¿Cambio o continuidad?

Manuel Burga

La modificatoria de la actual ley universitaria, que podría reemplazar 11 de sus artículos más importantes, que aún espera que el Presidente la promulgue o la observe, ha producido el milagro de resucitar el debate sobre el futuro de la universidad peruana. 

Unos piden que la promulgue, otros –mayoritariamente autoridades– que la observe.  Ambos, así lo expresan públicamente, apuestan por el desarrollo de la universidad peruana.  Los primeros apoyando el cambio y los segundos, aunque parezca paradójico, la continuidad. El presidente de la ANR, máxima autoridad universitaria, casi ha sentenciado al decir que este cambio improvisado produciría más politización e  inestabilidad.

Muchos no saben que los once artículos de esta modificatoria van más allá de la elección de autoridades a través de la “votación universal, obligatoria, directa, secreta y pacífica” y hasta podrían cambiar la naturaleza y las dimensiones de los órganos de gobierno, a través de una mengua del poder político de los decanos, que desaparecen de la Asamblea, donde antes elegían Rector, y se reduce su presencia en el Consejo Universitario, pero aparecen investidos de más poder en los Consejos de Facultad. Lo que convertiría a los órganos de gobierno más en instancias de gestión institucional, que en escenarios de componendas y negociación.

Estas instancias se vuelven también más pequeñas, más ejecutivas, con una Asamblea de 36 miembros, un Consejo de 12 y un Consejo de Facultad de 9,  incluso más pequeños que en las buenas universidades públicas chilenas y brasileñas. 

El voto universal, por otro lado, ya es práctica corriente en la universidad española.  En Chile, desde 1981, los profesores principales y asociados eligen a sus autoridades a través del voto universal y muy frecuentemente recurren a una segunda vuelta para dirimir la mayoría necesaria. En la UNAM de México, en cambio, un Consejo de Gobierno compuesto de 15 académicos elige a sus autoridades. Ambas universidades aparecen en el ranking de las 500 mejores universidades del mundo.  La ausencia de estudiantes en la elección de autoridades no anula el poder de sus organizaciones.  Basta recordar la paralización de la UNAM durante 10 meses en 1999 que terminó con la renuncia del rector Francisco Barnés,  algo que nunca ocurre en nuestro país.

Las modalidades de elección de autoridades son parte de las tradiciones políticas de cada país, están muy enraizadas y son definitivamente muy difíciles de cambiar. Esta modificatoria, por eso, trata de profundizar y adecentar la democracia universitaria, no de hacer un nuevo “Córdoba tardío”, sino de proponer una manera para superar la prebenda y el clientelismo.  Tampoco creo que el voto universal lleve a una mayor politización.  Probablemente exija, eso sí, que los candidatos tengan méritos académicos y presenten y defiendan sus propuestas públicamente dentro de sus instituciones. ¿Esto podría desestabilizar a las universidades?

¿Podría venir un aventurero con ofrecimientos populistas, en la pública o privada?  Esto ocurrió en San Marcos el 2006, con el sistema actual, cuando el candidato Luis Izquierdo ofreció la gratuidad irrestricta, el comedor y la residencia universitaria, algo que ha conducido lógicamente a la crisis y al desgobierno.

Tampoco hay improvisación, ni es simplemente una respuesta apurada ante la inopinada presencia de SL en una universidad en crisis. Desde los años 1990 se habla de una nueva ley universitaria y desde el 2001 incluso de una Segunda Reforma con voto universal. El Congreso de la República, en noviembre del 2005, atendiendo un pedido de la FENDUP, suprimió la reelección de autoridades para debilitar la fuerza de los operadores y clientelas. Por lo tanto, no estamos ante una improvisación sino ante una disyuntiva decisiva, ¿cambio o continuidad?  El Presidente sabrá identificar el buen sentido de la historia.