El gobierno y las universidades

Por Luis Jaime Cisneros

Ha hecho bien el Consejo Nacional de Educación (CEN) de expresar en un comunicado su desacuerdo con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, relativo a la vida universitaria. Situaciones como las que ahora hace frente San Marcos deben ser resueltas por la universidad. Al mismo tiempo, el CEN ha creído oportuno mostrar su opinión discordante respecto a la sentencia establecida por el Tribunal Constitucional en relación con las ‘filiales universitarias’. Obligación inexcusable del CEN es vigilar que todo lo relacionado con los diversos niveles de la educación cumpla, con eficiencia y rigor, las exigencias previstas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN). No había modo, por lo tanto, de que el Consejo pasara en silencio estos actos que, en verdad, agudizan los trastornos por los que pasa la universidad.

La vida universitaria está hoy empeñada en una lucha riesgosa (no porque el peligro sea perecer, sino durar). El precio de la educación superior se ha revelado menor que el dinero, endiosado como en los viejos tiempos de Baal. Se crean ‘universidades’ (es decir, se adjudica esa calificación), sin advertir que no hemos preparado adecuadamente a quienes serían sus esperables alumnos. Y algo más grave: se admite la existencia de dos tipos de instituciones con el mismo nombre de ‘universidad’. Las hay, así, como instituciones académicas dedicadas a la enseñanza superior y a la investigación. Pero las hay, asimismo, como empresas cuyo interés último no está claramente diferenciado entre lo ‘académico’ y lo ‘comercial’. Con todo esto, la educación universitaria en el país queda librada a la improvisación y al azar.

El comunicado del Consejo no solamente muestra esas opiniones discordantes. Atento a sus responsabilidades de Asesor, propone crear con urgencia el ‘Ente Rector Autónomo’, que sería “la autoridad competente para articular toda la Educación Superior”. En realidad, el CEN no arriesga novedad alguna. Nos remite a una propuesta existente en el PEN. Lo que realmente sugiere el Consejo es que ese “Ente Rector” hasta ahora olvidado sea regido “por personas con indiscutible reconocimiento nacional e internacional en la producción y gestión del conocimiento”.

Añade el Consejo su preocupación por la situación en que se hallan algunas ‘filiales’ universitarias y acuerda la necesidad de que el sistema de evaluación de la calidad educativa sea provisto de los recursos necesarios para que pueda cumplir “sus funciones de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior existentes”.

Los problemas que revela este comunicado no pueden extrañarnos a quienes conocemos la crisis de nuestra realidad pedagógica, y lo difícil que resulta enfrentar oportuna y resueltamente las varias situaciones por las que atraviesa el magisterio, raíz de que enseñanza y aprendizaje se vean internacionalmente descalificados. Tratar de encarar asuntos relativos a la enseñanza superior, sin haber resuelto los concernientes a la educación básica regular, constituye una majadera utopía. Obligada tarea del Consejo Nacional de Educación es estudiar la situación y proponer modos de encarar y resolver técnicamente lo concerniente. Los asuntos pedagógicos deben ser estudiados y resueltos por los pedagogos.

Cuando tomamos en consideración quiénes integran el CNE y los vínculos que cada uno de sus miembros tiene con la tarea pedagógica, debemos celebrar lo oportuno que resulta el comunicado, que pone de relieve cómo vive alerta el CNE a su misión.