Federico Salazar
No debemos olvidar a los muertos. Los mineros informales que bloquearon la carretera en Chala, Arequipa, han logrado que se atienda sus reclamos. Ni las autoridades ni los propios mineros, sin embargo, se acuerdan de las cinco personas que fallecieron.
La policía sostiene que los disparos que realizó se debieron a la superioridad numérica de los manifestantes. Entre seis y siete mil mineros informales habían tomado la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 619.
Es posible que se haya tratado de un accidente en una situación muy confusa y quizá desesperada. Eso, sin embargo, tiene que explicarse y probarse.
Hasta el momento se cuenta con un comunicado de la Policía Nacional en el que se señala cómo llegaron los manifestantes. Se dice que tenían púas, hondas, flechas y fierros, y que muchos tenían los rostros cubiertos con pasamontañas.
También se ha dicho que fueron decomisados cartuchos de dinamita en gran cantidad. No se ha dicho, sin embargo, si los policías fueron atacados con dinamitazos o con flechas y fierros.
Es cierto que se había declarado el estado de emergencia. Desde el punto legal, la policía podía hacer uso de sus armas. Las muertes, sin embargo, merecen una explicación detallada.
Los disparos ¿fueron al aire o al cuerpo? ¿Se advirtió a los manifestantes lo que podía ocurrir? ¿Qué ha dicho el Ministerio Público?
El representante del Ministerio Público, Percy Chalco Ccallo, debe haber hecho un informe. ¿Qué dice sobre cómo se precipitaron los hechos fatales?
El desalojo de una carretera no debería costar la vida de personas. ¿Se previó una cantidad de policías que fuera suficientemente disuasiva? ¿Se siguieron las recomendaciones técnicas al respecto?
¿De qué sirve la experiencia? ¿Es que acaso no aprendimos nada de Bagua o de Moquegua?
¿Cuáles fueron las órdenes en Chala? ¿O hubo una situación que se salió del control del comando?
Han muerto cinco personas a consecuencia de lo que sucedió. ¿No merecen por lo menos una explicación? Para no hablar de la señora Juana Maldonado de Leiva, de 80 años, que falleció de un ataque cardiaco mientras esperaba dentro de uno de los buses detenidos por los manifestantes.
El Partido Nacionalista de Ollanta Humala ha pedido declarar la incapacidad moral permanente del presidente Alan García. No hay, en realidad, ninguna prueba o sustento de ese supuesto.
Dejemos la política de lado. Recuperemos el reclamo de los deudos de esas víctimas mortales empezando, siquiera, con una explicación. Tienen derecho a saber por qué y cómo perdieron a sus familiares.
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