Javier Valle-Riestra propone ley “de punto final” para reconciliar a peruanos

Lima.- Una ley de “punto final” o de amnistía como la que se dictó en Uruguay en 1986 para militares, policías y civiles que se encuentren en la condición de procesados, denunciados, y condenados, por la comisión de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y agresión, siempre y cuando hayan sido objeto de la aplicación de una legislación punitiva dictada posterior a los hechos, propuso el tribuno y jurista Javier Valle-Riestra.

La propuesta la hizo en un dictamen elevado al ministro de Defensa, Rafael Rey, donde sustenta poner fin a la persecución de que son objeto las personas mencionadas desde hace más de 25 años y sobre los cuales los tribunales locales han invocado la aplicación de los tratados sobre crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y agresión (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), así como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
“Considero necesaria la dación de una ley de punto final o de amnistía porque estamos ad portas de un nuevo proceso electoral del 2011, con los partidos políticos descapitalizados, sin grandes caudillos que enerven y conduzcan a las masas, con la finalidad de compensar estas carencias y fundar la unidad nacional que tanto demandan los desafíos del futuro, porque en caso contrario el Perú corre el peligro de perecer”, dijo.

Valle-Riestra aclaró que en los alcances de esta ley no estarían los procesados o condenados por delito de terrorismo porque las leyes punitivas que lo castigan fueron tipificadas en el momento que ocurrieron y no son posteriores a los hechos como los otros, que han dado lugar a que haya centenares de uniformados y civiles en las cárceles o que son objeto de persecución”, agregó.

¿Quiénes estarían comprendidos? Le preguntamos y respondió: “Estarían sin duda todas las personas a las cuales por hechos anteriores a la promulgación de las legislaciones mencionadas se encuentran sufriendo procesamiento o han sido condenados, y entre ellos están muchos oficiales de las FFAA, policías y ronderos, cuya mención obligaría a un listado para el cual se requeriría una página aparte”.

Ley clara

“Por supuesto para acabar con estos atropellos debería presentarse, y yo estoy dispuesto hacerlo, una ley de amnistía muy clara y casuística respecto a estos casos. Algunos alegarán que ha habido violación de derechos humanos para neutralizar la ley, pero la verdad es que no existe ni el argumento más remoto, salvo en Accomarca y Pucayaccu acontecido en 1985. ¿Pero cabe, reflexiono in rectore, perseguir a un hombre cinco lustros? No lo creo. Jurídicamente es el mismo individuo; humanamente, no”, remarcó.

Le recordamos que en el mundo hay persecuciones por delitos cometidos mucho más allá de los 25 años. Responde: “Contrariando la experiencia internacional, creo que una persona que comete un crimen a los 20 años no puede estar en la cárcel a los 90, como sucede en algunas prisiones francesas o alemanas. Por el DNI y la partida de nacimiento es la misma persona, pero espiritual y sicológicamente es otro ser, de tal manera que se estaría castigando a una persona distinta a la que merece la sanción”.

Para advertir los alcances de su propuesta, señala otros trabajos suyos, como “Amnistía, Indulto y Gracia”, publicado en LA RAZÓN, donde ha sustentado una amnistía parcial –entre otras– para proteger a los jóvenes licenciados que intervinieron en los hechos de Andahuaylas sin protagonizar hechos cruentos.

“Las amnistías por delitos político-sociales en el Perú se han promulgado en el Perú en 1945, en que fueron excarcelados decenas de militantes y dirigentes apristas procesados, se repitieron en 1956, en 1963, en 1980. (...). Estas gracias sirven para reconciliar a la sociedad. De lo contrario, habría que suprimirlas de la Constitución”, acotó.

ALGO SOBRE AMNISTÍA GENERAL EN EL PERÚ

Hace unos días el jurista Javier Valle Riestra emitió una opinión fuera de lo común para el enrarecido e inquisitorial ambiente de postguerra que reina en el Perú (CPN 15/05/10). Dijo que tenía confianza de que en el Perú se impulsara una Ley de Amnistía General que permitiera reconciliar al pueblo.

Propuso también, a contracorriente de la “opinión pública” predominante, que debiera ampliarse el número de visitas a Gonzalo, el jefe maoísta de la revolución peruana, o que se le concediera arresto domiciliario.

Esto se produjo en circunstancias en que Fujimori venía siendo fustigado por medios como Caretas o La República, debido a las libertades que tiene en prisión para hacer proselitismo político.

Me es indiferente si Fujimori recibe visitas diurnas o nocturnas o si realiza un mitin en su celda. ¿No fue bajo el gobierno de este apátrida y taimado en que se detuvo al comando mismo de la guerra revolucionaria? ¿No fue bajo su dirección política que se perpetraron genocidios como el de Canto Grande en mayo de 1992?

A mi lo que me interesa e importa es que Gonzalo y los aún centenares de prisioneros políticos salgan de las prisiones. Me interesa que los más de diez mil exiliados que tuvieron que salir del país por causales del conflicto interno, puedan volver donde los suyos. Que los miles de requisitoriados que hay en el país y que detienen cada cierto tiempo para montar psicosociales, tildándolos de “mandos que iban a hacer atentados”, superen ese estado de incertidumbre. Que se derogue tanta ley antisubversiva, hecha para combatir la guerra popular y que ahora las usan como ariete contra el movimiento social. Me interesa que el millón de desplazados por causas de la guerra puedan retornar a su suelo natal. Que haya planes de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto y que siguen en su honda y centenaria miseria. Que los que aún se mantienen en armas como los del Huallaga (Artemio), se incorporen a la vida social. Una Amnistía General beneficia a ambas partes: a los que se rebelaron en la búsqueda de un orden nuevo y los que defendieron al orden opresor.

Tiene que ser una solución política, evidentemente, porque el proceso vivido fue eminentemente político. No una solución jurídica que es lo que se ha pretendido con el “Megaproceso”. Ni tampoco una solución ética, promovida por la izquierda burguesa a través de su Museo de la Memoria.

Y don Javier Valle Riestra, desde la otra orilla, creo que ha acertado en su planteamiento. Mantuvo un odio furibundo hacia la guerra popular, empleó los peores epítetos contra Gonzalo cuando propuso un Acuerdo de Paz. Pero en este asunto ha dado un paso adelante.

Antes planteaba una Amnistía parcial, sólo para los fujimoristas, Antauro Humala, luchadores sociales y “no para Sendero porque son terroristas”. Hoy ha comprendido que no puede omitir al otro lado de la guerra interna. Y más aún cuando los seguidores de Gonzalo han decidido sacar de las mazmorras a su líder y a todos los que quedan, la mayoría purgando condenas que sobrepasan los 15 o 20 años.

Por eso ha dicho muy expresivamente: “Confió que en el Perú se impulse una Ley de Amnistía que permita reconciliar al pueblo y acabar con las posiciones reaccionarias del izquierdismo”. Esto último es su entraña de clase, pero no quita que ya salió a luz el campo de convergencia en torno a Amnistía General.

El Perú necesita una Amnistía General y eso beneficia sobre todo al pueblo. Necesita cerrar el capítulo histórico de la guerra interna y entrar a un proceso de reconciliación nacional, que no es ninguna “conciliación de clases”, sino la entrada a la madurez social donde las partes asuman sus responsabilidades y la sociedad saque lecciones que sirvan a su futuro.
Ver: http://territoriocomanche.wordpress.com/2010/05/20/algo-sobre-amnistia-general-en-el-peru/