda costa, reiterado su invitación al diálogo a Sendero Luminoso y sostenido que los senderistas son patriotas a su manera. El doctor Cavero expuso estos puntos de vista en el Canal 5, que lo entrevistó con la sibilina esperanza de arrancarle una condena contra la prensa de oposición y la promesa de la apertura de juicio contra los pseudoperiodistas acusados por el general Briceño y el ministro del Interior. Al canal oficialista le salió, sin embargo, el tiro por la culata, porque el Fiscal de la Nación dijo lo que dijo para escándalo de la derecha pacata y traidora. Se dejaron escuchar entonces los gritos de las cavernas en los editoriales de los periódicos, en la radio, en la TV y hubo un diario que dejó impresa en primera plana su huella antediluviana y gorilona. La mayoría parlamentaria juzgó que no podía quedarse atrás en este concierto de bárbaros y no se le ocurrió otra cosa que presentar una moción de ‘extrañeza’ contra el Fiscal de la Nación, cuando la extraña era ella.
Lo que más ha irritado, sin embargo, la delicada sensibilidad de la derecha, es que el doctor Cavero haya sostenido que los senderistas son también patriotas. Ni más ni menos. Grite lo que grite la derecha, el Fiscal Supremo ha dicho una verdad del tamaño de un templo. Porque ¿quién es más patriota: Abimael Guzmán, que está dispuesto a morir y a matar por lo que cree –equivocadamente o no– bueno y justo para su país o Carlos Rodríguez Pastor, que ha puesto, sin arriesgar su pellejo, la economía del Perú en manos de las transnacionales y de la banca extranjera? La respuesta corresponde al lector”.
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