El Perú debe ser el primer país del mundo que cuenta con una organización de derechos humanos creada para defender a los que violaron estos derechos. Con un promotor principal que estuvo implicado en uno de los hechos criminales emblemáticos de la historia mundial, la matanza de 300 prisioneros procesados por delito de terrorismo, en el año 1986, bajo órdenes del primer gobierno de Alan García.
Durante años las personas que ahora están poniendo la cara, han despotricado de la idea misma de los derechos humanos, considerándolos un obstáculo para la lucha contrasubversiva. Los argumentos más o menos estándares han sido que a los terroristas hay que combatirlos con sus propias armas y métodos, lo cual significa que se justifica la eliminación del adversario desarmado, rendido y del sospechoso también, y de ahí, cuanta derivación corresponda.
Otra justificación era que las víctimas civiles y no beligerantes eran daños colaterales de la guerra, que toda confrontación armada es así y que quién podría asegurar que los que se dicen víctimas no sean sino subversivos encubiertos. Finalmente, está el concepto de que las ONG de derechos humanos son cómplices activos o pasivos de los terroristas, que desmoralizan a los soldados tratando de controlar sus actos en la represión de subversivos y reclamando inocencia de diversos acusados.
Detrás de estas ideas está nítidamente la lógica del vencedor que afirma que deberían agradecerles por lo hecho, para que respondan la próxima vez que se requieran sus servicios. Pero si se consagra este criterio, qué nos hacemos con los hechos que realmente ocurrieron en los que poblaciones enteras fueron arrasadas, numerosos inocentes y culpables fueron torturados, asesinados o desaparecidos, miles de mujeres fueron violadas, etc.
El Perú, que atravesó la brutalidad de una guerra que dejó tanto sufrimiento, debería estar obligado a sacar las más duras lecciones de su pasado inmediato: ni se libera a los pobres y oprimidos a punta de violencia y autoritarismo, ni se puede construir una sociedad pacífica y democrática pasando por encima de los más débiles y postergados con el apoyo de las armas del Estado.
La guerra que vivimos en las décadas de los 80 y 90, no vino del aire, ni de los libros, ni del fanatismo de unas cuantas personas. Si hubiera sido así habría sido controlada muy rápidamente y no se hubiera extendido como una mancha imparable sobre el territorio nacional. Esa idea increíble del Cáncer subversivo que requiere quimioterapia continua para el resto de los días, de manera de eliminar la posibilidad de un nuevo brote de células malignas, no corresponde a ninguna otra experiencia en el mundo y es un mero pretexto para imponer decisiones arbitrarias en nombre del miedo.
La nueva ONG de derechos humanos expresa el interés neto de un sector político por reescribir la historia del Perú bajo los siguientes ejes: no hubo más que dos campos: terroristas y antiterroristas; las muertes causadas por los antiterroristas eran de terroristas; los antiterroristas que están siendo juzgados por violaciones de derechos humanos, lo están porque los proterroristas quieren desmoralizarlos; en el Perúdeben gobernar los antiterroristas, como ocurrió en la década de los 90. Y si no podemos acabar con los derechos humanos, nos disfrazamos de ellos.
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