Nicolás Lynch
El día 11 de marzo de 2010 fue un día de luto para la educación nacional. Ese día sucedieron dos hechos oprobiosos en el Congreso de la República. Por una parte en la Comisión de Educación una mayoría de congresistas, a pedido de Mercedes Cabanillas, decidió no discutir la propuesta de una nueva ley universitaria y mandar el anteproyecto al archivo. El pretexto fue que solo se necesitaban algunos cambios a la actual ley universitaria y que la propuesta, en la que la Comisión ha trabajado los últimos cuatro años, era innecesaria. Por otro, el Consejo Directivo del Congreso decidió, ese mismo día, enviar también al archivo el pedido que hiciera en el mes de diciembre la Comisión de Educación para asumir facultades investigadoras en el caso de la Universidad Alas Peruanas y el presunto funcionamiento ilegal de sus filiales en todo el país, así como la vinculación irregular de esta universidad con magistrados supremos, congresistas y altos funcionarios del Estado.
Cualquiera que conozca algo de la realidad de las universidades, públicas y privadas en el Perú, sabe que se trata de una aguda crisis en la que en muchas de estas instituciones se hallan manejadas por mafias que solo buscan el provecho propio. Los resultados son atroces para el Perú, con una casi nula investigación científica y la multiplicación de vacantes, carreras y dizque universidades que no tienen nada que hacer con las necesidades del país. Ya hemos dicho y repetimos hoy que lo que tenemos es una estafa educativa. Si la congresista Cabanillas cree que para componer esta realidad solo se necesitan afeites a la actual ley, hace muchos años que no visita una universidad en este país.
Por otra parte el archivamiento del pedido de investigación de Alas Peruanas, que en diciembre llevó a que el propio Presidente de la República enviara un proyecto de ley al Congreso para suspender la creación de nuevas universidades al amparo del DL 882, llama a mayor escándalo todavía. El argumento ha sido infeliz, ¡que se trata de una institución privada!, sí pero de una institución privada que da un servicio público y a la que se denunció por vínculos extraños con funcionarios públicos. ¡Que alguien les regale una brújula a los señores congresistas!
¿Y los proyectos, el presidencial incluido, de suspensión de creación de las universidades con dueño (DL 882) cómo quedan? La congresista Cabanillas también tenía uno sobre el tema. ¿Se olvidará del mismo?
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