I. PARTIDO, LUCHAS, REIVINDICACIONES Y SUBVERSIÓN EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO (Parte I)
Ricardo Yarasca T.
INTRODUCCIÓN
El tema del presente artículo hace referencia a los antecedentes de uno de los más graves problemas que ha afrontado nuestro país durante la década del 80 del siglo XX: La violencia política, constituido como uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad que tuvo como principales protagonistas al denominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Es abundante la literatura aparecida en estos últimos tiempos sobre el tema, pero no con el debido rigor científico ni la objetividad que requiere un análisis serio que permitan dilucidar las causas, esclarecer hechos y los motivos de los orígenes de tales levantamientos armados. La información más de las veces ha sido distorsionada, se han ocultado realidades recurriéndose a la más denotada condena a quienes han planteado un orden alterno al vigente o ha quienes han sido participes o protagonistas en el intento de buscar una sociedad diferente.
Es muy claro en este sentido, que la historia la han escrito siempre los vencedores. Cuando se producen los conflictos sociales el perdedor es erradicado y el vencedor siempre escribe, pues la oficialidad, siempre ha usado métodos de neutralización política y académica en el empeño de negar el examen crítico de la dinámica de las relaciones de poder y los conflictos derivados de la misma.
Una historia elaborada bajo la anterior premisa será siempre el resultado unilateral de los hechos.
Por lo general lo que no se toma en cuenta es, que la violencia social o política que irrumpió a inicios de los años 80 ha sido el resultado de un producto histórico, no surgió de un día para otro, pues los hechos demuestran que nuestra sociedad fue haciéndose progresivamente violenta cuando en el proceso de su formación, los elementos integrantes de ésta no lograron integrarse armónicamente; es decir cuando las relaciones étnicas, económicas, de clase, de espacios regionales y de estructuración del estado, no han fluido de manera continua. Si estas relaciones son consideradas como injustas por gran parte de la sociedad y vividas como formas de violencia que la estructura ejerce sobre ellos mismos, la aceptación y el consenso social resultan extremadamente precarios llegando a formar una sociedad estructuralmente violenta.
Es evidente hasta nuestros días que nuestro país sigue sufriendo graves problemas de unidad como nación y en su conformación como estado dependiente, afectando enormemente nuestras posibilidades de desarrollo. Dominación, corrupción en las cúpulas de poder estatal, marginación, concentración de la riqueza, pobreza generalizada en diversas zonas de nuestro país y la represión son algunos de los elementos más visibles de nuestra realidad.
Es muy importante en el análisis de temas como el de la violencia política la aclaración realizada por Nelson Manrique en el sentido de evitar formas sesgadas de interpretar tal fenómeno, el preguntarnos por las carencias de la sociedad peruana que hicieron suyas como denuncia los grupos levantados en armas. Éstos asumiendo acciones de guerra revolucionaria obedecieron a planes guiados por objetivos políticos definidos. En este sentido la violencia no es, pues, ni gratuita ni irracional ya que se sitúa en el contexto de los objetivos políticos concretos que se proponen alcanzar determinados grupos. [1]
Bajo esta premisa nuestro aporte se orienta a entender la naturaleza de la grave crisis social transformada en violencia en nuestro país lo que nos remite a volver sobre los antiguos problemas históricos que nuestra sociedad no ha resuelto.
No hay que olvidar que en 15 años de violencia política que vivió el país, las Fuerzas Armadas gozaron de una persistente impunidad de facto por falta de voluntad de los gobiernos de turno para asumir la tarea de subordinar a las instituciones armadas a la autoridad civil. Esta abdicación de la responsabilidad de los gobiernos permitió que innumerables masacres de campesinos, la represión sangrienta de motines carcelarios, miles de desaparecidos y asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares quedaran aun sin respuesta.
Al respecto, Hugo Zalazar de Alcazar comenta sobre aquellos momentos de violencia vividos, que la realidad parecía haber superado a la fantasía. “si usted sale a la calle sin un documento de identidad se convierte en un potencial candidato de detención. Los restaurantes, centros comerciales, oficinas, quintuplican sus medidas de seguridad. Las grandes mansiones residenciales doblan el alto de sus muros perimetrales y los coronan de vallas electrificadas y computarizadas. Hay quien ha llevado a la paranoia al extremo y ha minado su casa y edificio. Lima a la manera de la Colonia, se vuelve a amurallar y a proteger de si misma”[2]
Antes tales circunstancias vividas en el país el historiador Alberto Flores Galindo observó también el ambiente de intolerancia que tendió a dominar la escena intelectual de los años 80, señalando lo siguiente: “frente a un fenómeno como el senderismo no existe la posibilidad de estudiarlo o analizarlo, solo cabe la condena más rotunda, hasta bordear en el reclamo de la pena de muerte. Con unos o con otros. No hay término medio. La lógica del terror o de las zonas de emergencia traspuesta al mundo universitario. Si un autor no muestra que a lo menos escribe desde el poder, razonando como si fuera un miembro de las fuerzas armadas, o un sociólogo asimilado a la policía. Se vuelve un sospechoso”[3]. Similar explicación nos cometaria Wilfredo Kapsoli en una de sus clases de maestría en la UNMSM, hace unos años, sobre los motivos del giro en sus estudios sobre los temas de los movimientos campesinos en los momentos del conflicto armado.
Por otro lado la situación carcelaria de los presos políticos pasó a ser de las más condenables por las condiciones infrahumanas impuestas que parecieron ser pensadas para destruir a estas personas. Se aprobó un régimen carcelario durísimo aplicable sin ningún tipo de distingo o consideración. Esto como parte de una legislación antiterrorista calificada con las más severas del mundo según la Comisión Goldman. En una entrevista hecha a Pilar Coll sobre el tema señala por ejemplo la prohibición de televisión, radio o periódicos para los internos “se dice para que los terroristas no puedan celebrar sus éxitos” se constituía en un hecho inhumano, igualmente como lo de las 23 horas y media encerrados y solo media hora de patio; o que celdas de 3 por 3 tengan que ser compartidas por tres personas y refiriéndose al penal de máxima seguridad, al que conoció directamente, nos dice: “en Castro Castro, casi no se dispone de Luz: no está puesta en las celdas sino en los corredores y de manera alterna, de tal forma que si llega a una a la siguiente no. A partir de las 6 de la tarde ya no se puede hacer absolutamente nada. Esto es capaz de desestabilizar emocionalmente a cualquiera”.
Sobre las vistas a los presos políticos, indica Coll, fue excesivamente severo: “La media hora al mes de 2 familiares directos, se convierte en 20 minutos y se da en unas condiciones en las que es muy difícil la comunicación. Son normalmente 10 internos y 20 familiares hablando a la vez sin ningún tipo de separación entre el uno y el otro, con lo cual se entienden a gritos y con una distancia de medio metro entre las dos mallas, ni siquiera se llegan a ver bien las caras.” Entre otros aspectos carcelarios concluye Coll: “el régimen de alimentación es también deficiente. Básicamente reciben una comida al día e infusiones en la mañana, más dos o tres panes, y uno en la tarde. Los familiares pueden llevar comida pero una sola vez al mes. No hay medicinas y la atención es totalmente insuficiente. Alguien puede tener una orden médica de salida al hospital y pueden pasar varios meses sin que ocurra por falta de gasolina o custodios. El 12% de los internos de Castro Castro tiene tuberculosis. La gente menos implicada tiene más problemas de salud porque somatizan su situación, mientras que los convictos y confesos son mas resistentes porque se apoyan en su ideología”[4]
De la misma manera estudios realizados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos revelaron sobre acusaciones falsas a personas inocentes que tuvieron que purgar prisión por varios años, sin haber tenido ningún tipo de vinculación voluntaria con Sendero Luminoso o con el MRTA. En una publicación referida a personas inocentes que injustamente fueron acusadas de terrorismo indica: “sabemos quienes son, donde están, sus nombres, los de sus hijos, padres, hermanos, amigos, sus historias, como fueron detenidos, muchas veces presentados con trajes a rayas y torturados, enjuiciados por jueces sin rostro, tribunales militares, sin abogado, violentándose todas las garantías elementales de lo que la civilidad ha llamado juicio justo” añadiendo : “sabemos que son inocentes pero siguen presos. La mayoría ha cumplido un promedio de entre cinco años y siete años de injusta prisión… Todas víctimas del autoritarismo del régimen en el ejercicio de la función jurisdiccional, víctimas de esa tradición nacional de una justicia temerosa y sumisa frente al poder (económico y político) y envalentonada y abusiva frente al pobre, al débil”.[5]
Aunque resulte difícil de creer, estos abusos señalados además de las masacres y matanzas producidas durante todo el tiempo de la violencia política se produjeron durante los gobiernos “democráticos” de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y de Alan García (19985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000)
Hoy más que nunca se hace necesario reconocer las experiencias históricas de las cuales se puedan extraer enseñanzas y así poder construir una visión integral de nuestra realidad sin que esto deje al margen nuestras acciones valorativas de reivindicación del socialismo y el marxismo como soportes de la construcción de proyectos alternativos al actual sistema capitalista.
En este sentido asumimos una opción reivindicativa con los sectores populares que aparecen como generadores de organización así como con sus sentimientos y objetivos, es decir con aquellos que no existen para la historia oficial.
La enseñanza de la historia debe buscar hacer recuperar el ejercicio de la comprensión que solo es posible cuando el pasado se incorpora estrechamente como experiencia colectiva del presente en que vivimos.
En esta primera parte se señalan aspectos más importantes sobre los orígenes, antecedentes del PCP y las luchas sociales y políticas de la época antes de la irrupción de la lucha armada iniciada en los años 80.
EL PARTIDO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL PROLETARIADO
Para dilucidar la irrupción de los movimientos subversivos en el país en la década del 80 debemos remitirnos hacia un elemento de vital importancia como es el origen del Partido Comunista Peruano en 1928, fundación que precede a los grandes hechos de la década del 30 momentos que se vieron afectados por la gran crisis mundial y del imperialismo, tiempos de gran desocupación, de represión contra los trabajadores, de ilegalización y de grandes luchas del movimiento sindical. Una época muy dura para los obreros y campesinos del país.
El contexto económico social previo a la fundación del Partido Comunista está caracterizado la extensión de la propiedad monopólica en el agro, la minería y la industria urbana. Aparecen en la costa los obreros asalariados y en las áreas desocupadas por el capital monopólico los campesinos indígenas son sacados de sus comunidades y expuestos a una distinta relación social y cultural. Las bases económicas de los sectores dominantes se encontraban en comercio, la minería, la banca y la agricultura de exportación, lo cual fue en parte consecuencia del rol del nexo entre el país y el mercado externo, el Perú y los intereses imperialistas, tanto ingleses como norteamericanos.
En el caso de la minería, la extracción del cobre y de la plata implicó que cerca de una centena y media de mineras peruanas, fueran absorbidas por lo que fue la Cerro Cooper Corporartion controlado por capitales norteamericanos. Igual ocurrió con el petróleo. En el caso del azúcar lo mismo, dándose como resultado la transferencia de tierras de medianos y pequeños propietarios del valle del Chicama a tres grandes conglomerados industriales.
En el aspecto político se produce la caída de Leguía, el ascenso de Sánchez Cerro, y posteriormente la etapa transitoria que culmina con el gobierno de Benavides. Durante esta época existieron tres corrientes fundamentales en el seno del proletariado: la anarcosindicalista, la comunista y la aprista, la primera fue perdiendo fuerza durante la década y casi desaparece dentro del rol jugado por el movimiento obrero. Hay que reconocer que el anarcosindicalismo jugó un gran papel de 1918 a 1927; ella dio origen a las primeras huelgas, a la gran huelga de 1918, a la de 1919, a las jornadas de las 8 horas, la lucha por el abaratamiento de las subsistencias, y tuvo influencia en la formación de la Federación Obrera Peruana del año 1922 hasta 1927. Pero ya en este último año es la acción de José Carlos Mariátegui la que prevalece en el seno de movimiento obrero y la que desde ahí se esfuerza por dotar al proletariado de una conciencia de clase, por fijar los principios del sindicalismo clasista y sobre todo por darle una organización nacional que culmina con el surgimiento de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Para Mariátegui la conciencia de clase a la que hacía referencia, no debía traducirse “en declamaciones hueras y estrepitosas…”, sino debía traducirse “en solidaridad con todas las reivindicaciones fundamentales de la clase trabajadora. Señalando además que debía traducirse en disciplina. “No hay solidaridad sin disciplina. Ninguna obra humana es posible sin la mancomunidad llevada hasta el sacrificio de los hombres”[6]
Los estudios de Cesar A Guadalupe, señalan que de 1928 a 1930 el Partido fundado y conducido por José Carlos Mariátegui poseyó una gran iniciativa organizativa como política y cultural que le permitió desarrollarse y contribuir al desarrollo del movimiento social. Es decir, que el trabajo emprendido por Mariátegui hasta 1930 puede ser considerado como fundacional. Las preocupaciones estaban centradas en los objetivos políticos de largo plazo y, por lo tanto, la actividad apuntaba a la creación de instrumentos sólidos consistentes como el frente único, alternativa ante una realidad en que el movimiento clasista era muy limitado e incipiente. Para Mariátegui el frente único no significaba “la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una sola doctrina, sino una acción contingente, concreta práctica”[7]
Es así que se puede percibir que todas las actividades del partido fundado por Mariátegui se veían enmarcadas en un discurso ideológicamente principista en la perspectiva de un objetivo político visualizado en el largo plazo. Las actividades fueron pacientes, se evitaban riesgos innecesarios y la propia existencia del partido y de la célula de los siete eran realidades clandestinas[8], pues ya para estos momentos el régimen denominado como el “oncenio” asume una conducta a la vez paternalista y represiva contra el proletariado, decidido hacer del Perú una “patria nueva” a través del despliegue de obras públicas, de articulación del espacio peruano a través de la construcción de caminos mediante la política de conscripción vial eufemismo que utilizaba la utilización compulsiva de mano de obra indígena, abriendo mercados y apelando a la masiva inyección de capitales norteamericanos.
En términos económicos, las exportaciones fueron dinámicas por el concurso del azúcar, del algodón (sembrados en áreas agrícolas, cada vez más grandes como consecuencia de la expansión de la frontera por políticas de irrigación), del cobre, del petróleo, y por el impulso derivado de masivas inversiones del capital norteamericano. Pero esta bonanza estuvo supeditada al desempeño del mercado y del capital internacional.
En cuanto a política exterior estadounidense, fue una etapa de intervención abierta a la política latinoamericana: la intervención de Santo Domingo, Haití, Nicaragua, la imposición de la enmienda Platt a Cuba. Tal como indica Carlos Malpica este tipo de política se le denominó “diplomacia del dollar”, o política del Big Stick” que traducción a nuestro idioma significa del “Gran Garrote”. Su más típico representante fue Theodore Roosevevelt del Partido Republicano.[9]
Es entre marzo y mayo de 1930 que las líneas de trabajo iniciadas por Mariátegui van dando un giro transformador. En reunión del Comité central organizador del Partido Socialista del Perú (01 y 04 de marzo de 1930) se designa a Eudocio Ravines Secretario General y se aprueba la filiación a la III Internacional, como resultado de esa reunión Luciano Castillo, decide renunciar como lo habían hecho antes F.L Chávez León, Teodomiro Sánchez entre otros miembros del Comité Central. En octubre del mismo año se da una ruptura transcendental para la historia del Partido Comunista del Perú: la implementación de la táctica clase contra clase, que entre otras cosas, significó el poner la meta final (traducida como república soviética) en el orden del día y desarrollar una política sectaria con evidentes desviaciones que contribuyeron decididamente al aislamiento político del PCP, en fin desviaciones de izquierda, con resultados de derecha en concreto.
La acción comunista de los años treinta se traduce también en una intensa actividad de agitación social y de articulación con el movimiento obrero, momento histórico en realidad óptimo desde el punto de vista de la situación social y de la crisis política del poder oligárquico, se pudo trabajar en función de concretar un esquema de insurgencia popular generalizada, pero no se hizo porque la concepción de clase contra clase y sus tácticas orientadas exclusivamente hacia la acción del sector obrero, le impedían una alianza con otros sectores antioligárquicos. Es decir que en lugar de plantearse una línea adecuada de formación de la alianza obrero campesina, se lanza a la clase obrera aislada al frente de combate, se la lanza sola, este error estaba a la base del planteamiento de la formación de los soviets a partir de la huelga minera, de ahí que la clase obrera sufriera en su dirección partidaria derrotas, con la ilegalización del Partido Comunista, la desorganización de la CGTP, las masacres en el centro, las persecuciones y detenciones. Esta represión estatal se dio casi de forma ininterrumpida y consagró sus propios métodos e instrumentos. Tales fueron los casos que el Presidente Samanez Ocampo decide inaugurar las deportaciones a Madre de Dios.
La Junta de Gobierno de Samanez Ocampo que transitoriamente asumió el gobierno despliega una política duramente represiva en los primeros meses de 1931. En marzo dicta el D.S. 7060, que declara el estado de sitio en Lima y Callao. El 28 de mayo da el D.S. 7166 por el cual declaraba que toda huelga producida en cualquier departamento conduciría automáticamente a la suspensión de las garantías constitucionales, en dicho departamento. Este Decreto se dicto a los pocos días de que se produjo una masacre en Cañete, cuando los obreros agrícolas de seis sindicatos fueron reprimidos con un saldo oficial de dos muertos. Al mismo tiempo se producían huelgas también y movimientos en el Cusco, Arequipa, Mollendo y Talara. La ola represiva provocó la inmediata movilización de rechazo por parte de obreros y estudiantes en Lima. La FEP realiza una movilización el 3 de junio, en la cual participaron obreros y estudiantes de manera conjunta. En el mitin, realizado en la plaza de armas habían obreros de Cañete, Talara, choferes y portuarios. Obviamente esta movilización fue duramente reprimida. Como saldo quedó la muerte del chofer José Luis Perla. Es necesario tener en cuenta la importancia del sector estudiantil en la década del 30 en que la Federación de Estudiantes estaba dirigida por miembros del PC o vinculados al PC, como Mario Samamé y el Médico Tomás Escajadillo.
