Profeta lapidado
Por José UgazEl domingo 23 fue publicada en esta secciæon de La República una columna de mi estimado colega Javier Valle Riestra. Siempre evocativo y polémico, responde a un Ofidio que lo calificó de abogado del diablo, declarándose resignado a su condición de “profeta lapidado”. Ocurre que días antes, JVR, partiendo de una pregunta radial sobre el régimen carcelario de Fujimori, calificó de mezquina y contraria a la pacificación nacional la exigencia de un régimen disciplinario acorde con la ley para el condenado AFF, planteó la necesidad de una ley de punto final y consideró como “altamente pacificador” un posible arresto domiciliario para Guzmán, con permiso de matrimonio incluido.Cabe recordar que la amnistía (del griego amnestia, es decir olvido), es una causa de extinción de la responsabilidad penal que consiste en perdonar una conducta que antes se consideró delictiva. La amnistía implica un nuevo juicio de valor realizado a la luz de importantes cambios sociales o históricos, que permiten comprender que conductas que en el pasado se consideraron inaceptables para la convivencia social, en el nuevo contexto ya no lo son. Por ello ha sido una gracia aplicada usualmente a hechos de contenido político. Lo que subyace a la propuesta oral de JVR es que el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad son hechos políticos que deben ser olvidados o perdonados por el transcurso del tiempo. Creemos que los actos terroristas, por más que se reclamen como actos políticos, no son conductas que han dejado de ser reprochables. Pensamos que los gravísimos delitos contra la vida de miles de peruanos cometidos por las autoridades so pretexto de la represión al terrorismo, no deben ser olvidados. En cuanto a la pretendida mezquindad de exigir un régimen penitenciario riguroso para AFF y no admitir lo que denomina un “sistema de visitas informal”, cabe recordar que no es cualquier condenado. Es verdad que fue presidente, pero no lo es menos que ostentando el cargo de mayor investidura y poder de la Nación, abusó de él para disponer y tolerar asesinatos, torturas, ejecuciones y secuestros. No en vano ha sido condenado a 25 años de cárcel como autor mediato de delitos de lesa humanidad. ¿Qué pretende el Estado al condenarlo a una pena tan alta?
Por un lado, prevenir la comisión de nuevos delitos advirtiendo al resto de ciudadanos que quienes los cometan serán castigados con igual severidad (prevención general). De otro, reeducarlo para que comprenda lo equivocado de su conducta y no vuelva a incurrir en ella (prevención especial). Por ello le aplica a la persona sometida a prisión un régimen penitenciario destinado a lograr dichos objetivos. Es evidente que admitir visitas masivas atenta claramente contra la seguridad de cualquier penal. Fujimori está en tratamiento rehabilitador y para ello debe cumplir con las reglas impuestas. Para quien ha sido presidente omnímodo, parte de su proceso reeducador consiste en aprender a obedecer las reglas. Por otro lado, para nadie es un secreto que AFF es un preso privilegiado. Cuenta con un penal para él solo y con comodidades que ningún otro preso en el país goza. Hasta allí deben llegar sus prerrogativas por haber sido presidente. Lo demás, debe ser el riguroso cumplimiento de la ley por alguien que ha cometido gravísimos delitos.
En lo que respecta a la ley de amnistía o punto final que según mi colega el Perú necesita y reclama, hay mucho que decir. Por razones de espacio, solo me limitaré a señalar que en materia de graves violaciones a los derechos fundamentales, no solo son de aplicación la Constitución y las leyes, sino un conjunto de instrumentos internacionales que son de obligatorio cumplimiento. La CIDH en el caso Barrios Altos consideró al Perú responsable internacionalmente, por el dictado de dos leyes de amnistía.
Señalando que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de eximentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de DDHH.”Además, JVR sabe que la jurisprudencia internacional ha establecido que no puede haber reconciliación en países que han sido afectados por procesos de violencia y graves violaciones a los DDHH, sin investigar y declarar la verdad a través de procesos en los que se respeten los derechos de los acusados, y en los que se impongan los castigos que merecen.Quienes pretenden mirar hacia adelante olvidando el pasado, ignoran que si no se establece la verdad histórica de los hechos y se castiga a los responsables de crímenes repudiables es imposible avanzar hacia el futuro. Me parece inaceptable que JVR sostenga que como las masacres de Accomarca y Puccayacu ocurrieron hace un cuarto de siglo, hay que olvidarlas. ¿En qué se basa para sostener que los genocidas han cambiado psicológicamente por el transcurso del tiempo? ¿No ha visto y escuchado en las audiencias a los Colina negar sus crímenes en algunos casos y en otros, como el de Martin Rivas, sostener que actuaron bien y que no se arrepienten?Es poco serio proponer el arresto domiciliario de Guzmán. No voy a explicar las decenas de razones. Solo debo recordar que ha sido condenado por delitos que ofenden a la humanidad. ¿En su caso también el paso del tiempo justifica el olvido y el perdón judicial? No queremos ese tipo de olvido. Ese no debe ser el punto final de esta historia. Busquemos la reconciliación procesando la verdad y creando el consenso de que estos actos no deben repetirse nunca más, ni de uno ni de otro lado.En el Viejo Testamento, el profeta anunciaba la buena nueva y denunciaba la injusticia. No es esta la situación. En todo caso, si el profeta no quiere ser lapidado, es mejor que no se ponga a tiro de piedra.
