Fundo “El Congreso”

Mirko Lauer

A estas alturas el mal uso por parte de un congresista del personal que le ha sido asignado ha dejado de ser noticia interesante.

Incluso las bromas sobre el tema de domésticas asesoras políticas, parientes empleados fantasmas o cosas por el estilo, ya se han desgastado. Es probable que al calor de la campaña electoral los casos se multipliquen.

Las infracciones generalmente son de menor calado y con un fuerte tufo a feudalismo, en el sentido de que hay un sentido del empleado como propiedad del empleador. El congresista se pitorrea en las disposiciones, y actúa como en los tiempos de “El sueño del pongo”, el célebre relato de José María Arguedas sobre amos y siervos en el Ande peruanos.

Los escándalos se siguen produciendo en parte porque las sanciones son inexistentes o veniales, en parte porque las nuevas promociones de infractores viven inmersas en la cultura del pongaje. Los más encumbrados por hábito, y los de extracción más telúrica probablemente presos de un vivo interés en cobrarle una revancha a la vida.

No les importa el peligro de ser pescados. Es como construir en la ruta del huayco: toda la información y la experiencia sobre los peligros están disponibles. Pero los hábitos culturales son más fuertes que todo cálculo. Ser elegido no moderniza, ni educa, sino más bien confirma que lo que uno hace y practica tiene un mérito intrínseco.

Parte de la responsabilidad está en los encargados de hacer cumplir las normas. ¿Qué juego es este de dejar abierta la posibilidad del mal uso, y dejar así abierta la posibilidad de que el infractor sea pescado? ¿Están poniendo a prueba la honestidad o la modernidad del congresista? ¿O estudiando hasta dónde llega la inmunidad de los 120 sujetos?

Ya debería estar claro que no se debe permitir que sean los propios congresistas los encargados de llevar adelante la contratación del personal que designen. Es decir que otra instancia debe estudiar si la persona que se desea contratar está capacitada o impedida de ejercer el cargo. ¿Mucho pedirle a un gremio en el que todos se sienten fiscalizadores natos?

Alguien dirá que eso sería hacer pagar a justos por pecadores. Pero en un mundo laboral donde prima y es tolerada la informalidad es razonable actuar en base a normas de aplicación general antes que en base a la presunción de corrección de los ciudadanos. Se trata de facilitarles a todos hacer lo correcto, y no propiciar las inconductas.

Algo de lo anterior entendieron quienes impusieron una declaración jurada de congresistas elegidos más detallada y exigente. Las de los periodos anteriores fueron gestos sin consecuencias, por no decir verdaderas burlas. Además de que nadie se tomó la molestia de contrastar esas declaraciones con la situación económica del congresista cinco años más tarde.