Otra de las acciones de la mencionada Junta Transitoria de Gobierno, imponente para solucionar las demandas de los sectores sociales desfavorecidos, fue organizar el engaño que se conoció como “complot revolucionario” y el 11 de junio decreta el estado de sitio en toda la República y establece la Ley marcial señalando que las fuerzas armadas encargadas de resguardar el orden público durante la vigencia del estado de sitio podrán hacer el uso de sus armas para reprimir cualquier manifestación publica...” Al día siguiente se derogó dicho Decreto considerando que solo les bastaba con el estado de sitio.
Luego ya en el poder Sánchez Cerro, continuando con la represión, le corresponde la utilización del Artículo 53 de la Constitución (que proscribía a los partidos de organización internacional) y la promulgación de la Ley de Emergencia, que mantuvo su vigencia hasta 1945 afectando derechos y principios constitucionales, adicionándose la Ley 7491 de marzo de 1932 por la cual se estableció, con carácter retroactivo, la pena de muerte. Por su parte, poco después, el Gobierno de Benavidez sancionó la Ley de Defensa y Seguridad de la República (Ley 8505) estos mecanismos permitieron a los gobiernos contar con marcos legales para la persecución política y sindical, como para someter a los acusados a cortes marciales. Esta legislación represiva y las condiciones internas de orientación política al interior del Partido causaron grandes estragos para el creciente movimiento popular generado.
Para esos momentos las acciones encaminadas por de Ravines quien estaba a la cabeza del Partido, tuvieron una concepción totalmente extraña a la ideología marxista leninista, concordante sin duda, con el objetivo pequeño burgués, propio de su origen, en el fondo conservó la mentalidad aprista, pese a su alejamiento con ese partido. Es posible que tratara entonces de acomodar el desarrollo de los problemas políticos a sus propios deseos y a sus posiciones ventajistas, sin tomar en cuenta la realidad objetiva.
En opinión de César Lévano en una critica respecto al fiel internacionalismo proletario de Ravines contrario a Mariátegui, reconoce que fue fatal para el movimiento Comunista Peruano. Pues “su acción aventurera en Mal Paso en 1930, alejada de los niveles de conciencia y sentimiento de las masas, cedió al terreno de la eficacia política del Apra. El aprismo creo el diario “la tribuna”, mientras el PCP se refugiaba en “hoz y martillo”; Haya nucleó a los intelectuales jóvenes, en tanto que Ravines fustigaba a los “pequeñoburgueses” y encapsulaba a los cuadros obreros en un gheto marginal; el aprismo participó en las elecciones de 1931, en tanto el PCP lanzaba candidaturas puramente agitatorias[10]
Durante el gobierno de Oscar R Benavidez, en 1934 Ravines cayó preso, pero logró huir del hospital de Guadalupe y con ayuda extranjera, salió al exilio. La dirección del Partido pasó a manos de Julio Portocarrero y Nicolás Terreros.
De 1936 a 1942 la vida del partido no es legal o cosa que se el parezca, a pesar de lo cual contó con sus márgenes de acción poco mayores, que seguramente fueron más amplios para las acciones de apoyo al Prado como candidato oficial a la presidencia de la República quien al obtener el triunfo presidencial nombró a varios dirigentes comunistas en importantes posiciones durante su primer gobierno (1939-1945) Tal fueron los casos de Armando Bazán ubicado en la Secretaría del la Presidencia ; Esteban Pavletich como asesor, Juan P. Luna como Diputado por Lima quien laboró en una dirección de trabajo; Juan Barrios de Mendoza ocupó también un alto cargo.
En 1942 y el siguiente se pronuncian dos hechos importantes para el PCP: la separación de Eudocio Ravines del Partido (marzo de 1942) y la disolución de la Internacional Comunista (junio de 1943). En todo este periodo salen expulsados varios militantes como Martínez de la Torre, Portocarrero, Larrea, Navarro Madrid, Zerpa Armando Bazán[11]
Para cumplir con las leyes que excluían a los partidos políticos internacionales, el PCP, cambio oficialmente de nombre por el de Vanguardia Socialista del Perú en mayo de 1945, y con ese nombre apoyó la candidatura oficial de José Luis Bustamante y Rivero y obtuvo 5 de los 153 escaños de la Cámara de Diputados, pero ninguno de los 49 asientos del Senado.
Una vez en el poder Odría, instalado por golpe de estado, automáticamente declaró fuera de la ley al Partido Comunista y Aprista, más en las elecciones del 2 de julio de 1950, en las que Odría se presentó como candidato único, su triunfante lista de senadores por Lima incluyó al dirigente comunista Juan P. Luna. Su conducta dio suficientes razones para expulsarle del PCP. No quedaban dudas entonces sobre la colaboración de Luna a la reacción. En este periodo de reorganización, el PCP estuvo dirigido por Manuel Ugarte, elegido Secretario General en el III Congreso Nacional (agosto de 1948), aunque en realidad Jorge del Prado, Jorge Acosta y Barros seguían siendo los más influyentes miembros del Comité Central.[12]Nuevamente se tuvo que encarar una de las más duras arremetidas policiales, la intervención de los locales del partido, clausura de sus imprentas, apresamiento persecución y torturas, siendo deportados muchos de sus militantes a raíz de dación de una norma general de excepción denominada “Ley de Seguridad Interior de la República” (Decreto Ley 1104) destinada a juzgar “todos los casos de delincuencia político –social”.
La gama de delitos previstos en esa norma, señala Diego García Sayán, era extraordinariamente amplia. Iba desde “propalar noticias falsas” hasta “adherir a doctrinas foráneas”. El delito consumado merecía la misma calificación que el delito frustrado. Las penas para la mayor parte de los delitos allí previstos iban desde la multa hasta la expatriación, pero “… cuando se atentare contra la organización del estado y la paz interna de la república…” se podía aplicar la pena de muerte. El fuero competente era el fuero Militar y los procedimientos sumarios. Un aspecto crucial de dicha ley consistió en facultar al Ministerio de Gobierno y Policía (hoy Ministerio del Interior) a tomar las “disposiciones preventivas” destinadas a impedir que se cometan los delitos tipificados en dicha ley. Esas “disposiciones preventivas” que no requerían que el detenido pasase a disposición del juez, dieron lugar a un sin número de arbitrariedades cometidas por el poder central por medio de detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilio, deportaciones de ciudadanos, etc.[13]
Respecto a las medidas impuestas por el gobierno represivas el poeta Leoncio Bueno rememora las leyes del gobierno del Presidente Benavidez con las cuales las cortes marciales aplicaron los famosos ‘500 días’ por el solo “delito” de ser militante o prestar adhesión ideológica a los partidos entonces fuera de la ley PCP y PAP. Un político o sindicalista procesado podía darse por bien servido si resultaba confinado en el penal el Sexto, la Cárcel Central o el Panóptico. “Pasar los 500 días en el Frontón le ponía la carne de gallina al más fogueado” [14]
Este cuerpo legal represivo se configuraba en el sustento de los cambios económicos y de las incipientes tendencias de tecnificación del capitalismo imperialista de base semicolonial y los primeros signos de crisis de los sectores precapitalistas en nuestra sociedad, lo que generó una progresiva liberación de la mano de obra que migraba desde el campo hacia las ciudades, formando un mercado de trabajo y de consumos urbanos, cada vez más importantes. Estas tendencias se intensificaron y aceleraron a partir de 1950, por la ampliación de la penetración imperialista y la correspondiente ampliación de la base exportadora del país, a favor del auge de las exportaciones minerales durante la guerra de Corea y con la implantación de la industria de harina de pescado inmediatamente después. Los mayores recursos que tenían a su disposición tanto la burguesía como el estado .permitieron la iniciación de rápidos cambios en el carácter de la dominación imperialista, por el establecimiento bajo de su control principal, de un aparato industrial urbano destinado básicamente a la producción industrial de sustitución de importaciones lo que permitió el logro de innegables pero desiguales mejoras económicas y sociales conduciendo a una creciente explosión demográfica.
Hacia el Año 1953 se produce otra grave crisis en al dirección del Partido Comunista Peruano y en este proceso de reestructuración algunos grupos se dirigieron hacia el troskismo, otros pasaron a apoyar a Odría, un tercer grupo se aproximo al PCP formando para el efecto el Movimiento Obrero Marxista Leninista (MOML). Otro brote fraccional estuvo dirigido por Virgilio Roel en el intento de formar la vanguardia marxista leninista quienes tuvieron la rotunda oposición de la dirigencia partidaria del PCP determinada en el XV pleno del Comité Central la que se confirma más adelante con la II Conferencia Nacional de 1960.
Ya para estos momentos Ferdinan Cuadros, Ernesto Moore Barionuevo, José Villalobos Ampuero y Saturnino Paredes dirigentes del PCP participan en a formación del Frente de Liberación Nacional (FLN) que al miso tiempo que el (FIR) se proponen orientar la acción revolucionaria.
En 1956 se inauguró lo que se conoce con el nombre de la “convivencia” régimen donde el partido Aprista se compromete en sostener el régimen democrático de Manuel Prado – vinculado a la oligarquía financiera – asumiendo una corresponsabilidad en la mantención de la estabilidad del sistema político a cambio de la legalidad y su incorporación a la vida política, después de largos años de clandestinidad. Fue en este año que determinados sectores democráticos y progresistas buscaron la unidad para apoyar a un Belaunde que fungía de progresista, contra las candidaturas oligárquicas de Prado y Lavalle. En 1962 la izquierda buscó un camino independiente; tan independiente que se presento a elecciones fraccionada en tres. La división y la debilidad de la izquierda trajeron como resultado un fracaso casi tota
EL FRACCIONAMIENTO DE LA IZQUIERDA PERUANA
EL FRACCIONAMIENTO DE LA IZQUIERDA PERUANA
El movimiento comunista internacional había sido objeto de grandes transformaciones para ese entonces; la muerte de Stalin permitió que desde la Unión Soviética empezara a aflorar la “coexistencia pacífica”, como la vía de asumir las relaciones con EE.UU. en momentos que se consideraba en inferioridad militar, focalizando los conflictos sin llegar a una guerra abierta, pero trabajando a la vez en la suficiente acumulación de fuerzas. A su vez, China Popular planteaba una disputa del liderazgo dentro del movimiento.
A lo largo del decenio de 1960 hasta el golpe militar de 1968 se constituye en una etapa de ascenso de las luchas de las masas populares confrontadas a los efectos de sucesivas crisis económicas y el agotamiento del estado oligárquico, las huelgas de los trabajadores se volvieron más frecuentes, pero eran controladas y reprimidas mediante técnicas tales como la manipulación y soborno de los dirigentes sindicales o el envío de tropas. Las más severas de las represiones. Tan solo para dar un ejemplo en el sector minero ocurrió en 1963 cuando tropas del ejército ocuparon la Oroya, pueblo donde estaba situada la fundición de la minera Cerro de Pasco Cooper Corporation, apresando a todos los dirigentes sindicales. Cabe señalar que el progresivo avance de la organización sindical y política de trabajadores y la acumulación de experiencias de lucha fueron afirmando una mayor autonomía de clase del movimiento obrero y la quiebra de los políticos clientelistas, conciliadores y reformistas que dominaron en su seno, llevando al desplazamiento de la hegemonía aprista y al surgimiento de un movimiento clasista.
En el plano económico en esta década se empieza a adoptar otro modelo, esta vez de corte “estructuralista- cepalino” que pone énfasis en el desarrollo industrial interno con protección arancelaria (sustitución de importaciones) e incremento del rol del Estado, pero al privilegiar a la industria se sacrificó a la agricultura, y se descuidaron el déficit fiscal y el déficit externo. Nuestra subordinación al exterior continuó con crecientes requisitos de insumos, tecnología y financiamiento para una industria que crecía pero con carácter oligopólico y orientado a un mercado cautivo externo. La pobreza en el agro se acentuó, las migraciones a las ciudades aumentaron y empezó a surgir en forma masiva el subempleo urbano.
Es a fines de 1963 e inicios de 1964, que se produce otra grave ruptura en el interior del Partido Comunista Peruano, ésta afectaría a todo el desarrollo de la izquierda en el Perú precisamente en momentos que el movimiento social se encontraba en pleno ascenso y donde evidentemente la mayor parte de articulación, coordinación y conducción debió corresponder al Partido Comunista Peruano si se tienen en consideración que para estos momentos los cambios en la economía permitieron la revitalización del movimiento obrero especialmente en sus sectores nuevos y por la ampliación de la actividad minera, pesquera, así como en algunos núcleos de capas medias asalariadas, en especial a magisterio y bancarios.
Como se ha señalado, la pugna internacional entre china y la Unión soviética respecto de los contenidos y opciones del comunismo y su construcción revolucionaria repercutieron notablemente en el interior del comunismo peruano que se encontraba demasiado vinculado a las decisiones de afuera, y lo que produjo el enfrentamiento de tendencias entre las posiciones pro-chinos y pro- soviéticos. Fue en la IV Convención a fines de 1963 que se da la separación de los primeros, que inmediatamente crearían un partido de orientación maoísta: Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Era el inicio de la división. A partir de 1964, las bases el Comité Central del PCP convocaron a su IV Conferencia Nacional. Tras un intenso debate teórico sobre marxismo leninismo y revisionismo, los delgados maoístas llegaron a dominar la situación y precedieron a expulsar a los dirigentes prosoviéticos, especialmente a Jorge del Prado, así como a sus compañeros Raúl Costa, Juan Barrios, Feliz Arias Schereiber, Rodolfo Díaz entre otros. En esta ocasión el dirigente campesino Saturnino Paredes ofreció una conferencia de prensa, durante la cual declaró que el PCP apoyaba la “recuperación de las tierras por los campesinos” y se solidarizaba con la revolución cubana.
El campesinado quería recuperar sus tierras, librarse de la servidumbre y que se respete sus sindicatos. Sobre la base de la Federación de Yanaconas y Campesinos, se organizó en 1956 la Confederación Campesina del Perú (CCP), bajo el liderazgo del Partido Comunista. Dicha organización estuvo vinculada a la organización y las luchas campesinas de la sierra, en especial de la región del Cusco. La reacción de los hacendados y gamonales y autoridades locales frente al despertar campesino, desencadenó represiones y luchas de mayor magnitud. Ocurrieron matanzas de campesinos en varias haciendas y comunidades, de igual modo los obreros continuaban golpeados por la crisis, pedía mejores salario; lo mismo exigía los sectores de la pequeña burguesía.
Para los integrantes de Bandera Roja el significado de la IV conferencia Nacional del Partido Comunista, realizada en enero de 1964, constituía un gran hito en la historia del Partido, en el cual se planteó iniciar una nueva etapa en la orientación y dirección de partido señalando “el retorno del camino de Mariátegui”, lo que les significaba “en teoría adherir al marxismo leninismo y, en la práctica desarrollar la violencia revolucionaria para aplastar la violencia reaccionaria e implantar la dictadura de democracia popular, en esencia la dictadura del proletariado” [15]
Es decir que el Partido Comunista de tendencia maoísta formado a partir de 1964, se nutrió no solo de sus bases campesinas sino que arrastró en su interior a la totalidad de la Juventud Comunista Peruana, cuyos lideres importantes provenían de sus contingentes universitarios forjados en la FER, brazo principal de la lucha antiaprista en las universidades.
De este modo el Partido Comunista oficial volvía a reducirse y a ser atacado por otros grupos de la izquierda, mientras que del Partido Comunista pro-chino, surgían otros partidos marxistas leninistas que diversificarían aun más izquierda, dando paso aun innumerable secuencia de rupturas. Los diversos comités regionales empezaron a tener serias diferencias con la conducción de Saturnino Paredes, produciéndose la primera escisión importante de la época, cuando ambos comités regionales, como Lima y en el Cusco, se apartaron para formar el PCP “Patria Roja”.
En esta dispersión surge y se fortalece la fuente maoísta, que sectores de la izquierda adoptaron como una corriente singular de pensamiento y acción comunista, pero de gran importancia en el Perú por razón del factor campesino.[16] Para entonces la regional Ayacucho ya era todo un germen de partido liderado por el Dr. Abimael Guzmán Reynoso.
En estas condiciones la influencia de la izquierda marxista empezó a crecer cada día más tanto en el estudiantado, la clase obrera y el campesinado, que seguía luchando por sus más justas reivindicaciones, mientras que en un sector de la pequeña burguesía surgirarán nuevas tendencias reformistas como el belaundismo y la Democracia Cristiana.
En efecto, las nuevas movilizaciones de los trabajadores tanto de obreros como de campesinos fue objeto de una represión violenta. Ésta brutal represión, comenta Aníbal Quijano, se da a comienzos de 1963 y 1964 sobre todo en contra de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos y de la Federación de Empleados Bancarios. La primera de estas federaciones encabezó una masiva huelga de toda la rama, con ocupación de fábricas, toma de rehenes, mítines callejeros. Su represión culminó con la expulsión de casi un centenar de trabajadores dirigentes de sus centros de trabajo y con la creación por el APRA de una nueva Federación. La segunda sostuvo una prolongada huelga, con apoyo masivo de sus bases, que fue quebrada incluyendo la expulsión de 600 trabajadores, permitiendo a los apristas retomar el control burocrático de esa Federación. Poco después los trabajadores pesqueros se declararon en huelga en 1966 consiguieron un relativo éxito en sus reivindicaciones y arrasaron a la dirección aprista coludida con los empresarios pesqueros, afirmando una dirección más, combativa.[17]
Paralelamente el movimiento de sindicalización campesina y de recuperación de tierras, iniciado desde 1957, y que había logrado movilizar a vastos sectores campesinos, fue también sangrientamente reprimida, en 1960 en Rancas en el desalojo de los comuneros de sus tierras de pastoreo por la minera Cerro de Pasco C. que añadidas a la matanza de mineros en Toquepala, llevó a la CTP a realizar un paro nacional de protesta el 13 de mayo de 1960, con el encarcelamiento de sus principales dirigentes y la masacre de numerosos grupos, así como también fueron aplastados los intentos guerrilleros que pretendieron darle un nuevo impulso a esas luchas. Simultáneamente a la represión sobre el campesinado se inició una fuerte represión a la izquierda en general.
En efecto, el 5 de enero de 1962 – bajo el pretexto de otro complot comunista, luego de una huelga en Cerro de Pasco y la Oroya -, se llevó a cabo una gran redada, donde cayeron más de 2,000 dirigentes políticos, sindicales, campesinos y estudiantiles; que fueron enviados por la Junta Militar de Gobierno al Frontón y al Sepa. El gobierno atribuyó dicha violencia al Frente de Liberación Nacional, y envió al general Germán Pagador Blondet, Ministro de Gobierno y Policía, a controlar personalmente los disturbios.
