Bagua: un año después

Martín Tanaka

Hace un año, el 9 de abril, se reinició la movilización de las organizaciones indígenas amazónicas, de agosto de 2008, en contra de varios de los 99 decretos legislativos expedidos para adecuarse al TLC con los EE.UU. Como recordamos, sus demandas no fueron atendidas oportunamente, y se llegó a los luctuosos sucesos del 5 de junio, después de los cuales se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 y se instalaron cuatro mesas de trabajo, de las cuales salió el cuestionado informe sobre los sucesos de Bagua, y están en una suerte de limbo la revisión de los otros DL cuestionados, reglamentar los mecanismos de consulta establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la implementación de iniciativas para el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. No parecemos haber aprendido las lecciones de estos trágicos sucesos.

Un año después, y mirando la actual conflictividad social, ¿qué podemos sacar en claro? Un primer tema que me parece importante resaltar es que, al analizar el proceso de redacción y negociación de los decretos, surge la imagen de un manejo gubernamental signado por el desorden, el apresuramiento, la improvisación, ahondado por el hecho de que quienes tuvieron que defender los decretos en abril y mayo de 2009 no eran los mismos ministros que los redactaron y aprobaron en junio de 2008. Es muy importante señalar que, en medio de esto, intereses particularistas logran hacer aprobar decisiones que no pasarían en un debate público abierto.

Mayor transparencia y debate público, involucramiento de los actores concernidos por las decisiones que se toman sigue siendo parte de la agenda pendiente, pertinente para varios otros casos (Inambari, p.e.).

Un segundo tema es el de la debilidad de nuestras instancias representativas, políticas y sociales. Es claro que en los sucesos de Bagua ni las autoridades municipales y regionales ni los congresistas de la región Amazonas cumplieron funciones de mediación o representación, por lo que la población percibió que solo tomando medidas de fuerza podrían hacer valer sus derechos, lo que es aprovechado por liderazgos irresponsables (contrastar con el papel del gobierno regional de Junín en las protestas de La Oroya, p.e.).

Al mismo tiempo, es claro que la posibilidad de tener procesos de diálogo y negociación institucionales y no violentos pasa por el fortalecimiento de organizaciones sociales representativas, no por jugar a la división y la satanización de las mismas. Solo organizaciones fuertes y responsables pueden evitar “desbordes” como los ocurridos en la ciudad de Bagua y los asesinatos de policías.

Finalmente, parece quedar claro que nuestra policía se halla atrapada entre quedar en la indefensión y ser víctima de operativos mal preparados, y la comisión de excesos en el reestablecimiento del orden, que dejan un terrible alto número de muertos y heridos, cuyas responsabilidades deben esclarecerse.