Por Antonio Zapata
Una reciente resolución suprema ha cercenado el archivo histórico del Archivo General de la Nación, AGN, trasladándolo al Instituto Nacional de Cultura, INC. Esta medida liquida al AGN como institución, puesto que le retira el corazón y queda desmembrado. De acuerdo a las leyes vigentes, el AGN brinda asistencia técnica a los archivos en uso en toda institución pública y privada; recibe los documentos recientemente traspasados en un archivo denominado intermedio; y finalmente, después de 30 años, coloca los documentos en el archivo histórico, ambos abiertos al público. Ahora, con la comentada resolución suprema, el AGN queda pintado en la pared porque pierde su parte sustancial.
El problema principal de esta decisión es que rompe el ciclo natural del documento, que desde su emisión, está bajo la custodia de archiveros que lo conducen a una sola institución. Ese sistema unitario deriva de la necesidad de preservar el documento y evitar que se destruya. Lamentablemente, la decisión del Ejecutivo rompe este ciclo y lo entrega a dos instituciones rivales, las cuales pelearán y perderán el patrimonio documental que la Nación les ha encargado preservar.
Este contrasentido, además, no respeta la Constitución vigente ni la jerarquía de las normas. Se trata de una simple resolución suprema, pero contraviene una ley, la 25323, promulgada el 10 de junio de 1991, que precisamente crea el sistema nacional de archivos bajo la dirección del AGN. Hoy día ese sistema ha sido puesto en cuestión por una norma de menor jerarquía que carece de sustento legal.
Por su lado, el cercenamiento del AGN no ha sido consultado con las instituciones interesadas. Es un rayo en cielo sereno. La cuestionada norma ha sido promulgada en secreto, sin la menor transparencia ni debate público.
Asimismo, es una disposición única porque en todos los países del mundo rige una sola ley archivística; según la cual, los documentos se clasifican de la misma manera y los administran los archivos nacionales. No hay un solo país del mundo donde los archivos se clasifiquen de una manera singular. Asimismo, no hay país del mundo donde los archivos estén a cargo de varias instituciones. El sistema estandarizado es la norma entre los archiveros del planeta, hasta que un día el Perú decidió caminar en sentido inverso.
Otro punto es el anteproyecto para crear el nuevo Ministerio de la Cultura. En ese texto, se anticipa que el nuevo ministerio fusionará tres instituciones íntegras: Biblioteca Nacional, INC y AGN. No se dice que una institución ha de absorber parte de otra, como ha sido el caso con el traslado del archivo histórico al INC. Así, la criticada resolución suprema incluso contradice los conceptos que el mismo Ejecutivo venía haciendo públicos.
Como es fácil entender, esta iniciativa ha sembrado un justificado temor en la Biblioteca Nacional de sufrir el mismo cercenamiento que ha experimentado el AGN. Las tres instituciones que mantenían relaciones equilibradas, ahora se hallan en tensión por la ambición de una por fagocitar a las otras.
Sin explicitarse razones, se está desmantelando un sistema creado por el doctor Guillermo Durand Flórez más de 30 años atrás, al constituir el centro de capacitación y los archivos departamentales. Las motivaciones del Ejecutivo se ignoran, salvo que es notorio el apuro de parte de la dirección del INC para efectuar el traslado.
Se sabe de dónde viene la presión, pero todos los archiveros están en desacuerdo y ya han iniciado movilizaciones. Algunos historiadores consultados se manifiestan de acuerdo con ellos y solicitamos al presidente García que reconsidere esta desacertada resolución suprema.
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