Sobre estos hechos las investigaciones de Daniel Materson señalan que a fines de 1962 se produjeron sangrientos desordenes en las minas de la Oroya y en las grandes plantaciones azucareras cercanas a Chiclayo. La Junta de Gobierno reaccionó con energía y en la primera semana de enero detuvo a numerosos líderes laborales comunistas y de otras tendencias de izquierda, poniendo fin a la relativa libertad que hasta entonces habían tenido en su esfuerzo por captar nuevos adherentes. A los excesos de la Oroya siguieron, el 2 de enero de 1963 enfrentamientos aun más violentos entre los trabajadores y la policía en la hacienda Patapo, en la zona azucarera cercana a Chiclayo donde una serie de incendios provocados por los manifestantes causaron grandes perdidas para los dueños de las instalaciones. En los posteriores enfrentamientos entre la Guardia Civil y los trabajadores murieron tres personas y veinte resultaron heridas. La noche del 4 de enero la policía y otros agentes del gobierno arrestaron a más de 800 conocidos comunistas y miembros de otros grupos izquierdistas en un esfuerzo coordinado a lo largo de todo el Perú. Mas de 300 personas fueron arrestadas en Lima, incluyendo al general (r) Cesar Pando Eguzquiza, candidato presidencial del FLN en las elecciones de 1962. También fueron arrestados Luis Alvarado del Sindicato de Trabajadores Bancarios y Guillermo Sheen, Presidente del sindicato de Comerciantes. Ambos sindicatos estaban controlados por los comunistas [18]
A pesar de la dispersión en que se hallaban los diferentes grupos de izquierda en los años 60 se puede decir que también se realizaron diversos esfuerzos de coordinación y unidad para la lucha guerrillera. El local del MIR fue entonces escenario de decenas de reuniones con jefes y subjefes de los grupos marxistas sin que se llegara a ningún acuerdo unitario. En el valle de la Convención, de la Puente Uceda se reunión con Hugo Blanco en un intento de coordinación que tampoco alcanzó éxito.
Pese a estos esfuerzos previos y seguramente por la naturaleza y contenido de los mismos la unidad no fue alcanzada a pesar que desde 1961 diversas acciones se encaminaban a la preparación y obtención de recursos para las guerrillas, casos como el asalto al Banco Popular en febrero de 1961y al Banco de Crédito de Miraflores en abril de 1962 son casos concretos de que estaba en marcha la preparación para una guerra revolucionaria.
Ya desde antes de la ruptura del comunismo internacional la izquierda peruana siempre se había dividido en dos campos cuando se trataba del principio fundamental del marxismo leninismo: la violencia revolucionaria. Esta división se percibió más definida y abierta desde 1960, a raíz de la influencia de la revolución cubana. Así el movimiento comunista peruano se escindió en dos tendencias: una legalista y otra insurreccional.
La Junta de Gobierno de Pérez Godoy y Lindley enfrentó el primer movimiento de guerrillas en el Perú. A comienzos de 1963 penetró un contingente de guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) organización formada por ex militantes de la Juventud Comunista quienes se identificaban con el triunfo de la Revolución cubana, por la zona de Madre de Dios, entre ellos Javier Heraud, Edgardo Tello, jóvenes colegiales como Hugo Rocra, obreros de construcción como Moisés Valiente, Ya en 1964 se incorporaron algunos cuadros con cierta experiencia política, como Juan Chag, que había sido miembro de la dirección del FIR; Luis Zapata, dirigente de los obreros de construcción civil del Cusco; Guillermo Mercado, que también había formado parte del Comité Central Leninista y de la dirección del FIR, y otros.
Sobre ELN Héctor Bejar, uno de sus integrantes y fundadores sostiene que al promediar el año 1964 tenían constituido su programa el cual había quedado sintetizado en 5 puntos fundamentales a cumplirse: 1) Gobierno Popular. 2) Expulsión de todos los monopolios extranjeros. 3) Revolución Agraria. 4) Amistad con todos los pueblos del mundo y 5) Soberanía Nacional.
Eran las 5 tareas a cumplirse para la revolución, ya que de acuerdo a sus planteamientos la revolución no debía ser “obra de un solo partido sino un proceso múltiple, cambiante, sumamente complejo, al cual las fuerzas sociales y políticas de la más diversa índole debían dar su aporte”. La guerrilla fue reprimida, su derrota obedecerá, principalmente a los errores de formulación programática, de apreciación del momento político y de las tareas tácticas a desarrollar.
Los hechos en concreto sobre los primeros grupos levantados en armas como el MIR y el ELN, en la década del 60, fue que tuvieron relación directa con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, situación que repercutió notablemente en la política peruana, si bien es cierto que revitalizó al Partido Comunista, también hizo posible el estímulo al descontento de las bases apristas con el claro viraje de su dirección hacia la derecha. En octubre de 1959, en la llamada Sexta Convención, la expulsión de un centenar de dirigentes universitarios, sectorales y obreros, provocó la escisión del viejo partido; formándose el APRA Rebelde que luego se transforma en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en junio de 1965 inicia el más serio intento revolucionario de la década. Logra organizar tres frentes guerrilleros Mesa Pelada (Cuzco), Andamarca- Pucuta (Junín), y Ayabaca San Ignacio (Piura Cajamarca).
Todo este marco social y político descrito anteriormente estuvieron colmadas de discrepancias entre los grupos mencionados que comenzaron a diferenciarse por las orientaciones y direcciones políticas que asumieran entre los que se encontraron los llamados de la “nueva izquierda”. Pero quienes formaban esta nueva izquierda? Entre sus componentes tenemos:
- Los discrepantes con el APRA, que después de un complicado proceso de lucha interna, dieron nacimiento al MIR y Vanguardia Revolucionaria.
- Los discrepantes el Partido Comunista que luego del proceso anteriormente descrito, fueron a nutrir, unos el FIR y el ELN, y otros las tendencias maoístas que aparecieron posteriormente (Patria Roja, Bandera Roja, Sendero Luminoso, etc.)
- La enorme cantidad de jóvenes principalmente que sin ser universitarios, que sin pertenecer a estas organizaciones, se identificaban, en una u otra forma con ellas, realizando su activismo con entrega y convicción que podía llegar al sacrificio de la propia vida. Los estudiantes universitarios y el creciente movimiento estudiantil renuncian a la veja y clásica concepción de la clase obrera como la fuerza más revolucionaria y ve en el caso de nuestro país, a la fuerza más revolucionaria en el campesinado.
- Algunos trotskistas como Hugo blanco, cuya decidida actividad en el campesinado inicia en proceso de sindicalización y las luchas por la recuperación de las tierras en las zonas de la Convención y Lares. Dicho dirigente fue encarcelado en mayo de 1963.
Respeto a estas acciones y planteamientos ideológicos los grupos de izquierda legalistas calificaron entonces a esta insurgencia guerrillera de 1965 como foquista, guerillerista, militarista, y aventurera, pero no solo esta tendencia legalista se convertirá en enemiga de las acciones guerrilleras de 1965, sino el mismo Partido Comunista Bandera Roja para quienes tales acciones fueron “desviaciones de parte del tercerismo pequeño burgués”[19], Pues para Bandera Roja el tercerismo se constituía “en una versión remozada de los vanos intentos de la pequeña burguesía por sustituir al proletariado como factor dirigente de la revolución y arrebatarle su hegemonía”. Es decir, la concepción planteada por Bandera Roja sobre los grupos levantados en armas en al década del 60 devenía en acciones militaristas que no habían considerado las condiciones políticas y el deseo subjetivo de las masas, actuando por sobre la conciencia de clase.
Aunque aun esas no eran las únicas razones para la división. La defensa de la pureza de la línea política” o “el seguimiento de la línea correcta” estaba cruzada por rencillas personales, ambiciones de poder y mezquindades provincianas que hacen aun más complejo entender las verdaderas razones de tales rupturas. De 1961 a 1975, de acuerdo a estudios de Piedad Pareja, la izquierda se disgrega hasta constituir veinte organizaciones políticas:
- PCP-U Partido Comunista Peruano Unidad
- PCP-BR Partido Comunista Peruano Bandera Roja
- PCP-ML Partido Comunista Peruano Marxista Leninista
- PCP-SL Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso
- PCP-PR Partido Comunista Peruano Patria Roja
- PCP-ER Partido Comunista Peruano Estrella Roja
- FLN Frente de Liberación Nacional
- VR Vanguardia Revolucionaria
- VR-PM Vanguardia Revolucionaria Político Militar
- POMR Partido Obrero Marxista Revolucionario
- LC Liga Comunista
- PSI Partido Socialista Internacionalista
- PCR Partido Comunista Revolucionario
- MIR-CE Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Cuarta Etapa
- MIR-TR Movimiento de Izquierda Revolucionaria Tendencia por la
Reconstrucción
- CMOP Círculo Marxista de Oposición Proletaria
- FIR-OCR Frente de Izquierda Revolucionaria Obrero Combatiente
Revolucionario
- PST Partido Socialista de los Trabajadores
- ELN Ejército de Liberación Nacional
- POR- T Partido Obrero Revolucionario Troskista
Se consideran cuatro troncos básicos a partir de los cuales se han generado las otras organizaciones: Partido Comunista Peruano (PCP), Vanguardia Revolucionaria (VR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Frente de Izquierda revolucionaria (FIR)[20]
Entre 1968 y 1975 se transformó el llamado orden oligárquico y se emprendió un conjunto de reformas y políticas de gobierno que alteraron la conformación del poder y en consecuencia la política del Estado, se hizo posible una profunda dinamización del movimiento popular. En el caso de los barrios populares los pobladores participaron de las nuevas expectativas y de los espacios abiertos por el régimen militar. Henry Pease señala que durante el régimen militar velasquista los trabajadores del campo y la ciudad lograron expresarse políticamente como en pocos momentos de su historia, constituyendo las más diversas organizaciones y gremios, en un periodo intenso marcado por un sostenido esclarecimiento ideológico en amplios sectores populares impactados por el mensaje del gobierno y de los partidos de izquierda emergentes [21]
Los revolucionarios encarcelados en la década del 60 fueron amnistiados en 1970 por el régimen militar de Juan Velasco Alvarado. Algunos continuaron luchando en la oposición, al lado de las masas, otros aceptaron los ofrecimientos del gobierno militar. El desarrollo y la seguridad marcaron el proyecto económico, político y militar del Gobierno de Velasco. Para lograr la seguridad de la nación, el primer problema que tendía a resolver fue el desarrollo mediante la búsqueda de impulsar el desenvolvimiento del capitalismo (eliminando los sectores económicos pre-capitalistas y los enclaves), y la modernización de las estructuras socioeconómicas del país.
Una de las características significativas del régimen militar fue su intromisión en las organizaciones laborales con el objetivo de manipularlas y reglamentarlas. Cuando se produjo el golpe de de Estado existía una central sindical oficialmente reconocida, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y otra acababa de ser fundada, La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Ésta ultima se convirtió rápidamente en la más poderosa, y si bien en sus congresos y a través de su dirección nacional expresó su respaldo a las reformas del gobierno, la inmensa mayoría de huelgas y movilizaciones sindicales fueron protagonizadas por organizaciones afiliadas a ella.
El 30de enero de 1971, la CGTP fue reconocida legalmente, algunos meses después seria reconocida también la Central Nacional de Trabajadores (CNT) constituida artificialmente a partir del Movimiento Sindical Cristiano del Perú (MOSICP) vinculado al Partido Demócrata Cristiano que apoyaba al gobierno. Dividiendo asi al movimiento sindical. Luego el gobierno creó su propia central la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP) en 1972 conjuntamente con esta organización nace el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) que tuvo por objeto capturar mediante la violencia organismos gremiales opuestos al gobierno, golpear a los dirigentes auténticamente representativos y en general. Se fundo también bajo el auspicio del Ministerio de Pesquería y sus principales integrantes fueron reclutados entre los ex dirigentes del gremio de pescadores y elementos extraídos de las cárceles. [22]
Otra creación del régimen militar fue el SINAMOS (Sistema Nacional de Movilización Social) organismo que reunió en su seno varios organismos estatales pre-existentes. Pero su real finalidad fue intervenir en las organizaciones populares para apoyar al régimen y neutralizar las luchas que fueran contra éste. Aunque tuvo una oficina laboral para intervenir en los sindicatos, su principal actividad se centró en los pueblos jóvenes y zonas campesinas. Como además de organismo político era una instancia administrativa y asistencial, combinaba estas funciones para presionar a los pobladores de las barriadas a manifestarse en apoyo del régimen a cambio de entregarles títulos de propiedad de terrenos en los cuales vivían o de brindarles servicios que el Estado estaba obligado a prestarles, como construcción de caminos y escuelas.
Al mismo tiempo que el gobierno tenía injerencia en el ámbito laboral, el gobierno velasquista se negó a reconocer legalmente a organizaciones representativas como el SUTEP, en el magisterio y la CCP (Confederación Campesina del Perú) en el campo.
En esta época casi todas las organizaciones de izquierda rechazaban el reinicio de la lucha armada, con excepción de Vanguardia Revolucionaria (PM) jefaturada por Torres Sánchez y el MIR dirigido por Esparraga y algún grupo de tendencia maoísta. La nacionalización de la IPC; y la reforma agraria, llevaron a la izquierda a la confusión ideológica. Interminables polémicas caracterizaban a la junta Militar velasquista, unos como reformista, otros como desarrollista, mas allá como bonapartista, hasta aquellos que la consideraron nacionalista, fascista o fascistizante, en un vicioso juego verbal. Pero aun todavía, muchos sectores del pueblo, las masas aunque no las dirigencias sentían los ejemplos de Luis de la Puente Uceda, el Che Guevara, Camilo Torres. Los argumentos de muchos dirigentes contrarios a estas acciones armadas truncas plantaban a tales como “aventureras” “espontaneistas”. Esto no les impedía, sin embargo, hablar de “guerra popular del campo a la ciudad”, o “el poder nace del fusil”. Pero claro solo como alternativa abstracta. Se aferraban pues a una estrategia mecanizada, que nunca salían de las cuatro paredes donde se decía se construía partido, La falta de condiciones era el pretexto para la eterna postergación del reinicio de las acciones armadas. Estos argumentos forzaban la dependencia ideológica de la izquierda peruana con respecto a los partidos comunistas del mundo.
De esta manera se convertían en simples voceros de corrientes ideológicas dentro del socialismo, pero no en organizaciones revolucionarias. El trabajo político solo estaba orientado a la captura de dirigencias sindicales estudiantiles, barriales. El fin del marxismo era alcanzar la hegemonía en un sindicato, en una universidad, para lo cual se recurría muchas veces, al insulto, al desprestigio, a la intriga, a la delación.
En esencia el periodo velasquista fue un periodo de dinamismo y estímulos a un cierto protagonismo popular, dentro de los parámetros que se imponían desde el Estado. En agosto de 1975 se produce el derrocamiento del General Velasco por el General Morales Bermudez quien inaugura la llamada “segunda fase” del Proceso Revolucionario de las Fueras Armadas, llevándose a cabo el desmontaje de las reformas emprendidas por el velasquismo. Se inicia así un régimen militar de signo y contenido distintos. Las organizaciones populares que se desarrollaron en el año anterior, y que desde entonces pugnaban por su autonomía, son las que enfrentaron directamente al gobierno de Bermudez. El éxito de los paros nacionales de 1977 y 1978 son un ejemplo aunque efímero, de los bloques sociales y su fuerza organizada. La represión se manifiesta ahora con el despido de más de 5000 dirigentes sindicales.
Los partidos políticos de izquierda legal, aunque experimentaron un desarrollo cuantitativo importante, no lograron articularse entre si y ser la expresión política genuina y efectiva de las clases sociales desfavorecidas.
Estos son algunos de los hechos que configuran el antecedente de la irrupción política armada que tendrá sus inicios en la década del 80. Es necesario anotar que si bien es cierto 1980 ha sido tomado como punto de referencia para el inicio de la lucha armada en el país, el análisis y los antecedentes presentados en el presente articulo desde la fundación del Partido Comunista a inicios del siglo XX, hasta el inicio de las acciones subversivas tanto de Sendero Luminoso como del MRTA nos permiten configur al fenómeno en estudio como parte de un proceso histórico.
II. PARTIDO, LUCHAS, REIVINDICACIONES Y SUBVERSIÓN EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO (II PARTE)
“…Se viene el golpe violento que ha de
acabar las miserias, son heraldos de la
vida wuayjichayay anunciando nuevas
trillas…” (Piedra Violenta. Julio Humala L.)
Antecedentes del inicio de la Lucha Armada
El marcador simbólico del inicio de la lucha armada protagonizada por Sendero Luminoso fue una incursión subversiva llevada a cabo en el pueblo de Chuschi, provincia de Cangallo en el departamento de Ayacucho, el 17 de mayo de 1980. Esta acción dio a conocerse por los subversivos como el ILA (Inicio de la Lucha Armada). Por esos momentos se desarrollaban las primeras elecciones generales en el país después de 17 años. La mayoría de limeños se enteró de la existencia este grupo subversivo al ver perros ahorcados en los postes de la capital durante el mismo año. El gobierno de Fernando Belaunde conocedor de estas iniciales acciones consideró que se trataba de un juego político de la oposición o de un grupo de abigeos, no dándole la mayor importancia y la izquierda instalada en el Congreso de la República, hacían lo posible por ignorarlo. Pocos presagiaban la magnitud que alcanzaría la lucha subversiva iniciada en este lugar tan pobre del Perú la cual llegó a extenderse hacia casi en su totalidad: Huancavelica, Apurimac, Pasco, Huánuco, la sierra de la Libertad, Cusco, Ancahs, Puno, el valle el Mantaro, Lima entre otros.
Inicialmente Ayacucho se convertía entonces en el principal escenario sobre el que se libró la mayor y más sangrienta parte de la guerra interna en nuestro país. En dicha provincia se han registrado cerca del 70% del total de las víctimas. Esto es un claro ejemplo de que en toda la década del 80 en nuestra zona de la serranía, las más pobres del país, se siguieron viviendo los periodos más críticos de nuestra historia contemporánea.
