Por Federico Salazar
El Ejecutivo solicitó al Poder Judicial la remoción del juez Jorge Barreto del caso de los petroaudios. Su presidente, Javier Villa Stein, respondió que no podía hacerse porque no era legal.
El presidente es abogado. Sabe perfectamente que el pedido no podía ser aceptado. Insistió, sin embargo, porque al parecer es más político que abogado.
Se trató, en mi opinión, de un gesto. Alan García no quiere que lo identifiquen con los actos de corrupción. El recuerdo de su gestión anterior lo tortura.
El presidente quiere distanciarse lo más posible de Rómulo León Alegría. Manda, por eso, que se pida la destitución o cambio del juez que ve la causa. Es sólo una mueca, una finta.
Los gestos en política, por supuesto, valen tanto como las acciones. El señor Alan García tiene todo el derecho a llamar la atención sobre una eventual distancia con el caso y los personajes del mismo.
El presidente hace mal, sin embargo, en recurrir a gestos que apunten a la ilegalidad. Si el PJ le hubiera hecho caso al Consejo de Ministros, se habría cometido una grave infracción al orden constitucional.
El primer deber del Presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución consagra la separación de poderes. Ésta es la base de la democracia.
El Ejecutivo no puede entrometerse en asuntos del PJ. Ni siquiera debería hacer gestos o fintas en ese sentido.
El Estado y la Constitución garantizan al juez su independencia y su inamovilidad (art. 146, incisos 1 y 2).
Un exhorto del Ejecutivo, por más que no sea vinculante, enturbia el proceso. Anuncia la pretensión de una influencia sobre una causa, revela falta de respeto al orden establecido en la administración de justicia.
El encargado de hacer este gesto ha sido el propio ministro de Justicia. Ya sabemos, entonces, que el ministro no va a defender la justicia ni la Constitución ni la democracia. Sus prioridades son la política, la finta, los intereses del gobierno.
Quizá el asunto no haya pasado a mayores. El gobierno, no obstante, debe hacer un mea culpa. Debe saber que incluso en los gestos debe sostener un respeto irrestricto al orden constitucional y legal.
Nadie debe pedir que se cambie a un juez porque no dictamina como uno cree. No puede hacerlo el ministro de Justicia; tampoco, el Consejo de Ministros. Ni siquiera, el Presidente de la República.
Expresar discrepancias no debe confundirse con hacer gestos contra la Constitución y el derecho. Es impropio de parte de las autoridades.
Fuente: Diario La República Dom, 17/01/2010
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