Por José Ugaz
El domingo 23 fue publicada en esta secciæon de La República una columna de mi estimado colega Javier Valle Riestra. Siempre evocativo y polémico, responde a un Ofidio que lo calificó de abogado del diablo, declarándose resignado a su condición de “profeta lapidado”. Ocurre que días antes, JVR, partiendo de una pregunta radial sobre el régimen carcelario de Fujimori, calificó de mezquina y contraria a la pacificación nacional la exigencia de un régimen disciplinario acorde con la ley para el condenado AFF, planteó la necesidad de una ley de punto final y consideró como “altamente pacificador” un posible arresto domiciliario para Guzmán, con permiso de matrimonio incluido.
Cabe recordar que la amnistía (del griego amnestia, es decir olvido), es una causa de extinción de la responsabilidad penal que consiste en perdonar una conducta que antes se consideró delictiva. La amnistía implica un nuevo juicio de valor realizado a la luz de importantes cambios sociales o históricos, que permiten comprender que conductas que en el pasado se consideraron inaceptables para la convivencia social, en el nuevo contexto ya no lo son. Por ello ha sido una gracia aplicada usualmente a hechos de contenido político. Lo que subyace a la propuesta oral de JVR es que el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad son hechos políticos que deben ser olvidados o perdonados por el transcurso del tiempo. Creemos que los actos terroristas, por más que se reclamen como actos políticos, no son conductas que han dejado de ser reprochables. Pensamos que los gravísimos delitos contra la vida de miles de peruanos cometidos por las autoridades so pretexto de la represión al terrorismo, no deben ser olvidados.
En cuanto a la pretendida mezquindad de exigir un régimen penitenciario riguroso para AFF y no admitir lo que denomina un “sistema de visitas informal”, cabe recordar que no es cualquier condenado. Es verdad que fue presidente, pero no lo es menos que ostentando el cargo de mayor investidura y poder de la Nación, abusó de él para disponer y tolerar asesinatos, torturas, ejecuciones y secuestros. No en vano ha sido condenado a 25 años de cárcel como autor mediato de delitos de lesa humanidad. ¿Qué pretende el Estado al condenarlo a una pena tan alta?
Por un lado, prevenir la comisión de nuevos delitos advirtiendo al resto de ciudadanos que quienes los cometan serán castigados con igual severidad (prevención general). De otro, reeducarlo para que comprenda lo equivocado de su conducta y no vuelva a incurrir en ella (prevención especial). Por ello le aplica a la persona sometida a prisión un régimen penitenciario destinado a lograr dichos objetivos. Es evidente que admitir visitas masivas atenta claramente contra la seguridad de cualquier penal. Fujimori está en tratamiento rehabilitador y para ello debe cumplir con las reglas impuestas. Para quien ha sido presidente omnímodo, parte de su proceso reeducador consiste en aprender a obedecer las reglas. Por otro lado, para nadie es un secreto que AFF es un preso privilegiado. Cuenta con un penal para él solo y con comodidades que ningún otro preso en el país goza. Hasta allí deben llegar sus prerrogativas por haber sido presidente. Lo demás, debe ser el riguroso cumplimiento de la ley por alguien que ha cometido gravísimos delitos.
En lo que respecta a la ley de amnistía o punto final que según mi colega el Perú necesita y reclama, hay mucho que decir. Por razones de espacio, solo me limitaré a señalar que en materia de graves violaciones a los derechos fundamentales, no solo son de aplicación la Constitución y las leyes, sino un conjunto de instrumentos internacionales que son de obligatorio cumplimiento. La CIDH en el caso Barrios Altos consideró al Perú responsable internacionalmente, por el dictado de dos leyes de amnistía.
Señalando que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de eximentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de DDHH.”
Además, JVR sabe que la jurisprudencia internacional ha establecido que no puede haber reconciliación en países que han sido afectados por procesos de violencia y graves violaciones a los DDHH, sin investigar y declarar la verdad a través de procesos en los que se respeten los derechos de los acusados, y en los que se impongan los castigos que merecen.
Quienes pretenden mirar hacia adelante olvidando el pasado, ignoran que si no se establece la verdad histórica de los hechos y se castiga a los responsables de crímenes repudiables es imposible avanzar hacia el futuro. Me parece inaceptable que JVR sostenga que como las masacres de Accomarca y Puccayacu ocurrieron hace un cuarto de siglo, hay que olvidarlas. ¿En qué se basa para sostener que los genocidas han cambiado psicológicamente por el transcurso del tiempo? ¿No ha visto y escuchado en las audiencias a los Colina negar sus crímenes en algunos casos y en otros, como el de Martin Rivas, sostener que actuaron bien y que no se arrepienten?
