Por Javier Diez Canseco
Después de un año del “Baguazo”, un baño de sangre provocado por la irresponsable pretensión gubernamental de enfrentar violentamente la prolongada lucha de los pueblos amazónicos luego de faltarles el respeto, ningunear sus reclamos y rechazar las vías de la negociación, la situación es preocupante pues ha comenzado a enrarecerse otra vez con la amenazante y bipolar actitud del Presidente y su gobierno.
En comunicado público oficial el Gobierno “transmite a los deudos de los nativos y policías… sus más… sentidas muestras de consideración” y resalta cientos de reuniones y de acciones tomadas para un Plan de Desarrollo Amazónico, incluida la autógrafa de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, hasta ahora no promulgada. Pero, ese mismo día, García declara que Bagua fue “un asesinato en frío de 24 policías”, “una masacre de policías… víctimas de una emboscada”. Su Ministro de Agricultura insiste en buscar dividir AIDESEP y acusa a Pizango –que acaba de ponerse a derecho por voluntad propia– de “querer politizar este tema que le ha costado muchas vidas y dolor al país”, recuerda sólo la muerte de 24 policías y obvia la responsabilidad política y penal de quien ordenó esta acción. Coincidentemente, un grupo de personas agreden el local de AIDESEP, con polos de “Pizango Asesino” y se ponen similares carteles en la Vía Expresa de Lima “espontáneamente”.
¿El Baguazo fue un trueno en cielo sereno? No. La lucha amazónica y de AIDESEP venía del 2008. Denunciaban Decretos Legislativos (DL) inconstitucionales y lesivos a las comunidades nativas, impuestos por García con la máscara de adecuar la legislación al TLC con los EEUU. Luchando, lograron que el Congreso derogue dos y revise el resto de DL. Pero se aplicó a medias y la recomendación de derogar los DL inconstitucionales y que atropellaban a los amazónicos en su derecho a la consulta previa, se congeló. Alan García los llamó ciudadanos de segunda e incapaces de “poner en valor” las tierras que les pertenecían: las transnacionales debían asumir ese rol del progreso. Mercedes Aráoz azuzó el fuego falseando el peligro del TLC con los EEUU. Cabanillas y Flores Aráoz se prestaron a la impulsiva decisión de desalojar violentamente a miles de pobladores en la Curva del Diablo. Yehude Simon, Primer Ministro, fue incapaz de renunciar en lugar de avalar tal torpeza.
La operación fue un desastre. Ni siquiera se previó la situación de decenas de policías retenidos en la bomba 6. La ofensiva policial baleó a muchos nativos, la versión radial de la muerte de un importante dirigente al intentar mediar, la ira colectiva, costó 34 vidas, 10 nativos y pobladores, 24 policías, en dos escenarios distintos, la Curva y la estación 6. Sólo después se abrió paso a la derogatoria congresal de otros dos DL, la negociación con el gobierno y la instalación del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
Tras un año, el Presidente de la Comisión Episcopal, así como muchos colectivos ciudadanos, han demandado diálogo efectivo con los pueblos organizados y sus legítimas direcciones, promulgación de la Ley de Consulta previa y una Comisión de seguimiento sobre los acuerdos adoptados en las negociaciones con los amazónicos. Pero el gobierno parece creer que las agresiones a AIDESEP y Pizango, y las amenazas de García son el camino: volver al atropello y a imponer las tesis del Perro del Hortelano.
Deben entender que los pueblos del Perú y de la Amazonía no aceptarán más faltas de respeto, ni que se les pretenda desarticular, social y políticamente. Han emprendido un camino que podrá ser largo y difícil, pero es ineludible: hacerse respetar y abrir paso a un Perú más justo y plurinacional, soberano en sus decisiones y en el manejo de sus recursos naturales, respetuoso de sus pueblos y del medioambiente, en el que los gobernantes ejerzan sus función obedeciendo al pueblo y rindiendo cuentas a él, forjando una democracia representativa, participativa y comunitaria.
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