Augusto Álvarez Rodrich
Las dudas sobre el nuevo acuerdo anticorrupción.
El pacto anticorrupción es el último compromiso asumido por las distintas fuerzas políticas peruanas en el contexto electoral pero, al igual que los dos anteriores acuerdos –contra el narcotráfico y por un juego limpio y con ética en las elecciones–, una cosa es lo que se firma y otra, muy diferente, lo que al final se cumple.
Este pacto anticorrupción se produce en un momento en el que la corrupción ha trepado posiciones en la lista de los principales problemas nacionales hasta alcanzar el primer lugar que antes era ocupado tradicionalmente por la falta de empleo.
Esto se explica no solo por el surgimiento de escándalos de corrupción relevantes durante el gobierno del presidente Alan García sino, principalmente, por la sensación justificada de impunidad cuando los peces gordos están vinculados al poder.
El caso de los ‘petroaudios’ es, sin duda, emblemático en el reforzamiento de esa percepción ciudadana, pues a estas alturas del proceso ya es evidente que se ha producido un contubernio al más alto nivel con el fin de evitar que se conozca la verdad, incluyendo a los principales poderes del Estado.
No de otra manera se puede explicar lo que viene sucediendo –en realidad, lo que no viene sucediendo– en la sala del juez Jorge Barreto, quien simplemente ha decidido hacerse de la vista gorda y ni siquiera revisar miles de emails de Rómulo León.
En este contexto, si bien se puede celebrar la buena intención que seguramente acompaña a varios de los que han firmado el pacto reciente contra la corrupción –instituciones del Estado, partidos políticos y entidades de la sociedad civil–, la pregunta que surge inmediatamente es qué tendrá de novedoso para que alguno de sus buenos deseos se haga realidad.
Sus promotores sostienen que, a diferencia de los acuerdos previos, el que se acaba de firmar establece una serie de compromisos específicos que apuntan a minimizar el camino para la corrupción, incluyendo el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, o el fortalecimiento de los sistemas de contrataciones y adquisiciones en el Estado.
No obstante, es legítima la duda en relación con el efecto real contra la corrupción que pueda tener este nuevo acuerdo. Está muy bien que se promuevan estas iniciativas, pero lo fundamental para que realmente se puedan cumplir es imposible de poner en un papel que se pueda firmar, pues eso dependerá de la voluntad política verdadera para combatir a la corrupción caiga quien caiga, lo cual es, justamente, lo que ha faltado en el Perú, desde la colonia hasta nuestros días.
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