Es poco serio proponer el arresto domiciliario de Guzmán. No voy a explicar las decenas de razones. Solo debo recordar que ha sido condenado por delitos que ofenden a la humanidad. ¿En su caso también el paso del tiempo justifica el olvido y el perdón judicial? No queremos ese tipo de olvido. Ese no debe ser el punto final de esta historia. Busquemos la reconciliación procesando la verdad y creando el consenso de que estos actos no deben repetirse nunca más, ni de uno ni de otro lado.
En el Viejo Testamento, el profeta anunciaba la buena nueva y denunciaba la injusticia. No es esta la situación. En todo caso, si el profeta no quiere ser lapidado, es mejor que no se ponga a tiro de piedra.
Ley de amnistía o de punto final
Por Javier Valle RiestraMe siento un discípulo o maestro apedreado. En la columna Ofidio que apareció el domingo, me apostrofan como el Abogado del Diablo. ¿Por qué? Porque he desarrollado verbal e informalmente en CPN-Radio una posible ley de amnistía o de punto final que ustedes con justicia vanguardista podrían aceptar por ser defensores de los Derechos Humanos de propios y extraños. ¿Cómo comenzó el tema? Me telefonearon para reportearme si yo estaba de acuerdo con el régimen de visitas informal y liberal a Alberto Fujimori. Respondí que sí y que me hallaba en la propia línea del Presidente de la República, quien no se perturbó al respecto y hasta le pareció lógico. Natural; él es hijo de un viejo luchador aprista, García Ronceros, quien pasó lustros en el Panóptico. Por eso le dije a la entrevistadora que debíamos elevarnos y buscar la pacificación nacional, evidentemente no lograda con mezquindades y que me tenía sin cuidado lo dicho por un ex jefe del INPE. Prefería yo las palabras de Alan. Pero agregué: el Perú necesita, sustantivamente, una ley de punto final. Esas leyes se dieron en 1945, excarcelando a centenas de apristas incriminados de hechos violentos y cruentos acontecidos en las catacumbas; se repitieron en 1956, al acabar la dictadura odriísta; y en 1980 con FBT por iniciativa parlamentaria mía. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Las leyes de amnistía no son para los inocentes –que puede haberlos– sino para culpables, que por razones ideológicas o pasionales infringieron el código punitivo desde un punto de vista izquierdista o desde una perspectiva derechista. No solo puede reclamarse amnistía para los militares, que atropellaron en defensa del orden público burgués. Ni tampoco solo una amnistía para la izquierda emerretista o de otra índole. Sería una amnistía hemipléjica. Divagando telefónicamente con mi interlocutora –yo no he presentado ahora ningún proyecto de ley– dije que había que acabar con los procesos de El Frontón (los militares debieron vencer a los insurrectos por cansancio, cercándolos); La Cantuta (los militares debieron llevarlos, malheridos, a un centro hospitalario); Accomarca, Puccayacu (menos explicables, pero acontecidos hace más de un cuarto de siglo, los sujetos activos resultan cromosómicamente iguales, pero psicológicamente son personas distintas y hasta antipódicas por el efecto destructor del tiempo). Como la periodista insistía en si Abimael tenía derecho a casarse, le repliqué que era humano y democrático y cristiano, y que no debía hacerlo por poder, sino personalmente. Y agregué –y allí está el origen del problema– que muchos casos como el de él podrían dar lugar a arresto domiciliario, lo cual sería altamente pacificador. Las amnistías no pueden ser cojas. Lo dicho por mí ha sido una opinión circunstancial, y no un proyecto parlamentario. Aquí lo sustantivo es, más allá de polémicos detalles casuísticos: busquemos la ley de punto final, el Perú la reclama en vísperas del nuevo gobierno 2011-2016, en que incluso debemos tener una Constitución bicameral. Todo nuevo desde el subterráneo. Fíjense lo que le ha pasado al juez Baltasar Garzón, de quien soy amigo y admirador. Lo han sometido a proceso penal por prevaricato y suspendido en la judicatura. Pretendía juzgar la Guerra Civil española empezada el 18 de julio de 1936 y hasta procesar post morten al generalísimo Francisco Franco y a los insurrectos de entonces. Muy estético políticamente; polémico penalmente, pasar a horcajadas sobre la atipicidad, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada, el sobreseimiento. Buscaba grandes principios, es verdad, pero no era ortodoxo. Aquí nuestra ortodoxia es más fanática. Nace del siglo XVI, de la Inquisición. Se es culpable no solo por hablar, sino por pensar en el fuero íntimo.
