Transporte y liberalismo salvaje

Susana Villarán

Juana cuenta que en Los Olivos ella y su esposo, agotados por la larga jornada de trabajo y las cuatro horas de combi, se levantan a las 12 de la noche a esperar en la avenida a su hijo que estudia lejos, porque cuando regresa solo y en dos paraderos antes que en el final ya no hay pasajeros, siempre le roban las zapatillas o la mochila. El tiempo promedio de viaje en Lima pasó de 35 minutos en  1990 a 45 en el 2003. No deberíamos asombrarnos de tanto embotellamiento porque mientras la demanda de viajes creció en un 48%  en diez años,  la oferta de vehículos lo hizo en un 350% en el mismo periodo. Más del 20% de los vehículos de transporte, 10,000,  prestan servicio no autorizados;  la edad promedio de la flota de transporte público tiene 30 años, en el resto de Latinoamérica 15. La basura viaja en vehículos más nuevos. De los 50,000 accidentes de tránsito en el país, 33,000 ocurren en Lima y, de éstos, la mitad en el transporte público que debiera ser el más seguro ya que en el mundo genera menos del 5% de los accidentes. Bogotá, con casi la misma población de Lima, tiene menos de la mitad de rutas y vehículos. Y mientras que el promedio de taxis por cada mil habitantes en Santiago es de 8.91, en Lima es de 26.92. El liberalismo es tan salvaje en Lima que solo hace falta que eliminemos los semáforos

¿Dónde está la solución? Frente al caos y a la insoportable levedad del alcalde, hay que ejercer un efectivo liderazgo colocando el transporte público como primera prioridad  en la agenda municipal; garantizar la estabilidad jurídica de las concesiones de rutas para que las empresas puedan obtener financiamiento y así renovar sus flotas y ejercer una rigurosa fiscalización. Las medidas urgentes son las siguientes: crear una autoridad autónoma del transporte y tránsito en Lima y el Callao; estructurar las rutas de los 400 km prioritarios de la ciudad; iniciar un agresivo programa de chatarreo de buses y taxis nuevos con créditos fiscales para compra de vehículos nuevos; convertir a los dueños de vehículos de taxis y buses en accionistas de empresas de transportes; recuperar para la municipalidad las revisiones técnicas; reducir gradualmente la antigüedad máxima de la flota primero a 10 años y luego a cinco sobre la base de estabilidad jurídica de rutas; repriorizar el gasto de inversión hacia vías peatonales, ciclovías protegidas y todas las inversiones de acondicionamiento de las rutas exclusivas de buses de pasajeros; y redefinir los convenios entre la MML y la Policía para mancomunar esfuerzos integrados para cumplimiento de las normas de transporte y tránsito. Se puede, se debe.