Fue el espacio geográfico ayacuchano el que se convirtió entonces en lugar de las iniciales acciones subversivas del senderismo y su posterior represión fue conformado por 7 provincias: Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Lucanas y Parinacochas. La capital Huamanga queda ubicada entre las provincias de Huanta y La Mar, al norte, y las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo, al sur, constituyéndose en el punto de convergencia de éstas provincias.
Estudios del Dr. Lorenzo Huertas señalan que Ayacucho antiguamente era sólo una parte del Obispado de Huamanga que comprendía además el departamento de Huancavelica y la provincia de Andahuaylas, indicando que esta inmensa región fue territorio de la llamada Confederación Chanca, cuya contradicción y lucha con los Incas apertura una nueva etapa de la historia andina con el surgimiento del imperio incaico. En referencia al imperio señala: “Los Incas con el fin de sofocar el porfiado belicismo de los pueblos confederados, pusieron en práctica una vertical política de disturbación étnica, hecho que no solo implicó un haz heterogéneo de comportamientos ideológicos, sino también diferencias económicas muchas veces profundas y decisivas”[1]. Esta afirmación sobre la disturbación étnica que hace referencia el Dr. Huertas permite explicarnos las rivalidades existentes entre las diversas poblaciones de nuestra país, situación que han perdurado hasta nuestros tiempos, mostrando sus efectos también durante la lucha interna, pues, el factor étnico tuvo efectos profundos durante la guerra desarrollada en los 80. Ayacucho ha sido una de las regiones donde mayor vigencia ha tenido las oposiciones étnicas.
Por su parte, el historiador Juan José Vega señala que los antiguos pobladores huantinos como los de La Mar debieron formar parte de la Confederación Chanca, pero añadiendo, que se conoce poco de este periodo de behetría inmediatamente anterior a los incas, “se conoce mucho más de las guerras del Cusco en la región y de que fueron gente indómita y tan belicosa que los incas tuvieron aprietos en su conquista”. Tal es así que el general Anco Huailla quien dirigió la sublevación contra el inca Yahuar Huaca en la que participaron Chancas, Huancas y Huamanes. Los quechuas, al mando de Titu Maita, sobrino del Inca, no pudieron reducirlos y se vieron forzados a retroceder hasta las puertas mismas del Cusco. Posteriormente triunfadores los incas formaron con las cabezas de los vencidos una inmensa pirámide, la cual originó el nombre de Ayacucho, es decir “el rincón de los muertos”
Durante las acciones emprendidas contra los pueblos ayacuchanos durante la colonia se puede decir que fracasaron en más de las veces sobre todo en las comarcas iquichanas “por lo que se reconocería a iquicha como tierra marginal, despreciada de jalcas inhóspitas que alejaban a los catequistas y hasta a los cobradores de tributos.”[2]
Durante la colonia Huamanga se convierte en un centro de gran valor comercial y estratégico en el camino que unía Lima y Cusco. Llegando a convertirse en uno de los centros religiosos de catequización de mayor importancia y en la ciudad predilecta para que dueños de las minas de Huancavelica y para que los latifundistas construyeran sus mansiones señoriales.
A pesar de una aparente calma en la zona fueron diversas las acciones de conflictos y las luchas en la zona ayacuchana, tal es el caso que en tiempos de la independencia, los nativos iquichanos de la región de Huanta, fueron colaboradores de las tropas realistas, enfrentándose a sus rivales de Pampa Cangallo, los celebres morochucos. La rivalidad tuvo sus peculiaridades: mientras los morochucos, descendientes, según se conoce, de los almagristas derrotados en Chupas, se alistaban en defensa de las banderas libertad y la ruptura con España, los iquichanos de origen básicamente indígena, sostuvieron fervientemente la defensa de la corona española.
Es de esta zona donde se conoce de José Antonio Navala Huachaca campesino iletrado con grandes dotes de mando que luchó al lado de los españoles en contra de la República en más de cien encuentros desde 1814, momentos en que derrotaron a una columna enviada por el brigadier Pumacahua a Ayacucho, al mando de Gabriel Bejar. Entre otras de sus acciones Navala también fue reconocido por liderar la rebelión de Iquicha de 1827 quien al mando de 15,000 indígenas que poblaron la parte comprendida entre Huanta y la Mar intentó restablecer el Virreinato. Teniendo como resultado la derrota. Navala Huaacahaca si llegó a ser vencido en algunas de estas luchas, jamás se rindió ni lo capturaron.[3]
Estudios de Ramón Fajardo detallan igualmente que, al iniciarse la lucha por la independencia, la Universidad San Cristóbal de Huamanga no podía quedar al margen de ésta, sectores criollos y algunos sacerdotes tomaron parte a favor de la causa emancipadora. Así dos estudiantes cristobalinos José María Alvarado y el cura Valentín Munariz captaron a los campesinos de Lucanas y a los Morochucos a favor de la emancipación y precisamente con ellos se dará inicio a la composición de los primeros efectivos que tendrá el general Álvarez de Arenales[4]. Por otro lado otras acciones de combate fueron desarrolladas por los iquichanos, años después, contra los siguientes presidentes del Perú: Santa Cruz, Gamarra, San Román, Benavidez, Echenique, Vidal Torrico, Bermúdez y Diez Canseco.
Todas estas acciones se configuran en hechos que nos permiten determinar que esta parte de nuestro país se ha caracterizado por una tradición histórica violenta y muy conflictiva.
Para entender el fenómeno de la violencia política en nuestra sociedad contemporánea y el porqué del inicio de su accionar en un lugar muy recóndito del país, hay la necesidad de comprender al país que lo hizo posible, si bien es cierto que la pobreza, el atraso y el abandono de los poderes públicos en Ayacucho ofrecieron a los senderistas condiciones favorables para la irrupción de lucha armada, es necesario a tomar en cuenta, dentro el espacio regional, donde se desarrollaron las primeras acciones subversivas, que papel que cumplió la élite intelectual provinciana que dirigió y preparó las bases sociales del fenómeno insurreccional. En esta perspectiva hay considerar el papel que desarrolló la educación Universitaria en dicha zona.
Consideramos importante en el análisis del tema abordar el estudio de la ideología y la mentalidad que une a los actores sociales en el proceso de desarrollo de la violencia. Si bien consideramos pensar los acontecimientos en términos de totalidad, tampoco podemos dejar de lado las condiciones particulares vinculadas al mundo universitario y al problema de la educación en el país.
Respecto a la educación superior universitaria partimos del reconocimiento que las universidades son producto de las sociedades y a la vez influyen en los cambios que se producen en éstas. En este sentido afirmamos que radicalismo que caracterizó a la universidad peruana en la década del 60 y las dos siguientes y que muchos han identificado como una etapa de crisis de la universidad en el país, ha resultado más bien en realidad un problema presente en la misma sociedad, la que resultó demasiado cerrada, resistiéndose por décadas al cambio social, y cuando éste se dio dentro de amplio proceso de urbanización, desbordó todas sus instituciones, una de ellas la universidad.
Si bien es cierto que debemos formularnos como pregunta general qué es lo que caracterizó en su conjunto a la sociedad que produjo la violencia política, desde una perspectiva más especifica creemos de importancia el interrogarnos también ¿qué papel desarrolló la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga dentro de dicho proceso?
Respecto a la pregunta de carácter general se tiene que la organización socioeconómica que caracterizó a Ayacucho, en momentos de la reapertura de la universidad, estuvo conformada por 205 haciendas las cuales se encontraban especialmente en las provincias de La Mar, Huanta y Huamanga representando el 81.3 % del número total del Departamento, encontrándose en esta última provincia y capital del Departamento, entre 120 fundos y haciendas, mientras en la provincia de Huanta se encontraban un total de 51 haciendas y 25 en la Mar donde también se hallaban las comunidades más grandes de la región.
Apreciaciones hechas por el profesor César Guardia Mayorga al respecto nos muestran el notable contraste existente entre latifundio y las comunidades indígenas. Indica que “en los latifundios los campesinos viven en las condiciones más desventajosas que los europeos de la época feudal, pues viven en la más completa sumisión, ignorancia y explotación. En cambio en las comunidades podemos decir se hallan al margen de la actividad política social y cultural del país. Su producción es de subsistencia, y si hay algo positivo entre sus miembros es el sentido de ayuda mutua, cooperación, solidaridad y relativa libertad, basada en la tenencia de la tierra y del ganado, y la influencia de la tradición de tiempos de la comunidad primitiva” [5] Con la reapertura de la Universidad este aislamiento de parte de las comunidades, al que se hace referencia en la cita, poco a poco iría superándose y el elemento educativo universitario en tal sentido tuvo mucho que ver en este sentido.
El índice de analfabetismo, en Ayacucho era para aquellos momentos uno de los mas altos de América Latina y del mundo, pues alcanzó un 68.5 % de la población en edad de estudiar. Estudios elaborados por el Instituto de Planificación existente en país indicaron que la cobertura de servicios educativos era mínima atendiéndose solo a un 36.5 % de la población en edad escolar.
Investigaciones de Raúl Gonzales señalan en una conversación sostenida con un profesor universitario que formo parte de Sendero Luminoso, en la periferia, hasta el año 1974, ( de quien no señala el nombre) éste explicaba acerca del nacimiento de esta organización en Ayacucho por múltiples razones, entre las que consideró ser una ciudad postergada secularmente, pero que los campesinos no tenían conciencia de esa postergación; surgiendo ésta cuando ingresa en funcionamiento la Universidad Nacional de Huamanga que les hizo ver en forma directa o indirecta, “que todos tenían derechos y servicios a los cuales aspirar y que las palabras justicia e igualdad existían”[6]
La Universidad Nacional de Huamanga y su Reapertura.
La primera fundación de la Universidad de Huamanga se realizó el 3 de julio de 1677. Por iniciativa del Obispo de la Diócesis Monseñor Cristóbal Castilla de Zamora, en ese momento existía en el Perú, solo la universidad San Marcos, estableciéndose en 1551. Fue clausurada después de casi 200 años de funcionamiento y se reabre 80 años después poco antes de finalizar las década del 50 del siglo XX.
La región ayacuchana fue afecta a notables cambios con la reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Al respecto Luis Guillermo Lumbreras, quien fue profesor de la Universidad de Huamanga y conocedor de la historia de los primeros año de la reapertura, indica que la demanda de su funcionamiento estuvo liderada por los sectores más conservadores que pugnaban por reabrir lo que ellos pensaban podía ser el lugar donde encontrarían una tribuna. “De modo que la universidad fue reabierta por presión de ese sector conservador, que inicialmente pensaban en una universidad tradicional, teológica, una institución al servicio de la formación de frailes y abogados, una universidad típica, conservadora y tradicional”[7]
Lo que sucedió fue algo distinto, pues la dirección recae en la responsabilidad de Fernando Romero un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, capitán de industria liberal quien influenciado por la doctrina de la universidad norteamericana contribuyó a sentar las bases para la formación de una universidad moderna, eficiente y al servicio de la región, esto significó que no tenían relación con las formas tradicionales y provincianas de vida en la zona, sino mas bien se comenzarían a identificar con los campesinos y su problemática.
Para el inició del funcionamiento de la universidad, en esta nueva etapa, se contó con la colaboración de los vecinos notables de Ayacucho y con el apoyo de una comisión nombrada Ad Hoc por el Ministro de Educación, el historiador Jorge Basadre. Fue así que el Plan de Organización y Funcionamiento de la Universidad fue presidido por el Dr. Luis E. Valcárcel, y contó entre sus miembros a personalidades como Emilio Romero, Carlos Alberto Protzel y José María Arguedas. El Plan de Acción estuvo encaminado al logro de innovación del campo educativo con una institución universitaria que resultase funcional en términos regionales, por lo que se adecuó los estudios e investigaciones académicas a tales necesidades. Para ello se dinamizó el curriculum de estudios, implementando por primera vez en el Perú el ciclo básico y el sistema de créditos, a la vez que se crearon las carreras como antropología, y sobre todo Ingeniería Rural, que no existía aun en ninguna universidad del país, se formaron enfermeros y obstetras, ellos comenzaron a atender y abordar los problemas más apremiantes de la zona. Como parte de la promoción de estudios y actividades orientadas a reivindicar y revalorar el patrimonio cultural de la región se inauguró un plan piloto dirigido y orientado por el Dr. Peter Hald famoso artista en cerámica y famoso acuarelista catedrático de la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca.
Es así que el impacto de la reapertura de la universidad fue tremendo, acelerándose el ritmo de la vida provinciana con el crecimiento del comercio. Fue esmerada la selección del personal docente y con honorarios que superaban incluso lo que podría percibirse en universidades de Lima como San Marcos o Católica. En este sentido la élite provinciana dedicada al comercio se vio desplazada por los docentes e intelectuales que se constituyeron en un nuevo núcleo de conversación y debate.
En este sentido Luis Millones señala que la reapertura de la universidad resultó impactante para los estudiantes cuya mayoría habían egresado de colegios locales y también para un gran número de jóvenes que llegaron desde Ica quienes se sintieron muy cercanos a sus profesores. Para ellos sus profesores “fueron muchos más que docentes, sus casas se convirtieron inmediatamente en seminarios de reflexión y consejo, a quienes acudían a consultar toda clase de problemas. Para los profesores, Huamanga abrió un tipo de responsabilidad inédita y un prestigio local que en algunos casos fue convalidado a nivel nacional (Julio Ramón Ribeiro, Hernando Cortez, Luis G. Lumbreras, Duccio Bonavía, Fernando Silva, Enrique Camino etc.)” [8]
Probablemente los alumnos ingresantes a las aulas universitarias huamanguinas condicionados por un mandato generacional tienden a concentrarse en las facultades de Educación, Agronomía, Ciencias Sociales y Obstetricia. En las aulas y en los patios se encontraran con una nueva ideología: el maoísmo y a través de él, con las claves explicativas de su pobreza, así como con un proyecto radical de base campesina.
Sobre el contexto social en momentos de la reapertura de la Universidad se vislumbran una correlación de cambios, si aún se manifiestan relaciones de servidumbre como el pongaje, el yanaconaje, o el sistema de haciendas en determinadas zonas, por otros lugares como en la región de Pampas los campesinos están alzados, reclamando mediante acciones como la toma de tierras. Tal es el caso que el 31 de enero de 1960 en Pomacocha, con la asesoría legal de la Confederación Campesina del Perú se fundaba la Asociación de Colonos de Pomacocha quienes comenzaron a dirigir sus luchas a la supresión de la servidumbre. Esto determinó que inmensa hacienda Pomacocha fuera tomada por milicias de campesinos. Un documento publicado por la Confederación Campesina del Perú con fecha octubre de 1970 que nos da mayor conocimiento sobre las condiciones de los campesinos en Ayacucho detalla: “El pueblo de Pomacocha, antes de organizarse en Unión Campesina, fue una hacienda de las monjas religiosas de Santa Clara del Dpto. de Ayacucho, que vivían en un sistema de esclavitud feudalizante, porque de la tierra que ocupaban pagaban arrendamiento anual, estaban obligados a los servicios gratuitos y eran alquilados a otros como bestias de carga, fuera de estos hechos, prestaban servicios de pongaje, mita, suyo, pagaban yerbaje, las viudas estaban obligadas a prestar servicios así como los niños y ancianos”. Luego de fundada Unión Campesina de Pamacocha conformada por sectores de Chanén, Chito y Vilcashuaman dejan de pagar arriendos en forma simultánea y se niegan a prestar servicios gratuitos. Es innegable la participación del Partido Comunista en el apoyo a los campesinos estas luchas.[9]
Casos como el mencionado y otros más que se sucedieron durante la década del 60 muestran un contexto social de beligerancia general en la región. Es decir cuando la Universidad de Huamanga entra nuevamente en funcionamiento la efervescencia campesina ingresaba a niveles desarrollo nunca antes vistos. En la Convención y Lares, son los mismos campesinos quienes se dan cuenta de la necesidad de agruparse a escala de cada hacienda para reclamar colectivamente ante los propietarios.
En lo político en esta década se produjeron hechos importantes en el país como los procesos electorales de 1962 y 1963 en los que se reveló que el APRA ya no tenía el control de la dirigencia de los sectores sociales campesinos y obreros, pues fueron apareciendo fuerzas reformistas burguesas de gran importancia al lado del notable avance de las fuerzas de izquierda.
La reapertura de la Universidad Nacional de Huamanga se da en estas circunstancias y al poco tiempo de entrar en funcionamiento, ya era acusada por el sector conservador de Ayacucho de estar politizada y de ser comunista. En palabras de Luis Guillermo Lumbreras “los viejos terratenientes escandalizados y los burgueses y pequeño burgueses alarmados comenzaron a entender que la universidad no era más una aliada de su tropelías y habiendo sido antes los promotores de su apertura, se convirtieron en sus detractores” [10]
Aunque cabe señalar que esta politización estudiantil, no era un caso exclusivo de la Universidad de Huamanga, sino se trató de un hecho generalizado de la universidad en el país.
Dicha politización a la que hacemos referencia podemos identificarla y directamente vincularla a tres factores básicos: en primer lugar por el ensanchamiento de la composición social de la Universidad, segundo por los reclamos colectivos de cambios sociales y por último por la dación de la Ley 13417 promulgada en abril 1960.
El primer elemento está relacionado a la enorme cantidad de hijos de campesinos, obreros, artesanos, y otros modestos trabajadores que vieron en la educación y en la universidad un medio de ascenso social que les permitiera salir del abuso y la violencia en que podían encontrarse sumidas sus familias, así como salir de la pobreza y el atraso. El segundo elemento puede ser representado por el incontenible número de protestas y luchas por mejoras económicas de las clases sociales explotadas. El tercer elemento, es decir la nueva Ley Universitaria, lo identificamos por lo que significó históricamente el triunfo, si se quiere político del cogobierno, el que también favoreció la creación de un cierto espacio democrático que hizo posible la coexistencia de tendencias política y científicamente encontradas dentro del claustro universitario. Señaló Valentín Paniagua, sobre la mencionada norma universitaria, que “esa Ley que democratizó en cierto modo la universidad fomentó su politización y una muy intensa politización en la década del 60 y la siguiente[11] .