ALGO SOBRE AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ
Hace unos días el jurista Javier Valle Riestra emitió una opinión fuera de lo común para el enrarecido e inquisitorial ambiente de postguerra que reina en el Perú (CPN 15/05/10). Dijo que tenía confianza de que en el Perú se impulsara una Ley de Amnistía General que permitiera reconciliar al pueblo.Propuso también, a contracorriente de la “opinión pública” predominante, que debiera ampliarse el número de visitas a Gonzalo, el jefe maoísta de la revolución peruana, o que se le concediera arresto domiciliario.Esto se produjo en circunstancias en que Fujimori venía siendo fustigado por medios como Caretas o La República, debido a las libertades que tiene en prisión para hacer proselitismo político.Me es indiferente si Fujimori recibe visitas diurnas o nocturnas o si realiza un mitin en su celda. ¿No fue bajo el gobierno de este apátrida y taimado en que se detuvo al comando mismo de la guerra revolucionaria? ¿No fue bajo su dirección política que se perpetraron genocidios como el de Canto Grande en mayo de 1992?A mi lo que me interesa e importa es que Gonzalo y los aún centenares de prisioneros políticos salgan de las prisiones. Me interesa que los más de diez mil exiliados que tuvieron que salir del país por causales del conflicto interno, puedan volver donde los suyos. Que los miles de requisitoriados que hay en el país y que detienen cada cierto tiempo para montar psicosociales, tildándolos de “mandos que iban a hacer atentados”, superen ese estado de incertidumbre. Que se derogue tanta ley antisubversiva, hecha para combatir la guerra popular y que ahora las usan como ariete contra el movimiento social. Me interesa que el millón de desplazados por causas de la guerra puedan retornar a su suelo natal. Que haya planes de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto y que siguen en su honda y centenaria miseria. Que los que aún se mantienen en armas como los del Huallaga (Artemio), se incorporen a la vida social. Una Amnistía General beneficia a ambas partes: a los que se rebelaron en la búsqueda de un orden nuevo y los que defendieron al orden opresor.Tiene que ser una solución política, evidentemente, porque el proceso vivido fue eminentemente político. No una solución jurídica que es lo que se ha pretendido con el “Megaproceso”. Ni tampoco una solución ética, promovida por la izquierda burguesa a través de su Museo de la Memoria.Y don Javier Valle Riestra, desde la otra orilla, creo que ha acertado en su planteamiento. Mantuvo un odio furibundo hacia la guerra popular, empleó los peores epítetos contra Gonzalo cuando propuso un Acuerdo de Paz. Pero en este asunto ha dado un paso adelante.Antes planteaba una Amnistía parcial, sólo para los fujimoristas, Antauro Humala, luchadores sociales y “no para Sendero porque son terroristas”. Hoy ha comprendido que no puede omitir al otro lado de la guerra interna. Y más aún cuando los seguidores de Gonzalo han decidido sacar de las mazmorras a su líder y a todos los que quedan, la mayoría purgando condenas que sobrepasan los 15 o 20 años.Por eso ha dicho muy expresivamente: “Confió que en el Perú se impulse una Ley de Amnistía que permita reconciliar al pueblo y acabar con las posiciones reaccionarias del izquierdismo”. Esto último es su entraña de clase, pero no quita que ya salió a luz el campo de convergencia en torno a Amnistía General.El Perú necesita una Amnistía General y eso beneficia sobre todo al pueblo. Necesita cerrar el capítulo histórico de la guerra interna y entrar a un proceso de reconciliación nacional, que no es ninguna “conciliación de clases”, sino la entrada a la madurez social donde las partes asuman sus responsabilidades y la sociedad saque lecciones que sirvan a su futuro.Fuente:
El miedo y la venganza
Sáb, 29/05/2010 - 05:00
Por Alberto Adrianzén M. (*)Hace pocos días un grupo de vecinos de Miraflores organizó una vigilia en protesta por la llegada de Lori Berenson a su distrito. No discuto que tengan derecho de hacerlo; sin embargo, más allá de mi rechazo al terrorismo, a los terroristas y a lo hecho por Berenson, las reacciones que ha desatado su libertad condicional me parecen lamentables.Un papel central en este hecho lo tienen algunos medios que vienen instigando no solo una suerte de linchamiento simbólico de la Berenson sino también una cultura del miedo y de las fobias. Una de las vecinas de este distrito, seguramente alentada por la presencia de las cámaras de TV, declaraba que Lori Berenson llevaba en sus genes esta suerte de enfermedad que se llama terrorismo: “Ellos no cambian. Lo llevan en su ADN y en sus genes. Siempre serán terroristas”. Otro decía: “A mí me da asco tenerla acá y me preocupa; que se vaya a su país. No solamente porque viva en Miraflores. Donde vaya va a ser rechazada porque esa mujer no está bien de la cabeza”. Por su parte, el alcalde del distrito, Manuel Masías, también dijo lo mismo: Miraflores y sus vecinos han sido castigados duramente por el terrorismo, como para tolerar a una vecina sentenciada por este delito.Nadie duda de que Lori Berenson, al momento de su detención, militaba en una organización terrorista, el MRTA. Tampoco que luego de un juicio que cumplía con todas las garantías legales, fue sentenciada a 20 años de prisión. Asimismo, que tras 15 años de carcelería, y debido a un conjunto de normas legales, ha salido en libertad condicional. Uno puede discutir si esos dispositivos que permitieron su libertad son o no los más adecuados; incluso, si está o no verdaderamente arrepentida de sus delitos; sin embargo, hay dos hechos que resultan particularmente relevantes: Berenson ha cumplido gran parte de su condena y la jueza ha tomado una decisión que es legal.No estamos, por lo