Distrito rico, país pobre

Por Nicolás Lynch

Cecilia Blume en diversas entrevistas en la última semana ha repetido un argumento falaz, queriendo echarles la culpa a los ciudadanos del distrito de Echarate y de la provincia de La Convención por el movimiento en contra de la exportación del gas que ocurre en esa región. El argumento de Blume no va al fondo del reclamo: la necesidad de anular los contratos de exportación de gas, sino que busca desviar la atención en otro punto, el supuesto mal uso del canon por las autoridades de Echarate y La Convención. Usa de esta manera un viejo truco polémico: “matar al mensajero” para desacreditarlo y de esta forma quitarle legitimidad a su reclamo de fondo.

¿Es que acaso no pueden reclamar sobre el uso del gas aquellos en cuya jurisdicción se produce la explotación del recurso? En el razonamiento de Blume no deberían hacerlo, más todavía cuando reciben un dinero que es producto de esa explotación. Sin embargo, también podemos ver el asunto de diferente manera. Los que están más cerca de la explotación del gas es cierto que se benefician del canon producto del mismo, pero a la vez no tienen acceso al recurso o tienen que pagarlo a precios exorbitantes. Viven entonces, en carne propia, una aguda contradicción, ya que acceden en dinero a una pequeña porción de la riqueza generada, pero a la vez no pueden beneficiarse del gas mismo que ven irse a sustentar el desarrollo de otros pueblos. Esta contradicción genera, más que en ninguna otra población en el Perú, la conciencia de la reivindicación nacional por el gas.

Decir que son un distrito rico es entonces una verdad a medias, porque son un distrito que a pesar de la cercanía con Camisea solo se puede beneficiar parcialmente de esa riqueza. La verdad completa es que se trata de un distrito aparentemente rico que está en un país pobre. Un país cuya pobreza respecto del gas es que no puede usar este recurso natural para su propio beneficio sino que, por obra de malos gobernantes, el recurso beneficia a otros, principalmente grandes consorcios privados y extranjeros y, a la postre, a otros países.

Esto es lo que oculta el argumento falaz de Cecilia Blume, que en lugar de debatir sobre el país y su futuro energético prefiere quedarse en Echarate y La Convención, quizás con la esperanza de que nos olvidemos de aquello que ha motivado la protesta en primer lugar: exigir la anulación de esos contratos de exportación lesivos para el Perú.

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