Como ya se ha indicado la Universidad de Huamanga no escaparía a esta politización, investigaciones de la CVR indican que en el año 1961, cuando la universidad tenía menos de 400 alumnos, se forma el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) impulsado por la Juventud Comunista las que fueron integradas por un conjunto de vertientes izquierdistas e independientes. Esta organización estudiantil tendrá la hegemonía en la dirección de la organización estudiantil durante los siguientes años. Si bien es cierto que para inicios de la década del 70 el grupo estudiantil más numeroso, mejor organizado y consecuentemente dominante fue el FER Sendero Luminoso, no se puede dejar de reconocer el trabajo desplegado por las otras organizaciones políticas estudiantiles al interior de la universidad como fueron: FER Antifascista (Patria Roja), JUMIR (Juventud Mirista), FUE (Frente Universitario estudiantil), FESC (Frente Estudiantil Cristiano), ORE ( Organización Revolucionaria Estudiantil), MEP ( Movimiento estudiantil Popular), entre otras.
Serán los del FER Sendero Luminoso los que el año 1962, darán su apoyo a Efraín Morote Best, para la elección como Rector de la Universidad, consolidándose así la hegemonía de las corrientes marxistas sobre el APRA y los socialcristianos.
Es precisamente el Rector Efraín Morote Best quien en 1962 extiende la oportunidad de trabajo en la Universidad de Huamanga al profesor de filosofía Abimael Guzmán Reinoso quien se llegó a convertir algunos años mas adelante en el líder máximo de Sendero Luminoso, conocido por su organización como el presidente Gonzalo.
En relación al poblamiento de la Universidad de Huamanga se observa un crecimiento notable, si al reiniciar sus actividades se contaba con 228 alumnos, en el año 1964 la universidad ya contaba con un total de 858 alumnos matriculados tanto en el Ciclo Básico como en sus tres facultades en funcionamiento.
Para los años siguientes ya se identificaba a nivel nacional que la Universidad de Huamanga era comunista. Tal es el caso que el Rector Efrain Morote hace explícita una denuncia, de que la autonomía había sido sujeta a un ataque del gobierno, esto a raíz de unas declaraciones de altos dignatarios del Estado quienes hicieron una serie de acusaciones contra la Universidad, como el de emplear dinero de donativos europeos para comprar armas. Para el Dr. Morote esto no era más que “una multitud de hechos que atados unos con otros estaban demostrando un ánimo de intervención en la vida universitaria y destrucción de las esencias mismas de la universidad”[12]. Haciendo una reflexión sobre las luchas y reivindicaciones estudiantiles de esos momentos el Dr. Morote consideró que “la universidad no podía mantenerse al margen de la inquietud de la sociedad, de sus aspiraciones y de sus anhelos de cambio” pero refiriendo también que la universidad “debía de tener absoluta independencia de toda injerencia política, sea cual fuera ella por muy nacionalista que pareciere, dejando establecido que era condenable la interferencia del comunismo internacional como de cualquier sistema político en las universidades”
Estas afirmaciones de Efrain Morote pueden explicar hasta cierto punto la ruptura entre éste y Abimael Guzmán, pues el Rector se oponía a la extrema politización de la universidad.
Esta intensa politización de ideología marxista que se indica, no fue exclusividad de la Universidad de Huamanga, sino que se generalizó hacia la mayor parte de las universidades existentes en el país. Así lo demuestran por ejemplo las apreciaciones del Rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Emilio Gordillo quien afirmó en una reunión de rectores en 1965 que, si bien las universidades del país habían tenido problemas, había jugado un papel muy importante el aspecto político y que no se podía negar de que en las universidades “se estaba haciendo política” y que “de acuerdo con los principios legales vigentes no debía aceptarse que las universidades sean lugares donde se haga política partidarista” por lo que consideró que sería muy importante en los acuerdos realizados por el Consejo Inter Universitario proponer un acuerdo para “rechazar la intromisión política partidarista en las universidades porque contribuía a ahondar las discrepancias y a desvirtuar los fines y la razón de la institución[13]
Fue el año 1966 en que se recortan drásticamente las rentas de la universidad peruana. A partir de entonces la efervescencia universitaria comienza un notable ascenso. La situación de caos y violencia que se vivió en el ámbito universitario aquel entonces no sólo fue desatada en Lima pues en el interior del país los conflictos también cobraron notoriedad.
En el caso de La Universidad de Huamanga, ésta había elaborado su proyecto de presupuesto para 1966 por una suma de S/. 33’317,204.18 Soles. Con la mencionada suma sus autoridades reconocían poder satisfacer sus requerimientos para su normal funcionamiento y desarrollo. El proyecto indicado fue recortado en un 35 % en el Anteproyecto de Presupuesto General de la República que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional y éste hizo una nueva reducción hasta asignar a la Universidad de Huamanga solo S./ 18’149,265.00 Soles. Esta suma era mucho menor a la asignada en 1965 la cual había llegado a la suma de S./ 21’716,187.95 Soles. Desequilibrando totalmente las responsabilidades económicas de la institución.
Este hecho no sólo mereció el repudio de los componentes universitarios, sino de la casi la totalidad del pueblo ayacuchano mediante la participación de sus organizaciones, como el recién creado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho quien tomó como bandera de lucha por “la defensa de la universidad”.
Así como en Ayacucho, fueron una serie de conflictos los que se sucedieron a nivel universitario a lo largo del país en rechazo por el recorte de las rentas y otros motivos. La prensa nacional capitalina dará conocimiento de innumerables hechos violentos en Lima mostrando titulares como: “estudiantes exaltados. Con bombas molotov atacan ómnibus” a raíz de hechos protagonizados por estudiantes sanmarquinos al incendiar tres ómnibus de servicio público en reclamo por el alza de pasajes; otros encabezados periodísticos detallan “Juez Decreta Libertad de Doce Estudiantes” en el que se hace referencia a alumnos que fueron puestos en libertad por el Juez Instructor Dr. Juan Chill Mezarina al comprobar que no les alcanzaba responsabilidad contra la tranquilidad pública al ser capturados en un mitin estudiantil realizado en el Parque Universitario en protesta por el alza de pasajes y por solicitar aumento de rentas para las casa de estudio.[14]
Otros casos de las violentas acciones de los estudiantes son acontecidos en universidades como San Luis Gonzaga de Ica donde los estudiantes a fines de 1967 capturaban sus locales en protesta contra el Dr. Gregorio Garayar a quien acusaban de pretender “acomodar” las elecciones para elegir nuevo Rector y permanecer en el cargo por seis años consecutivos[15]
En Arequipa Marcial Chalco Presidente de la Federación Universitariaafirmaba que él y los estudiantes arequipeños estaban dispuestos a“entregar sus vidas en defensa de los intereses de la Universidad” anotando que la huelga iniciada el día de 20 de diciembre de 1967, en protesta por el recorte de los presupuestos, debía continuar “hasta las últimas consecuencias”[16].
En Trujillo estudiantes universitarios se enfrentaban en una terrible gresca con miembros de la Policía de Investigaciones frente su local universitario motivados por la defensa de la captura que pretendían hacer del Presidente de la Federación Universitaria de Trujillo Ruffo Cárcamo por orden de las autoridades judiciales[17]
Como podemos observar la situación de enfrentamiento y de intensificación de la violencia de parte del sector estudiantil comienza a generalizarse por casi todo el país, y se recibe como respuesta de parte del Estado, la persecución y la represión del estudiantado por sus expresiones de protesta, más aun si éstos mostrando visos de politización comunista dieran indicios de utilizar los claustros universitarios como el lugar propicio para desarrollar sus actividades político partidaria y de preparación ideológica.
El pronunciamiento de la institución de más alto nivel universitario el Consejo Inter Universitario (CIU) frente a esta situación de conflicto y violencia ejercida por los estudiantes fue responsabilizar precisamente a los partidos políticos y a grupos de presión, considerando que éstos eran quienes llevaban sus pugnas partidarias a los claustros universitarios, “a fin de alcanzar el predominio político en las universidades para ponerlas al servicio de sus intereses ideológicos o de grupo, utilizando para ello a las agrupaciones estudiantiles políticamente organizadas”[18]
Los disturbios y las medidas de fuerza lejos de encontrar apaciguamiento siguieron acrecentándose, al año siguiente los estudiantes de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa se declaraban en huelga de hambre y capturaban en local de su Universidad exigiendo la renuncia del Decano de Ciencias Económicas Dr. Álvaro Collantes[19] a quien denunciaban por considerar haber fracasado en su gestión para contratar catedráticos especializados para su Facultad.
Nuevamente en Lima la intervención de la Guardia Civil y el Cuerpo de Servicios especiales impedía que alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología tomaran su local en reclamo a las autoridades de la Facultad de Arquitectura[20], y en San Marcos su Vice Rector y Presidente del Comité de Admisión Simón Pérez Alba señalaba que “los actos de terrorismo acaecidos en el local universitario el día 15 de febrero trataban de impedir las pruebas de admisión como consigna de los rojos de desatar el terror y el caos” [21] denunciando además que los dirigentes de La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) “habían despilfarrado más de un cuarto de millón de soles destinado al comedor de estudiantes”[22] Ejemplos como estos ponen en evidencia las innumerables pugnas de poder en el ámbito universitario con claras connotaciones ideológicas.
Hasta principios de 1969, el régimen dominante de las universidades era el de la “autonomía” económica y académica. En la universidad de Huamanga 2 años antes la Asamblea Universitaria entregó sus funciones de Rector y Vicerrector a los señores Luis Gonzales Carré y al Dr. Jacobo Alcabés Advala para el periodo iniciado en 1968, cesando en sus funciones Efrain Morote Best. El periodo de vigencia de estas nuevas autoridades no llegó su termino, pues en febrero de 1969, el Gobierno militar encabezado por Juan Velasco, ahora en el poder, dio una nueva Ley Universitaria, ésta fue sorpresa para la comunidad universitaria. Opiniones de miembros de la comunidad universitaria como de Raymundo Villagrasa Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y otros, la dación de la Ley 17437 fue algo inesperado, indicando que se los “tomó por sorpresa. Aunque nos habían llegado rumores de que algo se estaba urdiendo respecto a las universidades. Según el estilo militar se trataba precisamente de eso, de dar el golpe sin que el “enemigo” pudiera oponer menor resistencia. Tan paralizadas las dejó que una de las primeras disposiciones transitorias fue, precisamente la de cesar a todas las autoridades con excepción del Rector”[23].
En el mismo sentido el Arq. Santiago Agurto Calvo ex presidente del Consejo Inter Universitario (CIU), se manifestó con molestia por no haber sido consultados sobre la dación de nueva normativa, por lo que dejó constancia expresa de su desacuerdo tanto en la forma y el fondo sobre algunos aspectos de dicha Ley. Señalando que “esta ocasión lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar nuestra voz y lo que es más grave se ha legislado con sorpresa”[24]
Para Jacobo Alcabés Avdala Rector de la Universidad de Huamanga la Ley Universitaria 17437 vulneraba los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico del país. Dichas afirmaciones se basaron en la consideración de que la autonomía universitaria devenía en una mera formalidad por hallarse sometida al Sistema de la Universidad Peruana y al Ministerio de Educación y con el pretexto de acabar con la extra territorialidad, se permitía el ingreso a las fuerzas policiales al recinto universitario. Su rechazo a las funciones desempeñadas por el CONUP fue rotundo cuestionando el hecho de no sólo tener una labor de coordinación, sino de tener poderes de decisión e intervención en todos los planos de la vida universitaria, en suma la desaparición democrática de la vida institucional de la vida universitaria.[25]
En concordancia con el verticalismo militar mencionado, al mes siguiente de dada la nueva Ley Universitaria (D.L 17437), se promulga otro lesivo decreto, el D.S. 006.ED el cual dispuso que “los alumnos de los planteles oficiales de Educación Secundaria Común, de Educación Secundaria Técnica, Mando Intermedio y Formación Magisterial, que pierdan la gratuidad de la enseñanza, abonarán la suma de cien soles oro (S/.100.00) mensuales de abril a diciembre”.
Los estudiantes de Ayacucho y el pueblo en general, consideraron la dación del Decreto 006.ED como un atropello y abuso, emprendieron así una lucha denominada “lucha por la gratuidad de la enseñanza”, lo que determinó que para el mes de junio a raíz de las continuas protestas fuera herido un estudiante de gravedad en circunstancias de un choque con la policía por lo que fue necesario trasladado a Lima. A raíz de este hecho se intensificaron más las protestas exigiendo la destitución del Prefecto y sanciones para los jefes de la Policía. Cuando los manifestantes, principalmente padres de familia y estudiantes, marchaban a la Comandancia de la Policía son duramente reprimidos, motivo por el cual resultó herido otro estudiante. Es entonces que se paraliza la ciudad entera, extendiéndose la lucha a la ciudad de Huanta. El día 21 de junio, luego de varios enfrentamientos con la policía, se detiene a muchos de los manifestantes entre ellos estudiantes, campesinos, profesores y otros pobladores. Al reaccionar la población contra estas detenciones se hace intervenir al destacamento de los Sinchis cuerpo de policía especializado en lucha antiguerrillera y bajo las órdenes del Ministerio del Interior, éste destacamento efectuó una feroz represión dejando un saldo de por lo menos 14 muertos y 57 heridos el día 21 de junio.
Este día se detienen a varios profesores, alumnos y empleados de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga quienes tuvieron una decidida participación en apoyo a lucha por la derogación del Decreto D.S. 006.ED. A estos profesores y alumnos universitarios detenidos por la policía se les imputó diversos delitos contra la seguridad del Estado. Entre los profesores detenidos se encontraron: Manuel Abarca Cervantes, René Casanova Silva, Abimael Guzmán Reinoso, Enrique Moya Bendezú, Jaime Rivera Palomino, Ricardo Rojas Tello, Jorge Velasco Pejavez. Entre los empleados detenidos estuvieron Samuel Huancahuari Matías y Rafael Alarcón, los once restantes fueron alumnos de la universidad entre los que permanecieron casi durante un mes detenidos, encontramos entre ellos a Mario Benetres Espinoza, Edgar Carhuaz Larrea, José Ovidio Coronel Aguirre, Manuel Herbozo Alvarado, Dubal López Meza, Marciano Mallaupoma Espinoza, Carlos Yoshio Kawata Makabe, Rafael Velarde Alvarado, Francisco Huanmantinco Cisneros, Marcial Molina Ritcher y Héctor García Blasquez Bedoya. Muchos de los estudiantes detenidos tuvieron una activa participación en FER. S.L en la Universidad San Cristóbal de Huamanga de donde se reclutaron posteriormente a un sector importante de los cuadros dirigentes pertenecientes a las filas del senderismo.
Las gestiones del Rector Jacobo Alcabes Avdala fueron constantes hacia diversas instituciones y dando conocimiento de tales acciones al Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), buscando de apoyo para los detenidos, pues se consideró que tales medidas vulneraban los derechos humanos además de afectar notoriamente al Sistema de la Universidad Peruana.
Habiendo transcurrido 26 días de la detención de los miembros de la comunidad universitaria huamanguina, la misma institución universitaria designó una Comisión presidida por el profesor Juan Pérez Coronado y Juan Morillo Ganoza, a fin de llevar a cabo una serie de gestiones encaminadas a obtener la libertad condicional de los detenidos. Desde el inicio del proceso ante la II Zona Judicial de Policía los detenidos fueron asistidos por los abogados Ricardo Feijoo, Laura Caller, Benjamín Castañeda, y posteriormente Oscar Medellius. Posteriormente los inculpados serían puestos en libertad.
Puesta en vigencia Ley Orgánica de la Universidad Peruana, (D.L 17437) una de las primeras disposiciones transitorias, fue la de cesar a todas las autoridades de cada universidad con excepción del Rector. La misma Ley disponía que ninguna universidad pudiera comenzar sus clases del año académico de 1969 si es que antes no cumplía con presentar un plan de reorganización, según los parámetros detalladamente establecidos por la Ley y que fuera aprobado por el CONUP. En razón de este cumplimiento el 22 de octubre de 1969 se procede en la Universidad de Huamanga a elegir a los Jefes de los Departamentos Académicos y a los representantes docentes ante las direcciones de los Programas Académicos. Unos días después se frustró la elección de los delegados alumnos, programándose una nueva elección para el día 4 de noviembre, en el que se produce un total ausentismo de alumnos.
En estas condiciones, el Consejo Ejecutivo optó por llevar a cabo las elecciones de Directores de los Programas Académicos en base solamente a los delegados docentes y postergar la instalación de la Asamblea Universitaria para el día 12 de noviembre. De conformidad con los resultados de los acuerdos de la Asambleas, fueron elegidos como autoridades: Roberto Ishikawa (Rector) y José Díaz Flores (Vice Rector) y las Direcciones Universitarias fueron conformadas de la siguiente manera:
Planificación: Gerardo Mendoza Delgadillo
Investigaciones: José Díaz Flores
Personal Académico; Administrativo y de Servicios: Abimael Guzmán Reinoso
Economía y Servicios Administrativos. José Ibáñez Dávila.
Evaluación Pedagógica y Servicios Académicos: Juan L. Pérez Coronado.
Bienestar Universitario y Estudios Estudiantiles: Antonio Díaz Martínez.
Proyección Social y Órganos de Promoción: Enrique Moya Bendezú.
Cabe anotar que la composición de las nuevas autoridades no tendrá un carácter homogéneo respecto a las posiciones partidarias e ideológicas, pero se tiene en la lista de autoridades a quien se convirtió en el jefe máximo de PCP Sendero Luminoso en la Dirección de Personal y a Antonio Díaz Martínez considerado como uno de los ideólogos más importante de dicho Partido y quien fuera muerto en la matanza de los penales durante el primer Gobierno de Alan García. La presencia tanto de Guzmán como de Díaz Martínez en estos importantes cargos directivos debió expresar el prestigio y la influencia crecientes que habían conseguido Sendero Luminoso como organización política en la Universidad de Huamanga.
El hecho de contar con algunos líderes partidarios dentro de la estructura directiva de la Universidad debió favorecer al trabajo político en su interior, además si a esto se suma que ya desde 1964 Abimael Guzmán había sido Director del Ciclo Básico de Estudios Generales, espacio del que se ha afirmado ser donde concientizaba a los alumnos recién ingresantes a la Universidad, es decir donde se iniciaban en el conocimiento de los fundamentos básicos de la concepción filosófica dialéctica materialista o la concepción científica del mundo.