tanto, frente a una demanda de justicia que se fundamenta en que no puede existir un crimen sin castigo (Berenson ha sido castigada). Tampoco se puede argumentar que estamos frente a una violación del Estado del Derecho (su libertad es de acuerdo a ley). Por lo tanto, este caso no expresa el conflicto entre el Estado de Derecho y el Estado de Justicia. Estamos, más bien, frente a una manipulación política que busca promover, con ayuda de algunos medios, una cultura del miedo y de la venganza.Pues todas estas actitudes antes que demandar justicia lo que piden, es, más bien, venganza. Con ello, además, se bloquea que otros sentenciados por terrorismo que están sinceramente arrepentidos de sus delitos y crímenes puedan salir de prisión tras cumplir gran parte de su condena, negándoles cualquier posibilidad de resocialización y reconciliación.Hay, además, que señalar que todos estos argumentos son irracionales ya que contribuyen, paradójicamente, a que se cumplan los objetivos de Lori Berenson y de aquellos que han hecho lobby por su liberación, como el gobierno de EEUU (es decir, a que termine su condena en su país y no en el nuestro). Pero lo más preocupante es observar lo poco que hemos avanzado en cuanto a convivencia civilizada. Me pregunto si el alcalde Masías y los vecinos que hoy protestan harían lo mismo si a su distrito fuese a vivir el teniente Telmo Hurtado o el famoso “Camión”, responsables de crímenes de lesa humanidad durante los años de violencia política.Sin embargo, me preocupa más esta lógica mediática del “pogrom” que alienta primero el linchamiento (ahora simbólico) para luego promover políticas que buscan separar a los “estigmatizados”. En poco tiempo, no me extrañaría que todos aquellos que han cumplido sus condenas y/o que están arrepentidos, tengan que andar con un distintivo y vivir en otros barrios, rodeados de muros. Una historia ya conocida. (*) albertoadrianzen.lamula.pe
Ley de amnistía o de punto final
Por Javier Valle RiestraMe siento un discípulo o maestro apedreado. En la columna Ofidio que apareció el domingo, me apostrofan como el Abogado del Diablo. ¿Por qué? Porque he desarrollado verbal e informalmente en CPN-Radio una posible ley de amnistía o de punto final que ustedes con justicia vanguardista podrían aceptar por ser defensores de los Derechos Humanos de propios y extraños. ¿Cómo comenzó el tema? Me telefonearon para reportearme si yo estaba de acuerdo con el régimen de visitas informal y liberal a Alberto Fujimori. Respondí que sí y que me hallaba en la propia línea del Presidente de la República, quien no se perturbó al respecto y hasta le pareció lógico. Natural; él es hijo de un viejo luchador aprista, García Ronceros, quien pasó lustros en el Panóptico. Por eso le dije a la entrevistadora que debíamos elevarnos y buscar la pacificación nacional, evidentemente no lograda con mezquindades y que me tenía sin cuidado lo dicho por un ex jefe del INPE. Prefería yo las palabras de Alan. Pero agregué: el Perú necesita, sustantivamente, una ley de punto final. Esas leyes se dieron en 1945, excarcelando a centenas de apristas incriminados de hechos violentos y cruentos acontecidos en las catacumbas; se repitieron en 1956, al acabar la dictadura odriísta; y en 1980 con FBT por iniciativa parlamentaria mía. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Las leyes de amnistía no son para los inocentes –que puede haberlos– sino para culpables, que por razones ideológicas o pasionales infringieron el código punitivo desde un punto de vista izquierdista o desde una perspectiva derechista. No solo puede reclamarse amnistía para los militares, que atropellaron en defensa del orden público burgués. Ni tampoco solo una amnistía para la izquierda emerretista o de otra índole. Sería una amnistía hemipléjica. Divagando telefónicamente con mi interlocutora –yo no he presentado ahora ningún proyecto de ley– dije que había que acabar con los procesos de El Frontón (los militares debieron vencer a los insurrectos por cansancio, cercándolos); La Cantuta (los militares debieron llevarlos, malheridos, a un centro hospitalario); Accomarca, Puccayacu (menos explicables, pero acontecidos hace más de un cuarto de siglo, los sujetos activos resultan cromosómicamente iguales, pero psicológicamente son personas distintas y hasta antipódicas por el efecto destructor del tiempo). Como la periodista insistía en si Abimael tenía derecho a casarse, le repliqué que era humano y democrático y cristiano, y que no debía hacerlo por poder, sino personalmente. Y agregué –y allí está el origen del problema– que muchos casos como el de él podrían dar lugar a arresto domiciliario, lo cual sería altamente pacificador. Las amnistías no pueden ser cojas. Lo dicho por mí ha sido una opinión circunstancial, y no un proyecto parlamentario. Aquí lo sustantivo es, más allá de polémicos detalles casuísticos: busquemos la ley de punto final, el Perú la reclama en vísperas del nuevo gobierno 2011-2016, en que incluso debemos tener una Constitución bicameral. Todo nuevo desde el subterráneo. Fíjense lo que le ha pasado al juez Baltasar Garzón, de quien soy amigo y admirador. Lo han sometido a proceso penal por prevaricato y suspendido en la judicatura. Pretendía juzgar la Guerra Civil española empezada el 18 de julio de 1936 y hasta procesar post morten al generalísimo Francisco Franco y a los insurrectos de entonces. Muy estético políticamente; polémico penalmente, pasar a horcajadas sobre la atipicidad, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada, el sobreseimiento. Buscaba grandes principios, es verdad, pero no era ortodoxo. Aquí nuestra ortodoxia es más fanática. Nace del siglo XVI, de la Inquisición. Se es culpable no solo por hablar, sino por pensar en el fuero íntimo.
