Javier M.Iguíñiz Echeverría
Profesor del Dpto. de Economía de la PUCP.
La reforma del sistema de salud en EE.UU., con todas sus limitaciones, constituye una victoria moral y un gran y adeudado paso hacia la universalidad del cuidado de la salud en ese gran país, hacia la valorización de cada una de sus personas.
Esa reforma es necesaria a gritos tanto por la inviabilidad presupuestal como por lo escandaloso del sistema actual. El aspecto presupuestal es de menor importancia dados los recursos privados y públicos de ese país y a la luz de las argumentaciones opositoras el que menos interesa. Ojalá importara más en este caso. De cualquier modo, Estados Unidos es uno de los países que muestra cómo la riqueza de una nación, por muy grande que sea, no soluciona por sí misma el problema de la pobreza masiva y persistente. Es también un país que muestra cómo una amplia clase media no garantiza la desaparición de la precariedad de la vida de una gran parte de su población. Ni en un país así las gigantescas empresas de seguros logran y ni siquiera tratan de asegurar al conjunto de la población con los recursos fundamentales para sobrevivir. Más aún, se comprueba en ese país que un pueblo con gran religiosidad, en este caso principalmente cristiana, no es necesariamente uno con más conmiseración por el compatriota carente que la de otros pueblos menos religiosos. También que una admirable y frondosa existencia de obras de caridad (charities) no resuelve la angustia de los ancianos ante las olas de calor o de frío, o de jóvenes y viejos ante enfermedades curables. La grandeza de lo logrado por Obama y los estadounidenses que lo apoyan se estima mejor tras recordar lo anterior.
Enfrentar la pobreza como condición social, esto es, como resultante de una firme y legitimada institucionalidad que opera como su mecanismo reproductor resulta especialmente difícil. Y si esa institucionalidad está enmarcada y alimentada por una cultura que hace del desempleo, la precariedad y el desamparo herramientas bienvenidas de equilibrio económico, orden y disciplina social; que convierte el sufrimiento personal, especialmente el ajeno, en social y personalmente terapéutico; que elogia el individualismo y la competencia dejando en la penumbra el valor de la olvidada cooperación la cosa es más difícil aún. De ahí, de nuevo, el mérito de lo logrado.
Nada reemplaza los sentimientos personales de empatía para con el pobre y las acciones individuales y familiares casi siempre silenciosas de atención al enfermo físico y mental, al anciano y a la anciana, a los niños y niñas y así a muchos otros tipos de necesitados de atención y afecto, pero todo eso no excluye la necesidad de apoyo público institucionalizado, respaldo económico y de profesionales, equipos y locales que contribuyan a sostener la vida en toda su dignidad. Y esto último es cuestión de política social que provea viento a favor, añada eficacia y reduzca sacrificio a quienes desde la familia, el hospicio, la posta o el hospital hacen su labor diligentemente.
Compañeros les envío este artículo que salió el miércoles en La República, esta muy interesante y seria adecuado poder estudiarlo para hacer llegar los alcances al autor. Felicitaciones por la renovación de su página, está mucho más motivadora que antes y genera un gran optimismo ver la dedicación y esfuerzo que ponen en las tareas diarias del CIQ'ANTU-UNFV, espero que el artículo enviado pueda ser estudiado, hasta pronto.
ResponderEliminarLa ministra y la Constitución
Carlos Reyna
Puede ser que la Sra. Mercedes Aráoz no tenga muchas simpatías en el Tribunal Constitucional. Según dicen, no atiende el pedido de mejores sueldos para los asesores del TC y ni siquiera contesta las llamadas de los magistrados.
O puede ser que Cementos Lima tenga abogados y lobbystas excepcionales, como para haber logrado una sentencia del TC que la protege de la competencia de empresas extranjeras muy agresivas en su rubro.
O pueden ser ambas cosas. El hecho es que dicha sentencia, quizás sin querer, ha puesto en serios problemas la legitimidad del orden económico imperante en el país. Ha puesto en cuestión la compatibilidad de esta economía con al menos una parte del orden constitucional.
Al oponerse a una eliminación de los aranceles al cemento importado, el TC ha recordado que hasta esta Constitución prohíbe el abuso de los monopolios y que libre competencia significa, entre otras cosas, una regulación que garantice una relativa igualdad de condiciones entre competidores.
Refiriéndose a las prácticas de dumping que en este caso quiere prevenir el TC, el magistrado Carlos Mesía ha dicho: “El TC ha puesto a las empresas de cemento en pie de igualdad, que no se traiga cemento de afuera a precio barato y que se venda al mismo precio de las empresas nacionales”.
El problema para los partidarios del actual orden económico es que la lógica del TC para el cemento bien podría ser reivindicada por otros productores nacionales para sus respectivos sectores. Allí donde Mesía dice “cemento”, otros podrían colocar “textiles” o “productos agrícolas“, y reclamar mayor protección arancelaria ante el mismo TC.
Más allá de eso, lo que está recordando el TC es que la esfera económica no está liberada de obligaciones constitucionales. Que el MEF no es una cápsula autónoma respecto al marco constitucional. Que la Sra. Aráoz está tan obligada como el resto de ministros. Y eso quiebra la tesis neoliberal de una economía apolítica regida sólo por los oráculos del mercado.
No sé si otros aprovecharán la brecha abierta por el TC. Pero es posible que ella no se hubiera abierto si la ministra apreciara más las artes políticas y saliera menos como sacerdotisa del mercado. Ya antes propició lo de Bagua, ahora esto y encima viene lo de Olmos.