Sinesio López Jiménez
El caso Crousillat puede ser visto (y ha sido visto) desde diversos ángulos. En este artículo propongo analizarlo como un intento de reordenamiento político de fuerzas en el seno de la coalición social y política que corta actualmente el jamón en el Perú. Existe, sin duda, un acuerdo básico entre García y los poderes fácticos sobre la necesidad de mantener el modelo económico neoliberal extremo, pero sospecho que en otros temas políticos igualmente relevantes (la corrupción, la democracia, las candidaturas) mantienen una actitud abierta y hasta discrepante. El tema que más los separa quizás es la forma de tratamiento al fujimorismo que combina autoritarismo y corrupción. Las discrepancias sobre este asunto son notorias en el campo de los medios especialmente. Un sector importante de estos (el grupo de El Comercio, el de La República y otros medios menores) es abiertamente antifujimorista. Libraron incansables batallas contra el autoritarismo fujimorista y contra la corrupción, se fortalecieron en esas luchas y crecieron empresarialmente luego de la derrota del fujimorismo.
Otro sector de los medios fue y es complaciente con el fujimorismo. En el gobierno de García se han producido y se están produciendo reacomodos empresariales y periodísticos, especialmente en la TV, para darle más cabida al fujimorismo. No constituyen un grupo empresarial, pero existe entre ellos, sin embargo, una indudable coordinación política. Es evidente que se están preparando para librar con éxito las batallas electorales de este año y las del 2011. García, a diferencia de otros líderes del Apra como Jorge del Castillo, se coloca claramente en este campo y se siente cómodo en él. Los medios fujimoristas, a su vez, lo miman y apapachan. El indulto a Crousillat (de indudable factoría alanista) tiene claramente ese sentido político. García quería fortalecer este sector de los medios y debilitar al mismo tiempo el poder del sector antifujimorista.
Todos los medios son, sin embargo, muy complacientes con García y su gobierno. Este comportamiento mediático contrasta radicalmente con el que esos mismos medios dieron al gobierno de Toledo al que trataron con ensañamiento y sin clemencia. Seguirá ese buen trato a García en lo que se refiere al modelo neoliberal extremo, pero en los temas políticos que tienen que ver con la democracia y la corrupción ha emergido el fujimorismo (que encarna el autoritarismo y la corrupción) como una especie de divortium aquarum en los medios. El caso Crousillat los ha polarizado en dos campos, al parecer, irreductibles porque ese caso no sólo pone en juego ambiciones políticas sino también intereses empresariales. La coalición de García con los poderes fácticos ha quedado agrietada y debilitada.
La anulación del indulto y la destitución del ministro de Justicia no curan las heridas de la coalición gobernante ni ocultan la indudable autoría de García que las produjo por ambición y por interés de fortalecer a los medios favorables al fujimorismo. Lo que el caso Crousillat ha mostrado es el punche político y mediático del Grupo El Comercio. Es probable que eso estimule al sector fujimorista de los medios a una mayor articulación entre ellos para contrapesar el poder de los medios antifujimoristas. La polarización política de los medios en torno al fujimorismo y a la corrupción se expresará, sin duda, en las competencias electorales del 2010 y del 2011 reproduciendo el clima político, no del 2006, en donde el fujimorismo casi desapareció, sino del 2001 en condiciones nuevas en donde los medios confrontados (y no las masas) son y serán los principales protagonistas.
¿Quién gana y quién pierde con esta polarización? Es difícil saberlo ahora, pero me parece que uno de los grandes perdedores es, además de Crousillat obviamente, García quien ha perdido el favor y la complacencia de los medios antifujimoristas. Lo que sí se puede señalar es que las elecciones del 2010 y del 2011 serán menos monótonas y más competitivas.
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