ALGO SOBRE AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ
Hace unos días el jurista Javier Valle Riestra emitió una opinión fuera de lo común para el enrarecido e inquisitorial ambiente de postguerra que reina en el Perú (CPN 15/05/10). Dijo que tenía confianza de que en el Perú se impulsara una Ley de Amnistía General que permitiera reconciliar al pueblo.
Propuso también, a contracorriente de la “opinión pública” predominante, que debiera ampliarse el número de visitas a Gonzalo, el jefe maoísta de la revolución peruana, o que se le concediera arresto domiciliario.
Esto se produjo en circunstancias en que Fujimori venía siendo fustigado por medios como Caretas o La República, debido a las libertades que tiene en prisión para hacer proselitismo político.
Me es indiferente si Fujimori recibe visitas diurnas o nocturnas o si realiza un mitin en su celda. ¿No fue bajo el gobierno de este apátrida y taimado en que se detuvo al comando mismo de la guerra revolucionaria? ¿No fue bajo su dirección política que se perpetraron genocidios como el de Canto Grande en mayo de 1992?
A mi lo que me interesa e importa es que Gonzalo y los aún centenares de prisioneros políticos salgan de las prisiones. Me interesa que los más de diez mil exiliados que tuvieron que salir del país por causales del conflicto interno, puedan volver donde los suyos. Que los miles de requisitoriados que hay en el país y que detienen cada cierto tiempo para montar psicosociales, tildándolos de “mandos que iban a hacer atentados”, superen ese estado de incertidumbre. Que se derogue tanta ley antisubversiva, hecha para combatir la guerra popular y que ahora las usan como ariete contra el movimiento social. Me interesa que el millón de desplazados por causas de la guerra puedan retornar a su suelo natal. Que haya planes de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto y que siguen en su honda y centenaria miseria. Que los que aún se mantienen en armas como los del Huallaga (Artemio), se incorporen a la vida social. Una Amnistía General beneficia a ambas partes: a los que se rebelaron en la búsqueda de un orden nuevo y los que defendieron al orden opresor.
Tiene que ser una solución política, evidentemente, porque el proceso vivido fue eminentemente político. No una solución jurídica que es lo que se ha pretendido con el “Megaproceso”. Ni tampoco una solución ética, promovida por la izquierda burguesa a través de su Museo de la Memoria.
Y don Javier Valle Riestra, desde la otra orilla, creo que ha acertado en su planteamiento. Mantuvo un odio furibundo hacia la guerra popular, empleó los peores epítetos contra Gonzalo cuando propuso un Acuerdo de Paz. Pero en este asunto ha dado un paso adelante.
Antes planteaba una Amnistía parcial, sólo para los fujimoristas, Antauro Humala, luchadores sociales y “no para Sendero porque son terroristas”. Hoy ha comprendido que no puede omitir al otro lado de la guerra interna. Y más aún cuando los seguidores de Gonzalo han decidido sacar de las mazmorras a su líder y a todos los que quedan, la mayoría purgando condenas que sobrepasan los 15 o 20 años.
Por eso ha dicho muy expresivamente: “Confió que en el Perú se impulse una Ley de Amnistía que permita reconciliar al pueblo y acabar con las posiciones reaccionarias del izquierdismo”. Esto último es su entraña de clase, pero no quita que ya salió a luz el campo de convergencia en torno a Amnistía General.
El Perú necesita una Amnistía General y eso beneficia sobre todo al pueblo. Necesita cerrar el capítulo histórico de la guerra interna y entrar a un proceso de reconciliación nacional, que no es ninguna “conciliación de clases”, sino la entrada a la madurez social donde las partes asuman sus responsabilidades y la sociedad saque lecciones que sirvan a su futuro.