Si nos detenemos un momento a la revisión de los cursos desarrollados en el Ciclo Básico de Estudios Generales, se confirmará la importancia que tuvo para gran parte de alumnos huamanguinos en la forja de un pensamiento social destinado al logro de sus planteamientos de construir una sociedad más justa a través de la trasformación del sistema económico, político y social. Veamos cuales fueron algunas de estas asignaturas.
Para la década del 70 se continuaban impartiendo asignaturas como: Español I, II, y III, Matemática, Propedéutica I y II, Estudio del Hombre I y II, Análisis del Perú I, Concepción de la Naturaleza Orgánica I y II, Bases Filosóficas, Introducción a la Economía Política, Quechua, Economía Peruana entre otros.
Respecto a los contenidos a desarrollar en estos cursos tenemos por ejemplo: en la asignatura “Estudio del Hombre I” se comprendieron temas referidos al surgimiento de la sociedad humana desde sus orígenes hasta el sistema capitalista y el desarrollo del pensamiento social a través del tiempo, uno de los objetivos de este curso estaba en función de situar al estudiante en la problemática de la sociedad así como estimular el desenvolvimiento de su conciencia social.
La asignatura “Concepción de la Naturaleza Orgánica” se basó en el estudio del desarrollo histórico y trasformación de la naturaleza considerando su aspecto orgánico dentro del marco de las adquisiciones del pensamiento humano y la sociedad, tuvo como uno de sus objetivos principales contribuir a la concepción científica del mundo. En este mismo sentido la temática referida al curso “Concepción de la Naturaleza Inorgánica” se desenvolvió en la discusión de los problemas generales de carácter científico, natural y filosófico mediante el análisis y comprensión de las ideas científicas acerca de la materia y el movimiento.
Respecto al curso “Análisis del Perú I, II Y III” se tiene que comprendió el estudio general del surgimiento y desarrollo de la sociedad peruana desde sus orígenes hasta el Perú contemporáneo teniendo como objetivo central situar al estudiante en la problemática de su sociedad a través de la historia.
Otra de las asignaturas fue “Introducción a la Economía Política” en el que se abarcó el estudio del aspecto social de la producción, de las relaciones económicas dadas entre los hombres al producir los bienes materiales en las diferentes formaciones económicas, dándose énfasis en las principales categorías económicas del modo capitalista de producción. La última parte del curso llegaba al estudio de la problemática del subdesarrollo. En el curso denominado “Propedéutica” las enseñanzas giraron e torno a temas como la práctica social, la teoría del conocimiento, el pensamiento, su naturaleza, fuentes y uso.
Algunos de estos cursos fueron dictados por el profesor Abimael Guzmán Reinoso sobre todos aquellos relacionados a temas de filosofía y ciencias sociales. Por este motivo los grupos enfrentados al FER Sendero Luminoso pedían la desaparición del Ciclo Básico y entre otros puntos solicitaban la aprobación de nuevos planes de estudio.
Lo que merece resaltar en relación a la preparación académica de los alumnos de la Universidad de Huamanga fue el desarrollo de su capacidad de crítica y el nivel que se logró respecto a la vinculación con la problemática de su entorno, tanto como el estímulo en el desenvolvimiento de su conciencia social. Dicha afirmación pueden confirmarse por la producción de diversos trabajos de investigación realizados por alumnos y egresados de la casa de estudios. Como demuestra Eduardo Cáceres Valdivia a inicios de 1970, al hacer referencia a una monografía que no tuvo sino una precaria edición a mimeógrafo hecha por Catalina Adrianzen[26]reseñaba algunas decenas de investigaciones realizadas por estudiantes y jóvenes egresados de la Universidad de Huamanga. “los someros resúmenes apenas si daban cuenta del contenido de tales trabajos. Si hubieran sido leídos con atención podrían haber dado la pista de los procesos que sacudirían al Departamento en las décadas siguientes”[27]
De acuerdo a estas apreciaciones hechas por Cáceres, se puede deducir que los trabajos Editados por Catalina Adrianzen en realidad daban cuenta del marcado interés de dichos estudiantes universitarios por la situación económica y social del departamento, en particular de sus provincias centrales. Los títulos expresaban de manera bastante elocuente la óptica de los mismos. Se trataba de textos que desde la teoría marxista trataban de establecer análisis de los conflictos de la lucha de clases. Situación que les permitía ubicarse e identificarse con alguna de ellas, de acuerdo a la posición que ocuparan en relación a la tenencia o no de los medios de producción.
Identificados entonces con una clase social, y mediante el reconocimiento del papel que esta debía cumplir en relación a la búsqueda de cambios hacia un nuevo tipo de sociedad, fueron diversas las acciones de los estudiantes, tanto a nivel de trabajo político e ideológico y posteriormente militar, las que determinaron acrecentar sus vínculos con la población ayacuchana especialmente con el sector campesino.
La Facultad de Educación, principalmente formó los cuadros y dirigentes quienes al retornar a sus comunidades de origen, las organizaron para concientizarlas Así por ejemplo en 1973 apareció la Asociación de Estudiantes de los distritos de Vilcashuamán, Concepción, Huambalpa, Huanmcapi, Cayara y San Pedro de Hualla como organismo del Frente Estudiantil Revolucionario S.L, cuyos integrantes desarrollaron una intensa actividad de proselitismo en sus respectivas comunidades en dicho año.
El trabajo político dentro las aulas tuvieron como consecuencia diversas acciones en las que intervinieron las fuerzas policiales. Tal como lo da a conocer el Rector Roberto Ishikawa a inicios de 1970, momento en que los estudiantes realizaban un mitin de protesta por la detención del alumno del Programa Académico de Ciclo Básico Marcelino Castro Gamboa, por el hecho de distribuir volantes, quien ya había sido juzgado por el “delito contra la libertad de prensa y en agravio al Estado”, y sentenciado a 6 meses de prisión y al pago de s/. 1000.- Soles. En días sucesivos, es decir por la cuarta semana del mes de enero del mencionado año, las manifestaciones estudiantiles volvieron a repetirse. De acuerdo a lo señalado por el Rector, en esta oportunidad no se produjeron desmanes ni contra las personas ni contra la propiedad privada, pero “la policía actuó de forma inmediata, lanzando bombas lacrimógenas, por lo que los estudiantes se refugiaron en los locales universitarios a cuyo interior fueron también arrojadas las bombas lacrimógenas acompañadas de disparos de armas de fuego, resultando como consecuencia, varios estudiantes heridos con perdigones y los locales con el destrozo de muchos vidrios”.[28]
Meses después de estos hechos se toma conocimiento que sobre la detención “inmotivada del profesor Abimael Guzmán Reinoso” Director Universitario de personal docente, administrativo y de servicios, ocurrida el 26 de junio de 1970, en circunstancias en que se retiraba de la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo, por miembros de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y el 22 de julio del mismo año, el Rector Roberto Ishikawa, ponía nuevamente al tanto a las autoridades universitarias del CONUP sobre la detención del profesor de Ciencias Naturales del Ciclo Básico Luis Kawata, además de los alumnos del mismo Ciclo Básico Manuel Esquivel , Gregorio Carrasco y Alejandro Rojas realizada por la Policía, indicando, según fuentes extraoficiales imputándoseles haber formulado criticas a la Ley de la Reforma Agraria[29] .
Todas estas escaramuzas, enfrentamientos y detenciones podían acontecer simultáneamente en sus 4 locales, o solo en alguno de los que funcionaban en la Universidad de Huamanga. Dos locales estaban ubicados en el centro de la cuidad de Ayacucho, frente a la Plaza de Armas, donde venía funcionando toda la administración central, así como las aulas de clases con excepción de las de Estudios Generales. Los otros dos locales se ubicaron también en la ciudad, correspondiendo cada uno de ellos a Estudios Generales, residencia y comedor de estudiantes así como los servicios de transporte, maestranza y mantenimiento; conteniendo el otro local una planta piloto de cerámica y talleres.
Los desencuentros y las pugnas por la hegemonía al interior de la Universidad.
El desarrollo del trabajo político, ejercido por los grupos existentes al interior de la Universidad, se caracterizó por una composición no homogénea, tanto a nivel del estudiantado como dentro de la misma dirección académica administrativa de la Universidad, lo que propició conflictos internos en la lucha por la hegemonía durante distintos momentos. Presentamos algunos casos que consideramos más representativos, éstos nos permitirán demostrar los niveles del conflicto en su interior tal como sucedió a fines del año 1970 cuando la Universidad atravesó por cierta paralización en sus labores y la agudización de los conflictos durante los años siguientes, cada una con sus respectivas particularidades.
En el primer caso que hacemos mención se trató de un receso parcial en el funcionamiento de la Universidad por 12 días, fue decretado por sus mismas autoridades a fin de realizar una evaluación interna en sus Programas Académicos. La suspensión de las labores tuvo sus orígenes en la ejecución de una demanda estudiantil encaminada a la separación del profesor Mario Benavidez Calle quien dictaba el curso Introducción a la Pre Historia, y a quien se levantó cargos aduciéndose maltrato a los alumnos, el uso de fraseología inadecuada y prepotencia, además a la actitud de emplear una severa y extremada calificación para reprobar estudiantes.
Por otro lado los alumnos solicitaron la separación del Director del Programa Académico de Ciencias Sociales, profesor René Casanova Silva, aduciendo incapacidad en sus labores, igualmente la renuncia del Director de Programa Académico de Ingeniería de Minas Nicanor Obando Muñoz y la separación definitiva del Director de Evaluación considerando a este último de “ser representante del gobierno y del imperialismo norteamericano de línea entreguista al CONUP”[30]
Estas demandas fueron acompañadas de paros preventivos, toma de locales, amenazas de huelga de hambre y la decisión de “luchar hasta las últimas consecuencias” la que consiguieron con la secundación y el respaldo estudiantil. Se hace evidente por la magnitud de las acciones que este desborde estudiantil, no pudo ser canalizado ni contenido por los dirigentes y grupos politizados dentro de la universidad, de ahí que el Consejo Ejecutivo tomó el acuerdo del receso por unanimidad.
En concreto, hechos como el mencionado muestran que para los años 70 la universidad se encontraba muy politizada tanto a nivel docente y estudiantil, esto se tradujo en un conflicto entre quienes sostenían que los grupos politizados se encontraban al servicio de intereses partidarios discriminado a profesores que no comulgaba con sus directivas y por otro lado los que aducían que la universidad se encontraba en constante asedio de los medios conservadores y reaccionarios provenientes de personas que fueron desplazadas de la institución.
Hay que reconocer que estos problemas, en aquellos momentos, no fueron exclusividad de Universidad de Huamanga, por el mismo tiempo, en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco sus autoridades ponían en conocimiento de “actos de subversión e indisciplina de un grupo de estudiantes que se denominan dirigentes de la llamada Federación Universitaria del Cusco… con el pretexto de solicitar la supresión del Programa Académico de Estudios Generales, la ampliación del número de comensales en el comedor y otras exigencias ilegales e imposibles de atender”[31]. Dicha denuncia radicaba en razón de la toma del local universitario de parte de los alumnos, lo que llegó a determinar que el consejo Ejecutivo también recesara las labores académicas por 60 días.
Del mismo modo, en Lima al finalizar diciembre de 1970, alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se apoderaban del Pabellón Central de de su local, bloqueando con barricadas y otros obstáculos, todas las puertas de ingreso al campus universitario. Según manifestación de los estudiantes, la actitud estaba dirigida a exigir la renuncia del Rector, a conseguir la derogatoria de la Ley Orgánica de la Universidad Peruana y a solidarizarse con sus compañeros declarados en huelga de hambre. Dichas acciones estudiantiles tuvieron como respuesta la intervención policial quienes procedieron a desalojarlos. Las posteriores sanciones de las autoridades universitarias fue sancionar mediante la expulsión a un centenar de alumnos entre los que figuraron Miguel Aragón Ojeda, Ernesto Chicata, Walter Angulo Mejía, Roberto Maldonado García Eduardo Figarí, entre otros.[32]
En Puno, cuando se realizaba un mitin de estudiantes universitarios en contra de la categorización de las universidades, impuesto por Ley universitaria, interviene la policía y se produce un enfrentamiento quedando un saldo de un muerto y 5 heridos.
En un lugar más lejano a la capital de igual modo, estudiantes tomaban los locales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos, provocando con estas medidas, la suspensión de las labores docentes y administrativas, aduciendo como razón sus medidas de fuerza, la moralización de su universidad, quedando truncas las actividades lectivas hasta el año siguiente 1971. Este año la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) detenía en Huaraz a José Nique de la Puente, dirigente de la Federación Universitaria de San Marcos, sin que hubiera ningún cargo de por medio, así como tampoco orden judicial y sin estar suspendidas las garantías constitucionales.
Como podemos observar este tipo de conflictos propagados en la mayor parte de universidades del país cobró gran notoriedad en la opinión pública. Por su parte la prensa escrita de la capital en tal contexto escribirá diversos artículos entre las que figuraban ideas de que “en las universidades ha dejado de sentirse que el estudio es el primer deber, otros objetivos menos nobles y universales han destrozado valores y arrasado los principios sin los cuales ningún espíritu puede reclamar el titulo de auténticamente universitario”. Manifestando una férrea critica sobre la situación se añade: “… hoy en la universidad se hace política, se juega a la estrategia partidaria, al proselitismo y a veces con explosiva frecuencia a la lucha de pandillas políticas…hoy en el Perú los estudiantes imponen requisitos a los maestros y los maestros por no perder posiciones han cedido ante la dictadura de esos pequeños círculos poco numerosos pero bien organizados”[33]
Infinidad de afirmaciones periodísticas, como la señalada, se dirigían en crítica hacia la hegemonía que detentaba el FER que en las distintas universidades del país, tal como afirmamos sucedió en la universidad de Huamanga, donde llegó tener un profundo eco en función del trabajo político desarrollado en el Ciclo Básico o de Estudios Generales de donde serían reclutados en posteriores años un sector importante de los dirigentes que tomaron como opción la lucha subversiva.
Así la universidad en el país se convirtió en un codiciable bastión político, por tanto de luchas y escaramuzas. En Ayacucho esto fue respaldado por la posición que ocupaban los docentes frente a los alumnos y trabajadores, y en especial de aquellos que mostraban una abierta militancia comunista. Al mismo tiempo, la labor de proyección social ejercida por la Universidad la ganó una audiencia entusiasta entre maestros, escolares y diferentes profesionales que habían egresado de sus aulas y ejercían sus actividades profesionales dentro de la zona. Éstos mantenían un gran respeto por los docentes de tendencia comunista que contribuyeron en su formación.
Existieron casos de ribetes anecdóticos durante 1971 durante la pugna al interior de la universidad en la Universidad de Huamanga, llegándose a niveles muy por debajo de lo podría considerarse propios de un nivel universitario, tal como se verifica en la documentación revisada, en las que circularon una serie de denuncias contra profesores y autoridades, pero sin ninguna base de sustentación, estas fueron recepcionadas por el CONUP en forma de memoriales. Para mencionar solo dos casos tenemos por ejemplo uno con fecha 31 de marzo de 1971 que es firmado por un grupo de madres de familia quienes en tono de indignación dan conocimiento de la existencia dentro de la Universidad de catedráticos “que con amenasas (sic) de aplazar a nuestras hijas las abusan y no hay garantías para las alumnas…como del dentista Rojas Tello, acostumbrado a abusar, violar a las alumnas para no aplazarlas en el examen, también de un tal Naveda que con Zorrilla han estado preso (sic) por delitos, son conocidos ultrajadores de alumnas, otro delincuente Kawata, ha estado preso varias veces y tiene denuncias en la PIP, este hombre no tiene ningún título, es un borrachito alcohólico, que llega a clases apestando a trago y lo defiende su patrón Abimael Guzmán, que es el jefe de esos canallas, así también un anciano Casanova, degenerado sexual.. y el pueblo les llama con el nombre de chupamaros”
A otra denuncia dirigida al CONUP también referida contra profesores de la Universidad y que fue firmada por 22 ciudadanos identificados con sus respectivas libretas electorales y con la debida legalización notarial denuncian sobre la crisis de la universidad, igualmente se menciona a algunos de los profesores anteriormente los profesores señalados entre ellos Zenón Naveda, Manuel Abarca C. Mario Benavidez , de formar un grupo cerrado con un propósito de enriquecimiento ilícito, tachando de fraudulentos e inmorales los concursos de admisión. Imputan contra el profesor Naveda el hecho de haber ejercido presión moral al estudiantado femenino del Ciclo Básico, solicitando la subrogación de los referidos profesores, pues los firmantes la permanencia de estos docentes, “se constituía en un franco desafió a la estabilidad institucional”
Lo cierto es que respecto a la primera denuncia la propia universidad a fin de verificar la autenticidad de la misma, solicitó se le informara sobre la autenticidad de las 4 madres de familia firmantes, llegándose a determinar que ninguna de ellas era autentica, pues el número de las libretas electorales que figuraba después de cada firma no correspondía a las supuestas denunciantes. Lo que revelo que se trataba de un vulgar anónimo con la intención de formular cargos contra los referidos docentes de la universidad.
En relación al segunda memorial presentado por 22 supuestos alumnos, las investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Contenciosos y Administrativos del CONUP, establecieron que la certificación notarial que contenía la solicitud presentada no correspondía a la persona que aparecía firmando, Dr. Luis Felipe Villaran, pues el citado profesional había fallecido en 1966, fecha en que los archivos notariales pasaron a otra oficina, habiéndose suplantado la firma del mencionado notario.[34] Respecto a las firmas se llegó a acreditar que no correspondían a la serie establecida para el Departamento de Ayacucho por el Registro Nacional Electoral, es decir los firmantes no existían, aunque si los apellidos correspondía a familias ayacuchanas.
La lucha política y la hegemonía dentro de las aulas universitarias huamanguinas se intensifica en marzo de 1973 cuando varios postulantes vinculados al SINAMOS (Sistema Nacional de Movilización Social) aprueban el ingreso a la Universidad, de inmediato buscan participación política y lo hacen en el FUE (Frente Universitario Estudiantil), en un inicio la participación no es abierta, no se observaba líder visible, sin embargo los comentarios de estudiantes y docentes que se difundían era de que el grupo era sumamente activo, con un nivel elevado de participación política y académica y hasta se rumoreaba que algunos de ellos recibían importantes subvenciones económicas. Éste grupo emprenderá una enconada lucha contra el FER S.L durante toda la década del 70.