Fuente:
Sáb, 29/05/2010 - 05:00
Por Alberto Adrianzén M. (*)
Hace pocos días un grupo de vecinos de Miraflores organizó una vigilia en protesta por la llegada de Lori Berenson a su distrito. No discuto que tengan derecho de hacerlo; sin embargo, más allá de mi rechazo al terrorismo, a los terroristas y a lo hecho por Berenson, las reacciones que ha desatado su libertad condicional me parecen lamentables.
Un papel central en este hecho lo tienen algunos medios que vienen instigando no solo una suerte de linchamiento simbólico de la Berenson sino también una cultura del miedo y de las fobias. Una de las vecinas de este distrito, seguramente alentada por la presencia de las cámaras de TV, declaraba que Lori Berenson llevaba en sus genes esta suerte de enfermedad que se llama terrorismo: “Ellos no cambian. Lo llevan en su ADN y en sus genes. Siempre serán terroristas”. Otro decía: “A mí me da asco tenerla acá y me preocupa; que se vaya a su país. No solamente porque viva en Miraflores. Donde vaya va a ser rechazada porque esa mujer no está bien de la cabeza”. Por su parte, el alcalde del distrito, Manuel Masías, también dijo lo mismo: Miraflores y sus vecinos han sido castigados duramente por el terrorismo, como para tolerar a una vecina sentenciada por este delito.
Nadie duda de que Lori Berenson, al momento de su detención, militaba en una organización terrorista, el MRTA. Tampoco que luego de un juicio que cumplía con todas las garantías legales, fue sentenciada a 20 años de prisión. Asimismo, que tras 15 años de carcelería, y debido a un conjunto de normas legales, ha salido en libertad condicional. Uno puede discutir si esos dispositivos que permitieron su libertad son o no los más adecuados; incluso, si está o no verdaderamente arrepentida de sus delitos; sin embargo, hay dos hechos que resultan particularmente relevantes: Berenson ha cumplido gran parte de su condena y la jueza ha tomado una decisión que es legal.
No estamos, por lo tanto, frente a una demanda de justicia que se fundamenta en que no puede existir un crimen sin castigo (Berenson ha sido castigada). Tampoco se puede argumentar que estamos frente a una violación del Estado del Derecho (su libertad es de acuerdo a ley). Por lo tanto, este caso no expresa el conflicto entre el Estado de Derecho y el Estado de Justicia. Estamos, más bien, frente a una manipulación política que busca promover, con ayuda de algunos medios, una cultura del miedo y de la venganza.
Pues todas estas actitudes antes que demandar justicia lo que piden, es, más bien, venganza. Con ello, además, se bloquea que otros sentenciados por terrorismo que están sinceramente arrepentidos de sus delitos y crímenes puedan salir de prisión tras cumplir gran parte de su condena, negándoles cualquier posibilidad de resocialización y reconciliación.
Hay, además, que señalar que todos estos argumentos son irracionales ya que contribuyen, paradójicamente, a que se cumplan los objetivos de Lori Berenson y de aquellos que han hecho lobby por su liberación, como el gobierno de EEUU (es decir, a que termine su condena en su país y no en el nuestro). Pero lo más preocupante es observar lo poco que hemos avanzado en cuanto a convivencia civilizada. Me pregunto si el alcalde Masías y los vecinos que hoy protestan harían lo mismo si a su distrito fuese a vivir el teniente Telmo Hurtado o el famoso “Camión”, responsables de crímenes de lesa humanidad durante los años de violencia política.
Sin embargo, me preocupa más esta lógica mediática del “pogrom” que alienta primero el linchamiento (ahora simbólico) para luego promover políticas que buscan separar a los “estigmatizados”. En poco tiempo, no me extrañaría que todos aquellos que han cumplido sus condenas y/o que están arrepentidos, tengan que andar con un distintivo y vivir en otros barrios, rodeados de muros. Una historia ya conocida.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe
Que vuelva Fujimori para que no salgan los terroristas
No sé, amigo lector, si usted ha sentido esta semana, como yo, una sensación que el gobierno de Alberto Fujimori no había concluido como creía, que la transición del 2000-2001 nunca existió, y que la CVR sólo hubiese servido para llenar cientos de páginas con reflexiones que no han producido ningún impacto en la conciencia nacional.
Primero fue la celebración del cumpleaños de la hija del emperador, a ritmo de Thriller, Rock de la Cárcel y Pedro Navaja, que aparte de sus evidentes mensajes -regresan los muertos vivientes, se vacilan con las prisiones y siguen guardando el cuchillo al fondo del gabán-, servía para resaltar que en el Perú se puede haber asaltado la caja pública, impulsado escuadrones de la muerte para eliminar opositores, organizado un golpe de Estado y otros crímenes y burlarse de los peruanos, sin que nadie se escandalice demasiado.
El Fujimorismo feliz es como un símbolo de lo que ha pasado en los últimos diez años y que se refleja en las encuestas de intención de voto.
Pero no ha sido todo. En estos mismos días una prensa de escasa memoria se ha expresado casi por unanimidad con una impresionante nostalgia por la legislación antiterrorista que estuvo vigente hasta inicios de la década, olvidando la inmensidad de injusticias que derivaron de ella, al punto que el propio sátrapa de los 90 tuvo que empezar a corregirlas cuando todavía era presidente.
La misma prensa ha perdido de vista además dónde estuvo el escenario principal de la guerra, quiénes fueron los que más sufrieron los rigores de la violencia y la militarización, y las múltiples responsabilidades que hubo en la violación de losderechos humanos; y se ha zurrado también en el derecho de todas las personas a cambiar y a recuperar su libertad y sus derechos cuando cumplen su pena, etc.
Evidentemente la tranquilidad de las personas es un valor que debe respetarse y que puede ser entendible la resistencia de un grupo de vecinos a tener cerca de una ex presidiaria emblemática. Pero es el mismo derecho al que apelaban los pobladores de Ancón al rechazar la construcción del penal de Piedras Gordas cerca de su vivienda, y nadie les brindó un centésimo de la cobertura de prensa que se ha brindado al caso Berenson, en Miraflores.
Lo que más debe preocupar, sin embargo, es que un grupo representativo de personas sea inducido a un odio irracional, al punto de ocurrírsele que la norteamericana podría usar su vivienda para conspirar para atentados que nunca realizó antes de estar presa, o que imaginen que existe una especie de genética de la violencia o de ideología que no se puede sacar de la cabeza que empuja a ciertas personas a tirar bombas, sin ningún objetivo, exponiéndose a volver a la cárcel o a morir en la acción.
Hasta hoy, y después de poco más de quince años desde el fin del capítulo principal de la guerra interna, casi no se han dado casos de subversivos que hayan salido de la cárcel para volver a las andadas. Pero el país sigue como el primer día, como que algunos hombres grandes y gordos han declarado en estos días que tienen miedo de Berenson y varias mujeres han insultado a sus ancianos padres y a su bebé cuando llegaban a su casa. A todos ellos y a cierta prensa, yo los escuchaba pidiendo que vuelva Fujimori, el único que puede salvarnos.
Primero fue la celebración del cumpleaños de la hija del emperador, a ritmo de Thriller, Rock de la Cárcel y Pedro Navaja, que aparte de sus evidentes mensajes -regresan los muertos vivientes, se vacilan con las prisiones y siguen guardando el cuchillo al fondo del gabán-, servía para resaltar que en el Perú se puede haber asaltado la caja pública, impulsado escuadrones de la muerte para eliminar opositores, organizado un golpe de Estado y otros crímenes y burlarse de los peruanos, sin que nadie se escandalice demasiado.
El Fujimorismo feliz es como un símbolo de lo que ha pasado en los últimos diez años y que se refleja en las encuestas de intención de voto.
Pero no ha sido todo. En estos mismos días una prensa de escasa memoria se ha expresado casi por unanimidad con una impresionante nostalgia por la legislación antiterrorista que estuvo vigente hasta inicios de la década, olvidando la inmensidad de injusticias que derivaron de ella, al punto que el propio sátrapa de los 90 tuvo que empezar a corregirlas cuando todavía era presidente.
La misma prensa ha perdido de vista además dónde estuvo el escenario principal de la guerra, quiénes fueron los que más sufrieron los rigores de la violencia y la militarización, y las múltiples responsabilidades que hubo en la violación de losderechos humanos; y se ha zurrado también en el derecho de todas las personas a cambiar y a recuperar su libertad y sus derechos cuando cumplen su pena, etc.
Evidentemente la tranquilidad de las personas es un valor que debe respetarse y que puede ser entendible la resistencia de un grupo de vecinos a tener cerca de una ex presidiaria emblemática. Pero es el mismo derecho al que apelaban los pobladores de Ancón al rechazar la construcción del penal de Piedras Gordas cerca de su vivienda, y nadie les brindó un centésimo de la cobertura de prensa que se ha brindado al caso Berenson, en Miraflores.
Lo que más debe preocupar, sin embargo, es que un grupo representativo de personas sea inducido a un odio irracional, al punto de ocurrírsele que la norteamericana podría usar su vivienda para conspirar para atentados que nunca realizó antes de estar presa, o que imaginen que existe una especie de genética de la violencia o de ideología que no se puede sacar de la cabeza que empuja a ciertas personas a tirar bombas, sin ningún objetivo, exponiéndose a volver a la cárcel o a morir en la acción.
Hasta hoy, y después de poco más de quince años desde el fin del capítulo principal de la guerra interna, casi no se han dado casos de subversivos que hayan salido de la cárcel para volver a las andadas. Pero el país sigue como el primer día, como que algunos hombres grandes y gordos han declarado en estos días que tienen miedo de Berenson y varias mujeres han insultado a sus ancianos padres y a su bebé cuando llegaban a su casa. A todos ellos y a cierta prensa, yo los escuchaba pidiendo que vuelva Fujimori, el único que puede salvarnos.
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