Para fines del año 1973 se comienzan a reconocer las actividades de este grupo político estudiantil a quien comenzó a identificársele como “los de ingeniería” el que poco a poco se fue consolidando a través de la agrupación de diversas facciones incluso al SINAMOS, convirtiéndose en el grupo más numeroso. Diferenciándose aparentemente de los esquemas convencionales, por la no visibilidad de líderes, ni de sus planes de acción, sus objetivos conocidos fueron mantener y elevar el nivel académico, situación que se concretó por el grupo en las intensas horas de trabajo académico desarrollado especialmente en los programas de Ingeniería de Minas y de Química.
Esta tarea fue desarrollada por algunos profesores que se dedicaron a apoyar a los estudiantes mencionados, estos docentes llegaron a conformar un grupo compacto y numeroso, teniendo entre sus miembros, en su mayoría, a ex becarios en el exterior y pertenecientes a los departamentos relacionados con la ingeniería. Su líder visible fue el Ing. Alberto Morote Sánchez y entre sus postulados se encontraba la moralización, intensificación del trabajo y modernización de la currícula. Hechos concretos de su prédica fueron por ejemplo, el cuestionamiento abierto a los currículos, consideraron que estos se encontraban difusos y comenzaron a sugerir algunas suspensiones, cambios de ubicación y nombre de algunas asignaturas. La acción inicial de estos docentes repercutió en los estudiantes, lo que devino dadas las circunstancias en acciones políticas que poco a poco lograron intensificarse configurando notables cambios para 1974 y los años posteriores.
Queremos explicitar parte de este proceso en la medida que nos permita entender como la presencia en el control de la actividad universitaria de parte de los estudiantes vinculados a Sendero Luminoso va a ser calificado de un cerrado dogmatismo que poco a poco será denunciado por sus opositores en una evidente rechazo a su predomino hegemónico. Veamos algunos hechos principales:
A mediados de enero de 1974 los alumnos del Programa de Ingeniería de Minas y Química solicitaron la reestructuración inmediata de los planes de estudio, presionando mediante la toma de algunos locales. Frente a estos hechos el Consejo Ejecutivo de la Universidad decide suspender las clases temporalmente. Es por estos días que se producen las elecciones complementarias de Jefes de Departamento y Directores de Programas Académicos. Por otra parte se nombra una Comisión Investigadora del Departamento de Medicina Humana y de los Programas de Enfermería y Obstetricia cuestionados por supuestas irregularidades.
El día 3 de marzo del mismo año (1974) se reúne la Asamblea Universitaria para elegir o tarificar a los directores universitarios. Como resultado de este acto fueron elegidos nuevos directores universitarios y en la que el grupo de “los de ingeniería” obtuvo mayoría en el Consejo Ejecutivo, la mayoría fue absoluta. Los profesores del grupo autodenominado “de estudios y análisis” (pekineses) no logró elegir a ningún miembro del Consejo Ejecutivo. Desde ese entonces se intensifican aun más las pugnas entre ambos grupos.
En base a los dictámenes de los departamentos académicos respectivos, el Consejo Ejecutivo, no ratificó 4 jefes de práctica de los Planteles de Aplicación Huamán Poma de Ayala, uno del departamento de ciencias biológicas y otro del departamento de ciencias de la ingeniería. Entre ellos también se separa al Director de las escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala.
Mientras en los Departamentos de Medicina y los Programas de Enfermería se agudizaban, se nombra una Comisión Investigadora para determinar su desenvolvimiento académico y administrativo, ésta integrada por el director de Evaluación, Director de Personal y un alumno, determinaron ciertas irregularidades, lo que fue motivo suficiente para que el Consejo Ejecutivo declare en reorganización el Departamento disponiendo el cese de personal docente y la convocatoria a concurso nacional en todas las plazas.
A raíz de estos hechos los directivos del Sindicato Único de Profesores de la Universidad plantearon que tales medidas eran antidemocráticas, defendiendo vehementemente a los profesores separados. Al no hacerse efectivos sus pedidos los delegados alumnos del Programa Académico Enfermería tomaron su local el 22 de mayo impidiendo el dictado de las clases.
La no ratificación de los dos docentes de las escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala también devino en acciones de protesta con una marcha apoyada por padres de familia y alumnos, la que se prolongó por más de 10 días. El día 28 de marzo un grupo de encapuchados ocuparon algunos locales de la Universidad, se mantuvieron hasta el día 30 en que fueron desalojados por el grupo “los de ingeniería”. En el transcurso de la ocupación fue maltratado el profesor Alberto Morote Sánchez.
Estos hechos de conflicto repercutieron no solo en los sectores estudiantiles, sino también a nivel de la docencia y el sector de los empleados colocando en una situación casi desesperada a los antes poderosos representantes del FER Sendero Luminoso.
Fueron muchas las denuncias de los estudiantes opositores al FER Sendero Luminoso a quien responsabilizaron de proteger intereses de grupo que hacían efectivos desde años atrás. En carta abierta y dirigida al Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) los alumnos de los programas de Ingeniería de Minas e Ingeniería Química daban cuenta de que “las cátedras de primer año se han convertido en vitales fuentes de dogmatización de su frente político”. Por este motivo pedían la desaparición del Ciclo Básico y entre otros puntos la aprobación de nuevos planes de estudio, dotación de laboratorios y comedor universitario libre.
Sobre el uso del comedor estudiantil el grupo de alumnos conocidos como “los de ingeniería” señalaron que su acceso “estaba en función de interrogatorios humillantes a cargo del Director de bienestar Universitario y Asistente Social coludidos con intereses de grupo ya que no se selecciona por grado de necesidad del alumno, sino por el grado de incondicionalidad” Se añade sobre este mismo grupo que “dispuso de un pabellón completo de la Residencia Universitaria para una especie de escuadrón de matones que coacciona y garantiza el terrorismo y el chantaje”[35]
En función a todas estas denuncias observadas, se hace evidente entonces que la pugna por la hegemonía en la Universidad había desencadenado en un creciente número de conflictos, pues el grupo de estudiantes y profesores de tendencia comunista veían perder el poder de dirección que antes detentaban dentro de la universidad. Esto implicaba perder las posiciones claves para el desarrollo del adoctrinamiento como sucedía en el Ciclo Básico y las escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala.
Conflicto por las Escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala.
Uno de los conflicto de gran trascendencia durante la década del 70’ en la Universidad fue precisamente el relacionado con las Escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala.
Estas escuelas fueron autorizadas en 1964 como un núcleo educativo en la Universidad de Huamanga mediante Resolución Directoral N° 00232 emitida por la Tercera Región de Educación[36]. Constaban con un jardín de la infancia, una escuela de Educación Secundaria Común, de acuerdo a lo detallado en la Resolución su objetivo estaba en función de servir para la observación y prácticas docentes de los alumnos del Instituto de educación de dicha universidad y para las investigaciones pedagógicas, preferentemente de carácter regional.
El funcionamiento de estas escuelas de Aplicación se ubicó en un lugar independiente del claustro universitario, en una edificación más reciente construcción que la de su local principal. La educación que se impartía era gratuita. Recibían de la Universidad sostenimiento económico, dotación directiva docente, administrativa y material gozando de reconocimiento oficial y de autonomía pedagógica del Ministerio de Educación, rigiéndose por su propio reglamento, por el cual dependían de las autoridades universitarias sujetándose a los estatutos de la Universidad de Huamanga.
Se impartió en dichas Escuelas la enseñanza en los niveles preescolar, primaria y secundaria, para lo cual se contó con su propio plantel de profesores que no eran docentes de nivel universitario por lo que no estaban sujetos a su régimen económico. Los profesores de estos planteles laboraron bajos los alcances de la Ley del Magisterio 15215 y percibían una retribución bastante austera. Los alumnos universitarios realizaban sus prácticas docentes con estos profesores mencionados. Para 1970 las escuelas de Aplicación estuvieron dirigidas por un profesor del Magisterio Nacional contratado a dedicación exclusiva, sin categoría, pero dependiendo directamente por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Huamanga a cargo del profesor universitario Virgilio Galdó, dando cabida a por lo menos 386 alumnos.
En cuanto a los programas de estudio, estos estuvieron ceñidos a las directivas oficiales emanadas del Ministerio de Educación, pero dado a su condición de experimental que formaba parte de la Universidad Nacional de Huamanga, los profesores al impartir los conocimientos mantuvieron una influencia de la cultura universitaria predominante, volcándose sobre todo a los cursos de Educación Cívica en Quinto de Secundaria, en cuya bibliografía recomendada dentro del programa analítico dosificado se podía encontrar autores como José Carlos Mariátegui, Pablo VI, Engels, Mao Ste Tung, Ernesto Guevara, entre otros. En cursos como Geografía Política y Economía de segundo año y Economía Política de Quinto de secundaria se podía encontrar en su bibliografía lecturas de Lenin, Samuelson, Boné, etc.
El conflicto suscitado respecto a las Escuelas de Aplicación tuvo su desarrollo en marzo de 1975 cuando un grupo de pobladores de la zona conforman la Comisión de Ampliación de los Servicios Educativos de los Planteles de Aplicación Huamán Poma de Ayala, quienes solicitaban a las autoridades de la Universidad se ampliaran los servicios educativos, en los dichos planteles, desde el Jardín de la Infancia hasta el Quinto de Secundaria, por lo que comunicaban se establecieran dos turnos: uno en la mañana y otro en la tarde, como se daba en la mayoría de los centros educativos de la localidad. Sustentaron su pedido en la incapacidad de recepción de los alumnos en las diferentes modalidades y niveles, especialmente del primer grado, en otros colegios de la zona.
La Universidad en respuesta a tal petición, desestimó la solicitud formulada y dispuso que el Director de los Planteles de Aplicación Huamán Poma de Ayala se abstuviera bajo responsabilidad, de efectuar matrículas provisionales por encima de las vacantes establecidas. Sucediendo que el mencionado Director realizó una regular cantidad de matriculas provisionales por lo que recibió el respectivo llamado de atención de las autoridades universitarias.
Frente a tal situación el Rector solicita información al Director de la Zona de Educación N° 35 sobre las vacantes existentes en las escuelas de Ayacucho para los alumnos de primer grado, obteniendo como respuesta que los centros educativos de la localidad si se encontraban en la capacidad de absorber toda la demanda de los diferentes niveles, especialmente en el primer grado.
Paralelamente a estas indagaciones realizadas por el Rector, La Asociación de Padres de Familia de las Escuelas de Aplicación, solicita al Director del Programa Académico de Educación de la Universidad, emitiera su opinión técnica sobre la ampliación de las vacantes a dos turnos en dichas Escuelas, sobre los problemas que podían generarse de reunir alumnos de los Planteles con alumnos universitarios y la viabilidad legal de que los padres de familia contraten docentes para resolver los inconvenientes de la ampliación.
La respuesta del Director del Programa Académico de Educación fue, que si por razones de carácter económico no era posible cristalizar tal deseo la ampliación de los turnos, ésta resultaba imprescindible, pues consideró que dicha petición era necesaria “no solamente para posibilitar mayor servicio a la comunidad, sino porque las prácticas pre profesionales de los estudiantes así lo requiere”, añadiendo que la ampliación fortificaría el Programa de Educación y que la participación de los padres de familia en la marcha de los Planteles de Aplicación había sido beneficiosa para el Programa Académico de Educación y para la Universidad.
Tomando conocimiento de las afirmaciones del Director del Programa Académico de Educación, el Jefe el Departamento de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad le comunica al rector de la posición de dicho Departamento haciendo el reconocimiento de que desde la apertura de la universidad y el funcionamiento de las escuelas Huamán Poma, se habían enfrentado dos líneas antagónicas. Una preocupada por el desarrollo y la subsistencia de los Planteles de Aplicación y otra empeñada en liquidarlas.
Luego de examinar el desarrollo del enfrentamiento de ambas tendencias, el Jefe el Departamento de Educación y Ciencias Humanas expresó su apoyo a la petición del Comité por la ampliación de los Planteles de Aplicación “por ser justa y por ser reflejo de las necesidades que tiene el pueblo de buscar una mejor formación para sus hijos “ por lo que solicitó que 3 secciones utilizadas por los alumnos universitarios del Ciclo Básico (conocido como Serie 100) debían funcionar en las tardes por considerar ser un inconveniente desde el punto de vista pedagógico, demandando así la ampliación de los planteles por la labor de proyección social que cumplían y por la insuficiencia de dichos planteles para atender al numeroso contingente de estudiantes de pedagogía. Solicita, además que se dejará sin efecto la llamada de atención al Director de los Planteles de Aplicación.
En vista de tales circunstancias la Universidad resolvió prorrogar las clases en los Planteles de Aplicación, que debían comenzar el 1° de abril, hasta el 14 de abril del año en curso, manteniéndose el mismo horario de los años anteriores por lo que se emite un documento[37] en el que sustentó la necesidad de proceder a la ratificación de los docentes y en que se reiteraba que la universidad había negado ya la petición de los padres de familia, para el funcionamiento de un segundo turno en las tardes.
Por información de la Asesoría Legal del CONUP se conoce que el mismo día 31 de marzo los profesores de los Planteles de Aplicación, al parecer celebraron una asamblea, a fin de contemplar la situación creada por la dación de la Resolución N° 7541-75 y como resultado de ella el Director de los Planteles de Aplicación cursa al Jefe del Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas un memorándum en cuya parte más destacada expresa acoger y aceptar la petición de los padres de familia para iniciar las clases el 1° de abril.
El Rector Roberto Ishikawa tomó dicha acción como desacato a la autoridad universitaria, demandando a dicho Jefe, urgente información al respecto, sobre lo cual respondió que frente a la petición de ampliación de los servicios de los Planteles de Aplicación el rectorado había desestimado la petición de los padres de familia sin requerir la previa opinión del Departamento y del Programa de Educación a quienes competía pronunciamiento al respecto, añadiendo que el Departamento “se oponía a la ratificación de los docentes (razón invocada para la prorroga de las clases) en razón de que aquella se practicara para expulsar a diferentes profesores por razón de sus ideas”.
En este sentido, mediante memorándum de fecha 2 de abril de 1975 el Jefe del Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas, da conocer al Rector que, desde su cargo se abstendría de proceder a la ratificación de los Jefes de práctica dispuesta por el Consejo Ejecutivo y en cuanto al argumento principal de dicho Consejo de que la limitación de recursos económicos se constituía en el problema central, sustentó que había sido resuelto por los propios padres de familia que asumieron pagar la suma de S/. 100.- soles mensuales para sufragar los haberes de los docentes los que, a su turno, no exigirían los haberes de los profesores de práctica durante dicho año.
Éstas afirmaciones hechas por el Jefe del Departamento Académico de Educación se sustentaron en apoyar la acción de los padres de familia que ya habían inscrito a sus hijos y también habían decidido que un segundo turno se iniciara el 1° de abril, designando una Comisión para que realice gestiones en Lima ante los organismos pertinentes a fin de lograr su pedido.
El Consejo Ejecutivo, en conocimiento de los hechos detallados y luego de haber constatado el funcionamiento del segundo turno en los Planteles de Aplicación dispuso de inmediato la reorganización del Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas y a la Dirección del Programa Académico de Educación determinando el cese de los cargos de todos los docentes del tal Departamento, convocándose a concurso a nivel nacional las plazas docentes. Se postergaron de igual forma las labores lectivas en los planteles de Aplicación Huamán Poma de Ayala.[38]
Como parte de estas mediadas adoptadas por la universidad, el día 11 de abril el Vice Rector, encargado del rectorado, mediante carta notarial, notifica al Jefe del Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas y al Director de los planteles de Aplicación Huamán Poma de Ayala para que en esa fecha hagan entrega de sus cargos. Ambos respondieron notarialmente también que no harían entrega de sus cargos.
Frente a toda esta problemática desencadenada que tomó trascendencia no solo al interior de la universidad, dirigentes sindicales de diversas organizaciones del pueblo de Ayacucho levantaron su enérgica voz de protesta, ante lo que consideraron disposiciones injustas de parte de las autoridades de la universidad, por lo que se empeñaron a emprender “una lucha consecuente en apoyo a los padres de familia, a los 28 profesores arbitrariamente e intempestivamente separados” en reconocimiento de que “la clase obrera , como clase dirigente en la conquista del porvenir por las grandes mayorías, no puede permanecer indiferente, al margen de los hechos ocasionados a raíz de los precipitadas resoluciones , expedidas festinando todo ordenamiento legal”[39]
Entre los profesores cesados por las autoridades universitarias se encontraron a: Abimael Guzmán Reinoso, Zenon Naveda Almonacid, Jesús Armando Cavero Carrasco, Esau Santillana Valencia, Hugo Juarez Cruzatt, Máximo Cárdenas Sulca, Virgilio Galdo Gutierrez, Fermín Rivera Pineda, Raul Vivanco Santa Cruz, Víctor Raúl Zorilla, Walter Wong Gutierrez, Alejandro Naveda A., Aquiles Hinostroza Ayala entre otros.
Los hechos expuestos respecto a la intervención de las de las organizaciones de base en dicho asunto denotan que la labor de proyección social llevada a cabo por la universidad le ganó una audiencia entusiasta entre maestros, escolares, organizaciones de base y otros profesionales. Lo concreto es que el mensaje senderista se extendía como una caja de resonancia inmediata en la universidad, mediante el uso de los mecanismos que nacieron con ella para el desarrollo de la comunidad ayacuchana: labores de proyección social, las Escuelas de Aplicación, entrenamiento de profesores etc.
Tal como se observa la pugna política acaecida en la universidad llegó traspasar sus muros, vemos que diversos grupos llegan a tomar parte dentro de la comunidad ayacuchana, hubo también quienes consideraron que frente a los problemas suscitados en la Universidad, la responsabilidad entera recaía en “docentes y alumnos del FER- S.L. para quienes eran “los verdaderos culpables de la crisis institucional”. Éstas afirmaciones fueron dadas a conocer por algunos padres de familia quienes enviaron una sinnúmero de cartas a las autoridades universitarias como el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), donde muestran su apoyo al grupo universitario FUE (Frente Universitario Estudiantil), para quienes “ellos si estaban realmente empeñados en lograr una autentica reivindicación para todos los estudiantes, no para un minúsculo grupo oportunista”. Haciendo referencia sobre Sendero Luminoso dentro de la Universidad tales comunicaciones recepcionadas por el CONUP, detallan entre otras afirmaciones: que “estos grupos inconsecuentes y malsanos encaramados en el Programa de Educación y Ciclo Básico, hoy violentamente desaforados para siempre tratan de sorprender a la ciudadanía ayacuchana…” Otros párrafos de las cartas y denuncias enviadas, señalan: “…existe un grupúsculo organizado, cual matones a sueldo FER Luminoso, SUTE-UNSCH quien en forma periódica incursionan en los planteles secundarios para reclutar jóvenes que apoyen sus demandas...”. Las responsabilidades de la crisis desencadenada en la universidad toman nombre propio, al señalar que “… la gran aspiración de estos irresponsables Guzmán, Naveda, Abarca, Zorrilla, era llegar al rectorado, vice rectorado o directores universitarios a cualquier lugar…” Considerando por lo tanto que: “… los verdaderos enemigos de esta universidad son el grupo FER Sendero Luminoso Bandera Roja con sus cabecillas tradicionales: Abimael Guzmán, Zenón Naveda Almonacid, Manuel Abarca, Osman Morote, Marcial Molina, Víctor Zorilla Aramburú, Ricardo Rojas Tello, Carlos Flores…..”.
Otro elemento de la crisis lo constituyó el impedimento para la realización del concurso de admisión en 1975, por la toma del local Castilla Zamora y Garcilaso de la Vega, siendo denunciados por la Universidad los alumnos: Javier Azcarza Olivares, Iván Anaya, Aguilar, Jaime Gonzales Caminati, Danilo Blanco Cabezas, Guillermo Durand Araujo, Eladio Méndez Quispe, entre otros. De acuerdo a informaciones del Rector Ishikawa serían los responsables de daños como el destrozo de carpetas y de los servicios higiénicos, ruptura de las tejas de los techos de los locales, pintarrajeo de paredes con alusiones ofensivas, rompimiento de vidrios de las ventanas y otros daños[40]
Los locales de los planteles de Aplicación debido al mencionado conflicto siguieron tomados en los años posteriores, el 23 de abril de 1975 la Universidad formuló denuncia ante el poder Judicial contra la libertad individual, usurpación, desacato, violencia y resistencia a la autoridad en contra de los señores Anatoli Vera Álvarez, Máximo Cárdenas Sulca, Ricardo Rojas Tello, Raúl Manrique Gamero, Pascual Torres y Darío Torres (padre de familia de la Comisión de Ampliación). El agente fiscal no encontró delito al igual que el juez instructor y la Corte Superior de Ayacucho se pronunció que no existía mérito para juicio oral.
De lo que no pudieron librarse algunos de los profesores que formaron parte activa durante el conflicto al interior de la universidad, fue su separación definitiva de las aulas como sucedió en los casos de los profesores Ricardo Rojas Tello y Raúl Enrique Gamero quienes fueron separados definitivamente de la universidad en octubre de 1976[41]
Como hemos detallado el intenso trabajo político realizado por S.L dentro de la Universidad se hace visible con cada uno de los hechos señalados, pero se hace evidente que no solo la universidad se constituyó en el principal escenario de desarrollo de dicho trabajo, pues en el sector campesino y en otras organizaciones de base debieron jugar un papel preponderante en el desarrollo del PCP Sendero Luminoso.
Los hechos anotados en relación a los sucesos de Huanta y la pugna suscitada por la ampliación de los turnos en las escuelas de Aplicación Huamán Poma de Ayala representan el resultado de un primer trabajo político al interior de la universidad y en los colegios y escuelas de la región a través del FUESA (Frente Único de Estudiantes Secundarios de Ayacucho).
Los conflictos anotados últimamente denotan que el trabajo político al interior de la universidad se hizo cada vez más intransigente con los otros grupos militantes. Para 1977 el rechazó a Sendero Luminoso se manifestó en los tres estamentos universitarios y lo llevaron paulatinamente a una creciente decadencia, en lo que se refiere al control de los organismos universitarios.
De haberse canalizado solo a nivel universitario el trabajo político senderista, es posible que hubiera quedado extinguido dentro de las aulas universitarias. Para 1978 empiezan a aparecer los pizarrines anunciando “la lucha armada”; acostumbrados a ver lemas tan o más incendiarios en las universidades nadie le prestó atención. Lo que se hace evidente entonces es que el trabajo fuera de las paredes de la universidad de Huamanga fue intenso.
En una entrevista realizada a diversas personas en Ayacucho el año 1982 por Raúl Gonzales indagando sobre ¿que sucedía realmente en Ayacucho? por las causas de la lucha armada y del crecimiento de las acciones senderistas, uno de los entrevistados identificado como Manuel Rojas, pocas de las personas que dio su nombre, y que sintetiza en gran medida parte de las ideas vertidas en el presente articulo, detalla sobre Sendero “la universidad ha permitido que crezca y porque el gobierno nunca ha hecho nada por esta ciudad- el gobierno militar me refiero- Aquí casi no habido Reforma Agraria, no hay colegios, no hay agua.., usted ha visto como se vive en los pueblos jóvenes y como viven los campesinos… por eso es que han crecido. Han crecido porque el gobierno tampoco ha hecho nada… ¡cuanta gente esta metida ahora en eso!
Detallando algunas ideas más relación a la universidad de Huamanga el entrevistado agrega: “La universidad de Huamanga ha sido responsabilizada por propios y extraños como el lugar de partida del nacimiento de Sendero Luminoso. Según las informaciones recogidas eso no es así, no tiene esa dirección causa –efecto. Sendero nace fuera de la universidad y más bien influye en la universidad, exige proyección social, ampliación de turnos, tareas comunales. Sendero nace fuera de la universidad, pero será en ella donde lograra sus primeras conquistas gremiales y políticas, será aquí donde sacaran su famoso periódico a mimeógrafo “FER…, por el sendero luminoso de Mariátegui” que posteriormente les trasfería el nombre”
Estas afirmaciones del entrevistado coinciden con las del periodista José Gonzales quien atribuye un papel preponderante en el desarrollo de proceso de la reconstitución del PCP, a Abimael Guzmán Reinoso, a decir que apenas llegado a Ayacucho, Guzmán se inscribió en el Comité Departamental del PCP en esa ciudad, integrando en 1963 la “célula funcional de intelectuales”. Para un hombre metódico y laborioso, el estado que presentaba el PCP local debió ser repulsivo. El partido se encontraba en total abandono. Desde entonces “Abimael comenzó a desarrollar una actividad frenética desarrollando entonces dos actividades paralelas: una, como profesor y autoridad universitaria; otra como dirigente político de BR (sic). Sin embargo la primera actividad siempre estuvo al servicio de la segunda”[42]
La decisión de Sendero Luminoso iniciar la lucha armada en 1980 que aparentemente pudo ser un contrasentido, puesto que se iniciaba un proceso eleccionario que relegaba a los militares a sus cuarteles para aperturarse un nuevo gobierno civil mediante la vía electoral, resultó acertada. Tal como indica Nelson Manrique las fuerzas armadas estaban desgastadas luego de doce años de gobierno; no podían volver de inmediato al poder y el arquitecto Fernando Belaunde, que había sido sacado de palacio por los militares en 1968, dudaría mucho antes de pedirles que intervinieran[43].
Luego de iniciada su lucha armada en 1980 y en los próximos años es indudable el crecimiento que tuvo en el ámbito nacional, lo que nos permite afirmar que Sendero Luminoso fue una organización mucho más grande y disciplinada de lo que se suponía, denotando ser una organización que cubría coordinadamente la mayor parte del país.
De acuerdo a informaciones del periodista Gustavo Gorriti en su libro “sendero historia de la guerra milenaria en el Perú, señala que los Informes (del servicio de inteligencia) detallan acerca de las acciones de la primera etapa del plan de senderista, que abarcó un numero considerable de comités regionales, locales y zonales, “cuya mera enumeración como indicio de la fuerza y distribución operativa de Sendero en los meses tempranos de la insurrección, muestran una organización mucho más grande y repartida de lo que cualquiera hubiera supuesto antes y después.” Entre las zonas en mencionadas por el periodista se tiene la sub zona Cangallo del Comité zonal Andahuaylas Cangallo, parte del Comité Regional Principal (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac); el Comité Metropolitano (Lima y extramuros); la sub zona Andahuaylas; el Comité Regional Central (Junín, Huánuco, Cerro de Pasco); el Comité Regional Cusco -Puno; el Comité Local Huancayo. Mientras que los comités regionales, zonales y sub zonales ejercían influencia en la zona rural, los locales lo hacían en el ámbito urbano.
Esta amplia distribución geográfica de los comités regionales, zonales y locales que se hace mención merecerá la opinión del periodista Gorriti de que “No era de modo alguno, una organización pequeña y desdeñable la que acababa de romper los fuegos, sino una que hacia transito hacia la guerra con gran cautela”. [44]
Todo este proceso social que se ha detallado y que conllevó a la preparación. Inicio de la lucha armada, pueden explicarse a partir de los condicionamientos históricos y sociales que los movilizaron, pues como se ha observado se tiene un pueblo alzado en la ciudad, el campo, en sindicatos, en las demandas populares en las barriadas. Es decir se visualiza en todo lugar ansias de cambio. Las voluntades convergieron en torno a esta situación.
En una entrevista realizada por Carlos Arroyo a Luis Guillermo Lumbreras, son bastante acertadas las apreciaciones del reconocido arqueólogo, en este sentido al plantear que la subversión iba más allá de la existencia de un partido político alzado en armas, pues básicamente esto tenía que ver más con un conjunto de situaciones históricas que estaba por encima de la voluntad de algunas personas. Detalla este criterio señalando que “los movimientos que son significativos son aquellos que responden, de una u otra forma a condicionamientos sociales que están por encima de las voluntades o de las decisiones personales de quienes actúan dentro de ellos” Dicho de otra manera refiere que “un proceso social puede explicarse a partir de los condicionamientos históricos y sociales que los movilizan. También puede provocarse a raíz de la voluntad y decisión de algunas personas. Las voluntades pueden ser incluso muy férreas y muy importantes, pero duran muy poco; duran el tiempo que dura la moda; y definitivamente, no tiene vigencia social; no representan una posibilidad histórica[45].”
Lo que se conoce por los estudios y las investigaciones de la subversión en el país durante la década de los 80, es que Sendero Luminoso si representó una posibilidad histórica.
La barbarie y el horror producto del conflicto armado es tema de otra investigación, pero no podemos dejar de reconocer que las implicancias de dicho proceso en la mayor parte de la población tanto del campo como de la ciudad han dejado profundas heridas muy difíciles hasta el momento de subsanar. Si bien es cierto que se afirma que la guerra interna en nuestro país a culminado y de que vivimos en un tiempo de paz, esto está lejos de poder ser considerado una realidad.
Las contradicciones sociales a lo largo de estos últimos años demuestran lo contrario. Si se toma en consideración una frase del filosofo Tomas Hobbes de que “la guerra existe no solo cuando se está librando una batalla, sino cuando la batalla puede comenzar en cualquier momento” Es necesario considerar que la ausencia prolongada de enfrentamientos, puede en algún momento a raíz de las misma contradicciones sociales se retorne a una situación de genocidio que no deseamos se suscite nunca más.
CAPITULO I
[1] Huertas Lorenzo. “Movimientos Sociales en Huamanga” En Revista Inkarri. N° 2 abril de 1981. UNMSM.
[4] Fajardo Ramón. “Valores Tradicionales de la Universidad de Huamanga”.En la UNSCH 1677-1959 Ayacucho 1959 Ed. F .Gonzales V.
[5] “Homenaje y Critica” Articulo publicado en el Libro Jubilar de Homenaje ala Fundación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 1977
[6] Gonzales Raúl. “Ayacucho por los caminos de Sendero”. En Revista Quehacer N° 19 .octubre 1982. DESCO pág. 43
[8] Luis Millones. “El informe de Millones sobre Sendero” publicado en Uchuraccay el rostro de la Barbarie compilación hecha por Juan Cristóbal. Editorial San Marcos. Lima. 2003.pag 174
[9] Ver Aracelio Castillo Cruz, Octavio S. Espinoza y Félix Valencia Quintanilla “Reforma Agraria por vía Campesina. Pomacocha y Caccamarca” Ediciones Populares. Lima Perú.1981
[10] Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (1977) Libro jubilar en homenaje al tricentenario de su fundación, Ayacucho.
[11] Valentín Paniagua Participación en el conversatorio “propuestas para una nueva ley universitaria” organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina por encargo de la ANR del 23 al 25 de febrero de 1994.
[12] En esta reunión se trataron temas referidos a la situación de la Universidad en el país y la autonomía universitaria, Sesión del CIU del 3 de agosto de 1965. Libro de Actas del CIU. Tomo I años 1961-1966
[15] Diario La Crónica “universitarios toman u de Ica : protestan contra Rector Garayar” del 16-12-1967
[16] Diario La Crónica “Barricadas y fuego en las calles de Arequipa en violentos disturbios estudiantiles ayer” de 21 -12-1967
[19] La Prensa. “Los alumnos de Económicas en Arequipa siguen ocupando viejo Local de la U” de 14-05-1968
[21] Diario La Crónica “Dinero para el comedor emplean estudiantes rojos en propaganda” de fecha 17-02-1968
[22] El Correo. “ Vice Rector Acusa a la FUSM : “Despilfarran dinero del comedor” de 1 de marzo de 1968
[23] Villagrasa Raimundo S.J. Recuerdos. Un testimonio personal sobre la Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico. Lima 1997 Pág. 53
[24] Última sesión celebrada por el CIU el 21 de febrero de 1969. Libro de Actas CIU 1967-1969. Tomo II
[25] Comunicación enviada por el Rector Jacobo Alcabes al Presidente del CONUP. Of. s/n de fecha 5 de agosto de 1969
[26] Fue esposa de Antonio Díaz Martínez, agrónomo y profesor de la Universidad de Huamanga alto dirigente de Sendero Luminoso el que fue asesinado en el develamiento de un motín en un penal de Lima en 1986
[27] Cáceres, Eduardo. “De repente la misma cosa va ser” Reflexiones en torno a identidades, derechos y bienestar en el Perú contemporáneo.Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional DFID y APRODEH. 2003.Lima
[28] Oficio N ° 34 REC dirigido por el Rector de la Universidad de Huamanga al Presidente del CONUP fechado el 26 de enero de 1970
[29] Oficio S/N Dirigido por el Rector de la UNSCH a Werner Gorbitz Presidente del CONUP el 22 de julio de 1970.
[30] Informe de Evaluación sobre la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Elaborado por Rafael Riofrío del Solar y Octavio Mejía Loayza. Diciembre de 1970
[31] Carta enviada por Abelardo Ugarte Velasco, Rector de la Universidad del Cusco al Presidente del CONUP de fecha 14 de julio de 1970.
[35] Carta dirigida al CONUP de fecha 23-01-1974. Firmada por Juan Ricardo Javier Valenzuela ( Presidente del Comité de Defensa de los Intereses Estudiantiles), José Gutiérrez Vigo (Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Minas), Aníbal Pérez Antonio (Secretario General del Centro Federado de Ingeniería) y por Hugo Solís Gonzales (Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química)
[36] La Resolución fue firmada por Cesar Calderón de la Barca Director de la Tercera Región de Educación de fecha 14 de marzo de 1964.
[41] Las Resolución es N° 8808 -76 UNSCH y N° 8809-76 UNSCH del 7y 8 de octubre de 1976 respectivamente determinaron la separación definitiva de ambos profesores.
[42] Gonzales, José. “la larga marcha de Abimael Guzmán. La Historia Mortal” en Revista Si N° 12 18 de mayo de 1987
[44] Gorriti, Gustavo. “Sendero historia de la guerra milenaria en el Perú” Editorial Planeta Perú 2008 pag 120
[45] Lumbreras, Luis G. en entrevista realizada por Carlos Arroyo. En Encuentros. Historia y movimientos sociales en el Perú. Ediciones Memoria Angosta. 1989
CAPITULO II
[1] Manrique Nelson. “El Tiempo del Miedo. La Violencia Política en el Perú. 1980-1996”. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima Perú. 2002 Pág. 47
[3] Flores Galindo Alberto. “El rescate de la tradición” En Encuentros. Ediciones Memoria Angosta. Lima 1989 pág. 12
[5] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “194 casos de inocentes en prisión” Instituto de Defensa Legal. Grafica Bellido. SRL. Lima 2000 pág. 8
[6] J.C Mariátegui. Amauta Año II N° 5 enero de 1927. En Ideología y política. Lima Editorial Minerva 1981 pp 11-116.
[7] J.C Mariátegui. El 1 de mayo y el frente único publicado en el bancario órgano oficial de la feb n° 1 abril junio 1971 Pag 6-7
[8] Guadalupe, César A. El Partido Comunista Peruano de 1930 a 1942 ¿el periodo de Ravines?. En Debates en Sociología. PUCP. N 12-14. Fondo Editorial 1989. Lima Pág. 105
[9] Malpica Carlos. “El Mito de la Ayuda Exterior”. Ediciones Ensayos Sociales. Perugraf. Editores. Lima 1978 Pág. 28
[10] Cesar Lévano. “Aricó revisa a Mariátegui”. En actualidad y análisis. Marka. Año VI n°176. 23-10-1980 PP. 41
[11] Tuesta S., Fernando. “El PCP en la década del 30” publicado en diario El Peruano el 9 de mayo de 1998.
[12] Chang Eugenio. Opciones políticas Peruanas. Centro de documentación andina CDI. 1985.Lima pp.205
[13] García Sayan, Diego. “Peru : Estados de Excepción y régimen jurídico”En Estados de Emergencia en la Región Andina. Comisión andina de Juristas. 1987.Lima pp 99
[17] Quijano Anibal. “Las nuevas perspectivas en la clase obrera”. En Sociedad y política N ° 3. Mayo 1973.Lima pp. 43
[18] Materson Daniel. “Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno” Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos. 2001.Pág 265
[20] Pareja Piedad. “Terrorismo y sindicalismo en Ayacucho (1980)”. Empresa Editora Ital Perú. Lima. 1981 Pág 76
[22] Dictadura y Derechos Humanos en el Perú. (“lo que no dijo Acción Popular”) Perugraf. S.A. 1981 Pág. 81
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